El Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad de Pere Aragonès se ha reunido este miércoles por primera vez en el Palau de la Generalitat. Se abre así el proceso de redacción de ese pacto a la canadiense con el que el presidente catalán aspira a mantener viva la llama independentista y su imagen como nuevo líder del secesionismo tras Carles Puigdemont.

El objetivo es de hecho una vuelta a los orígenes: un referéndum de independencia pactado con el Estado, cuyo resultado permita iniciar el proceso de secesión, si así lo dictaminan las urnas. El Govern se da nueve meses para prepararlo, con el objetivo de ponerlo sobre la mesa del próximo inquilino de la Moncloa. Y de acallar al independentismo crítico con sus pactos con el PSOE.

El proceso ideado por Aragonès ha echado a andar este miércoles con la constitución formal de su Consejo Académico, que en el plazo de dos meses debe presentar su propuesta para ese nuevo envite. Un informe sobre las opciones para "solucionar el conflicto político" con una propuesta "votada por los catalanes" para "decidir nuestro futuro político" explicaba el president tras reunirse con los miembros de su Consejo.

Consejo transversal

Nueve politólogos comandados por Marc Sanjaume con los que Aragonès ha buscado abarcar "distintas sensibilidades" para conseguir sumar a socialistas y comunes al proyecto. O por lo menos, al debate. Aunque el líder del PSC, Salvador Illa, ya dejó claro que su formación no participará en ninguna mesa de partidos sobre un referéndum de independencia.

Entre los integrantes del grupo, el nombre más controvertido ha sido el de Astrid Barrio. La profesora de Ciencia Política de la Universidad de Valencia se ha distinguido en los últimos años por sus críticas al procés independentista o a la supuesta existencia de "represión" y "presos políticos", lo que ha obligado a Aragonès a defender su inclusión en el grupo.

Con la misma voluntad de transversalidad se han fijado las cinco preguntas en torno a las que los académicos elaborarán su informe: características que debería incluir el acuerdo de claridad "para resolver el conflicto político"; qué "mecanismos de la política comparada permitirían aportar soluciones al conflicto político"; qué actores políticos e instituciones deben tomar la iniciativa para implementar estas soluciones; qué función debe tener "el referéndum, o mecanismos análogos" para resolver el conflicto; y qué características debe cumplir "para tener la máxima legitimidad e inclusividad y asegurar su validez e implementación".

Un lenguaje calculado en el que no aparecen las palabras "independencia" ni "autodeterminación", aunque Aragonès dejó claro tras presentarlas que su objetivo es un referéndum de independencia.

Debate ciudadano

A los académicos les toca ahora responder a esas preguntas, de las que Aragonès reclama la autoría, para elaborar el documento que servirá de base al debate. Un debate que a partir de verano se trasladará a los catalanes, representados por 800 ciudadanos escogidos en grupos de 100 en las ocho regiones catalanas.

Solo después de esos focus group sobre la independencia, la propuesta será debatida con los partidos catalanes, en una mesa a la que han sido convocados todos menos Vox. Aunque tanto el PSC como JxCat, que marcan la mayoría en el Parlament, ha dejado claro su rechazo. Los socialistas, porque no quieren reabrir el debate sobre la independencia. Los de Junts, porque consideran imposible pactar un referéndum con el Gobierno.

Críticas de JxCat

La presentación del Consejo Académico nombrado por Aragonès se ha escenificado tras una bronca discusión en el Parlament entre Govern y JxCat por este proyecto. Una propuesta que los de Laura Borràs rechazan por no contar ni siquiera con el apoyo del independentismo.

"En la consulta del 9-N, el president Artur Mas estaba acompañado; en el referéndum del 1 de octubre, el president Puigdemont estaba acompañado; con el acuerdo de claridad, el president Aragonès está solo", ha recordado la portavoz de Junts, Mónica Sales. Un reproche al que la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha respondido con una iniciativa del propio Puigdemont en el Parlament Europeo, donde el ex president, junto a Toni Comín y Clara Ponsatí, votó una iniciativa que emplaza a la Unión Europea a impulsar un acuerdo de claridad en Cataluña.

Aviso de la JEC

Tampoco parece que vaya a sumarse al debate el grupo de Cs, que ha denunciado la rueda de prensa de Aragonès ante la Junta Electoral (JEC). Los naranjas denunciaron la presentación del Acuerdo de Claridad que Aragonès hizo el pasado 11 de abril desde la sala de prensa del Palau de la Generalitat. Una comparecencia que según Cs "tiene por objeto promover un referéndum de secesión de Cataluña" con "una defensa exclusivamente valorativa, con connotación e intencionalidad partidista".

La JEC les ha dado la razón, ordenando al president que retire de los soportes institucionales sus declaraciones sobre el acuerdo de claridad. Considera la Junta que "apreciaciones como que existe un conflicto entre Cataluña y el resto de España, que existe represión o que existe un derecho a decidir sobre la separación de Cataluña en un referéndum, o que existe una regresión de los derechos y libertades públicas en Cataluña son consignas habitualmente empleadas en sus mítines por aquellas fuerzas que defienden esa opción".

La Junta no ve necesario incoar expediente, pero sí hace una advertencia a Aragonès, especialmente en periodo electoral, abierto el pasado 4 de abril por los comicios municipales del 28M.