Cada día cerca de 94.000 escolares matriculados en centros públicos de Euskadi comen en su centro educativo. Desde hace unos años, la consejería de Educación se propuso modificar no sólo el cuestionado procedimiento de licitación de los menús escolares sino también el modelo que se ofertaba. A la introducción de variedades alimentarias de carácter cultural o religioso, como los menús veganos o sin carne de cerdo, el Ejecutivo vasco ha incluido en las últimas licitaciones elementos de ‘sostenibilidad’ medioambiental en la producción de los mismos, además de criterios de calidad en los productos y proximidad en el empleo de las materias primas.

A ello se suma un ajuste en el coste de los mismos en tiempos en los que los previos en productos frescos básicos acumula subidas considerables. La última de las licitaciones de lotes del departamento de Educación establece un precio máximo de 3,25 euros, IVA incluido. El importe se estima de acuerdo al último precio de licitación de estos contratos y que se incrementa ahora en un 6,6%. Entre las ofertas recibidas el coste que las empresas estiman por menú elaborado en sus cocinas centrales y luego transportados a los centros docentes oscila entre los 3,20 y los 2,59 euros.

La consideración de los menús en el País Vasco abarca aspectos que van más allá de la calidad de los mismos. A la hora de adjudicar los lotes, la Administración también valora la “sostenibilidad” medioambiental de los procesos de producción que hay detrás de ellos. Además, se exige a las empresas criterios de “calidad” en los productos empleados o incluso aspectos “sociales”. Se valora de modo positivo que la elaboración incorpore productos “ecológicos” o procedentes del “comercio justo” ya que garantizan que la comida elaborada para los escolares “sea de mayor calidad, medioambientalmente más sostenibles y garantizando condiciones laborales y sociales más dignas a quienes intervienen en la producción”, se señala en la convocatoria.

Productos frescos, alimentación sana

Al mismo tiempo se urge a las empresas a priorizar en la elaboración de los platos productos frescos y de proximidad. Se subraya que los “productos saludables y locales son garantía de sostenibilidad y de una alimentación sana”. Dos aspectos que se reclaman no sólo por criterios de calidad alimentaria sino también de reducción de impacto en el entorno. Al mismo tiempo, estas variables permiten a Pymes poder optar a concurrir a este tipo de contrataciones, al ser más asumibles en comparación con los lotes que años atrás se contrataban.  

La relevancia que ahora se otorga a estos elementos viene determinada por la puntuación con la que se valoran las ofertas recibidas en las últimas licitaciones y que conceden 42 de los 100 puntos máximos a la calidad del producto y sólo 38 puntos al precio del menú.

Actualmente en el País Vasco existen algo más de medio millar de comedores en centros públicos en los que comen a diario escolares. La mayor parte de estos comedores se gestionan mediante la recepción de menús elaborados en otras instalaciones y transportados hasta los centros docentes. Sólo en alrededor de un centenar de colegios los menús escolares se elaboran in situ.

El 'escándalo' de los comedores

Se trata de contratos muy atractivos, por cuantías millonarias y para periodos muy largos de dos años y medio. El último ejemplo son los lotes recientemente convocados para periodos de 30 meses y que en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa suman 16,5 y 13,6 millones de euros respectivamente. La contratación de estos servicios se lleva a cabo mediante la adjudicación de lotes por comarcas o áreas docentes.

Precisamente los cambios en el modo de licitar estos servicios se aplican tras el escándalo del 'cártel' de empresas que se destapó entre el periodo 2013 a 2017. Las sospechas de que siete de las principales empresas del sector pactaban precios para repartirse los lotes en las distintos convocatorias terminó confirmándose. La Autoridad Vasca de la Competencia les impuso una multa de 18 millones de euros que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó a 4,4 millones.

Una comisión de investigación en el Parlamento Vasco concluyó que la fijación de precios que pactaron produjo un perjuicio económico en forma de sobrecoste de entre 70 y 80 millones de euros. El escándalo se extendió cuatro años y salpicó a los periodos de gestión de consejeros del PNV, el PSE y EA. La denuncia partió de una empresa que concurrió en varias ocasiones y detectó que las adjudicaciones siempre recaían en el mismo grupo de empresas y tras presentar ofertas sospechosas.