Será la excepción de la legislatura. Así se refieren desde el Partido Popular al acuerdo que este jueves el pleno del Congreso de los Diputados ha certificado y que consagra la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual; del 'solo sí es sí'. Una reforma impulsada por el PSOE en solitario al no poder tejer un consenso intermedio con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, ni con el Ministerio del Interior de Irene Montero, organismo del que nace la norma. El cambio ha sido refrendado aparte de los populares por Ciudadanos, el Junts y el Grupo Mixto. Y este, en los tres años y medio de gobierno, ha sido el primer pacto entre Moncloa y Génova.

Fuentes populares trasladan a que el acuerdo con los socialistas es aislado y que responde a la "extrema necesidad" del momento, a consecuencia del más de un millar de revisiones de penas por delitos sexuales y más de un centenar de excarcelaciones de agresores. Asimismo, desde el PP afirman haber actuado por "responsabilidad" ante un asunto que debería no haberse dado ni prolongado durante seis meses desde su aprobación en las Cortes en noviembre del año pasado. En privado se acentúa que la reforma es éxito del PP, al haber "copiado" el PSOE la propuesta de diciembre de los populares, y al haber incorporado sus enmiendas para la "derogación"; un termino que los socialistas eluden.

Desde Génova añaden a El Independiente que "no cerramos la puerta a nada, pero no somos optimistas". Hay que precisar que a partir de las próximas semanas el ambiente de campaña electoral para las municipales y autonómicas no brindan el mejor panorama para pactos de Estado entre los dos principales grupos políticos. De darse, estos serían de manera posterior. Ahora bien, a la vuelta del verano, el calendario deja un corto margen de actividad legislativa. En torno a mediados de octubre se estima que el presidente del Gobierno deberá convocar los comicios para diciembre y se procederá a disolver el parlamento quedando limitada la actividad a la diputación permanente.

A lo largo de la legislatura, ha habido intentos de tender puentes entre el partido mayoritario del Gobierno y el principal partido de la oposición. La materia judicial ha sido un tema recurrente que ha encallado en todas las ocasiones en la que se ha intentado tender puentes. Ya a finales de 2021, los equipos negociadores de Moncloa y Génova, véase el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y el ya exsecretario general del PP Teodoro García Egea hicieron un amago de renovación del CGPJ y del TC. Igualmente lo hizo la nueva dirección de los populares, con el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, como remplazo del político murciano. Con casi un acuerdo cerrado, y ambigüedades de por medio, la intencionalidad de reformar el Código Penal para derogar la sedición frustró de nuevo el intento en octubre de 2022. El PP suspendió las negociaciones y el propio Feijóo ha reconocido recientemente que no ve posibilidades de que la situación se desbloquee.

Ha habido ofertas de pactos de Estado por parte del líder popular desde su designación en el XX Congreso Extraordinario de Sevilla. Allí se abrió a ello en su primer discurso presidencial. Ejemplos han sido el de Seguridad y Defensa propuesto el Día de Europa, hace casi un año, en el contexto previo de la cumbre de la OTAN en Madrid. A ellas se unen las más recientes. Primero, un acuerdo estatal de Educación en noviembre, descartado por el PSOE. El segundo, sugerido esta misma semana desde Madrid, sobre Vivienda y después de que los socios de investidura y el Ejecutivo hayan rescatado el pacto en ese ámbito para trasladar el dictamen a pleno el próximo jueves 27. Más tras el anuncio de 50.000 viviendas de la SAREB destinadas a alquileres sociales, a las que, en la última comparecencia en el Congreso, se han añadido otras 43.000.

El PSOE ha rechazado u omitido todas las propuestas de pacto de Estado hechas por Feijóo desde que llegó a la dirección del PP. Solo se abrió a negociar la renovación del CGPJ sin éxito"

Independientemente de que PSOE y PP hayan compartido criterio de voto en distintas medidas a lo largo de este mandato, o que los populares se hayan abstenido y facilitado legislaciones como la de Audiovisual, no ha habido conversaciones explícitas para sacar conjuntamente una medida concreta como esta reforma del 'sí es sí'. Menos con una ley de alto calado. Lo más próximo que han estado ambas formaciones del acordar una postura común en una legislación, ha sido en el ámbito de la prostitución. El intento de regularizar el asunto bajo una ley orgánica se hizo en el último año. Y casualmente está enlazado con la reciente modificación del Código Penal.

El PSOE intentó introducir en plena configuración parlamentaria de la ley del 'sí es sí' una enmienda para incluir la abolición de la prostitución; también la tercería locativa. Es decir, aquellas personas que proporcionan locales o pisos para que se ejerza la actividad. Ello causó el rechazo de Unidas Podemos y otros grupos, por lo que los socialistas la retiraron en mayo de 2022 para no entrar en nuevas disputas con sus socios. La enmienda acabó derivando en una proposición de ley orgánica que pasó el filtro de la toma en consideración gracias al PP y Unidas Podemos, con o la abstención del PNV y EH Bildu, y el rechazo de Ciudadanos, ampliamente a favor de legalizar la prostitución, y los comunes.

La proposición, que habla de proxenetismo y multas y penas de prisión para los clientes de prostitución, y busca modificar el art. 187 del Código Penal, se encuentra paralizada actualmente. De reanudarse los trabajos en la Comisión de Justicia, ya vencido desde el 19 de octubre el plazo de enmiendas, podría haber un acercamiento y posterior legislación con el PP, que claramente sigue la misma línea abolicionista, para evitar entrar en dinámicas complejas con Unidas Podemos, con posturas muy diversas al respecto. Desde IU y la ministra de Igualdad, hasta los comunes ya mencionada. El pasó que resta es el de enviar la propuesta a pleno y la intención del PSOE es darle luz verde en este resto de mandato, dado que es una de sus principales propuestas electorales.

Meditan hacer propuestas sueltas de Vivienda

Según ha podido saber este medio, tras el guante lanzado por Feijóo a Sánchez en materia de Vivienda, el PP se plantea, además, proponer medidas en el Congreso vía iniciativas parlamentarias. Aunque no se ha detallado en qué sentido se hará, son siete las medidas que Feijóo tiene pensadas de cara a una posible presidencia, las cuales adelantó el lunes. Se trata de ampliar el bono de alquiler joven; ofrecer una ayuda a la emancipación de mil euros para el acceso a la vivienda; dar avales a jóvenes con rentas bajas y medias para cubrir la fianza solicitada; ampliar el suelo dotacional de las Administraciones Públicas para la construcción de vivienda y cederla con precio tasado de alquiler al 40% del precio del mercado, y avalar la primera vivienda de los jóvenes hasta un 15%.

Sin embargo, una de las medidas 'estrella' que plantean los populares es la que se relaciona con la ocupación de viviendas. El PP quiere garantizar los desalojos a las 24 horas, y modificar la ley para endurecer las penas y dar más recursos a las autoridades para la desocupación. Tanto a policía como a los jueces.