El Gobierno no quiere que haya malentendidos. Su advertencia es clara: si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no retira directamente la proposición de ley de PP y Vox en el Parlamento regional que pretende regularizar un millar de hectáreas de regadíos ilegales en la corona norte de Doñana, no habrá ninguna negociación posible. Nada. Es condición sine qua non. Porque además el Ejecutivo se siente "engañado" por Moreno, ya que reactivó una iniciativa que considera "ilegal" después de que se mantuviera la interlocución en los últimos meses. No hay más margen.

Las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no podían ser este martes más duras. Lo llevan siendo en los últimos días y semanas, porque el Gobierno siente que este es un poderoso eje de campaña del 28-M y que ha de explotar el tropiezo de Moreno. "Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada para que no haya la menor duda con respecto a la Comisión Europea, con respecto a la Unesco y con respecto al conjunto de la opinión pública de los españoles, estaremos encantados de poder trabajar con ellos", con la Junta de Andalucía, señaló Ribera a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Pedro Sánchez no se va a apear de su fortísima presión a Moreno, y tiene toda su confianza depositada en la vicepresidenta tercera, considera autoridad en la materia y valor segurísimo de su Gabinete.

Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada, estaremos encantados de poder trabajar con ellos", con la Junta de Andalucía

TERESA RIBERA, VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Ribera presentó este martes el informe de situación de Doñana [aquí], pero su presencia se justificaba por la voluntad expresa de los socialistas de centrar el foco, en este último tirón de la precampaña del 28-M, en la emergencia climática y en la supervivencia del parque nacional, uno de los humedales más grandes de Europa, patrimonio mundial de la Unesco desde 1994 y parte de la Red Natura desde 2000. Ayer lunes, el consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se reunió con el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, y tras la cita el Ejecutivo comunitario mostró su "profunda preocupación" por la proposición de ley andaluza, que iría "en sentido contrario" a la obligación de proteger Doñana —obligación que España no ha atendido y por la que fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021— y podría "degradar" el humedal.

"Ojalá pudiéramos trabajar juntos para proteger Doñana"

Pacheco subrayó este martes en varias entrevistas radiofónicas que hay "margen de mejora" en la iniciativa y reclamó al Ejecutivo de Sánchez que se siente a buscar una solución de consenso, y contrapuso la actitud de la Comisión, que "en cinco días" se ha reunido con la Junta para analizar la proposición de ley, con la del Gobierno, que solo busca, alegó, sacar rédito electoral mientras se niega a un nuevo encuentro.

Ribera insistió a los periodistas, como hiciera ayer lunes, tras el encuentro en Bruselas de la Junta y la Comisión, que no cabe negociación: "Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el Derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente [Juanma] Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación. No hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir [aprobado el pasado enero], que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde los ríos Tinto, Odiel, Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales".

"Engañada" por la Junta

La vicepresidenta se siente por tanto "engañada", señalan en su entorno, porque Moreno nunca le adelantó sus intenciones, y después de Semana Santa reactivó la proposición de ley de PP y Vox para ampliar los regadíos en Doñana "al margen de cualquier requerimiento o cualquier compatibilidad con la sentencia condenatoria del Reino de España". Ribera defendió que ha hablado en "reiteradas ocasiones" sobre esta situación con el jefe de la Junta, como también se reunió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el consejero Fernández-Pacheco —el 28 de diciembre de 2022 y el 27 de febrero de 2023— para alertarle de que la amnistía de regadíos ilegales, que también planeó antes de las elecciones autonómicas del pasado junio, era "inviable".

Ribera ve "preocupante" que el consejero deslice que hubo "presiones" por parte del Gobierno, como si el Ejecutivo comunitario fuera "manipulable"

La Junta sigue insistiendo en que está abierta a introducir enmiendas en su iniciativa. El Gobierno responde que no, que solo cabe que la saque del Parlamento andaluz: "Tan pronto se retire esta proposición que tanto daño está generando a la imagen de España y sus agricultores —sostuvo Ribera—, no tendremos ningún inconveniente [en hablar con el Gobierno de Moreno]. Es más, creo que es importante hacerlo porque la situación de sequía cada vez más recurrente, la fragilidad del espacio cuya custodia corresponde a la Junta, la sensibilidad de las comunidades locales próximas y la necesidad de diversificar la actividad económica en la zona de influencia del parque hacen imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones".

En ese sentido, la vicepresidenta recordó que cuando, a finales del año pasado, ella misma presentó en Almonte (Huelva) el marco de actuaciones para Doñana, la Junta expresó su voluntad de hacer aportaciones, y desde entonces nada nuevo ha sabido. Es más, el Ejecutivo destinó cinco millones de euros al Ejecutivo andaluz para que emprendiera actuaciones de diversificación de la actividad económica en la zona, plan que tiene que comunicar como máximo el próximo 3 de mayo, y aún no tiene noticias de cuáles son las inversiones de la Junta.

Fernández-Pacheco deslizó esta mañana que la Comisión Europea ha podido recibir "presiones" por parte del Gobierno. Ribera replicó desde la Moncloa que es "muy preocupante" que se hagan afirmaciones de este tipo, como si el Ejecutivo comunitario o el TJUE fueran "manipulables". La vicepresidenta enfatizó que el consejero pudo escuchar el mensaje firme de Bruselas por boca de Sinkevicius, con presencia del abogado del Estado y con la "clarificación expresa" del comisario de que la reunión no era de cortesía, sino que se enmarcaba en un procedimiento de infracción por incumplimiento de la sentencia condenatoria del TJUE. "No cabe margen de interpretación", sostuvo, porque además a la Comisión "le corresponde el papel de garante de la aplicación del Derecho comunitario".

El Ejecutivo entiende que Moreno ha "calculado mal" y que actúa por la presión de Vox en el campo

Así, "o bien el consejero no entiende cómo funcionan las instituciones europeas" ni "en qué consisten los tratados" o las implicaciones de sentencias condenatorias, o bien se trata de un "comentario frívolo". Ribera llamó al consejero y a la Junta a que dejen de "menospreciar" el impacto de su proposición de ley y el "daño al conjunto de los españoles".

Ribera acusó a Moreno de estar "tonteando" con algo, la reordenación de Doñana, "que puede costar mucho dinero a los españoles", ya que el aviso de Europa es "muy serio". La ministra advirtió de que Bruselas, por incumplimiento de la sentencia de 2021 que obliga a proteger el humedal, puede imponer fuertes "multas coercitivas", que se mantendrán "hasta que se deje de aplicar la ley". Sanciones que pueden suponer que se corte la transferencia de fondos europeos, precisaban en su entorno. "Entonces, ¿a qué viene este viaje, a qué viene esta provocación?", se preguntó irritada, para añadir que es mejor encontrar las soluciones adecuadas y respetuosas con el marco jurídico español y europeo y no dejarse arrastrar por "negacionistas o populistas con una alta dosis de demagogia y siempre coincidiendo con citas electorales".

Y es que desde el entorno de Ribera (igual que en el PSOE) creen que Moreno "se ha metido en este lío", "calculando muy mal" sus pasos, por la presión de Vox en el campo. Interpretan que el jefe de la Junta veía que se le estaba "radicalizando" su nicho de votantes, que electores del PSOE "se enfadarían" con su partido por no darles una solución. "Pero justo lo hacen en Doñana, si lo hubieran hecho en otro espacio menos conocido no habría trascendido tanto", señalan. La previsión es que Moreno dejará morir la iniciativa tras los comicios, pero eso no le vale al Ejecutivo, porque el riesgo de multa está ahí, dado que la Comisión está muy vigilante.