Ha sido cuestión de minutos. El Partido Socialista de Euskadi ha respaldado en el Consejo de Gobierno la nueva ley de Educación aprobada por el Ejecutivo de Urkullu, con quien gobierna en coalición con el PNV, para desmarcarse después de la norma y asegurar que no está garantizado su voto favorable en la tramitación parlamentaria.

La nueva ley plantea un cambio en el sistema educativo vasco e incorpora una modificación del mecanismo de tres modelos lingüísticos vigente hasta ahora. Desde 1983 en el sistema vasco se puede elegir entre el modelo A, íntegramente en castellano –salvo la asignatura en euskera-, el modelo B –bilingüe- y el modelo D, íntegramente en euskera –salvo la asignatura de lengua castellana y la lengua extranjera-. La nueva ley apuesta por un modelo “plurilingüe” con el euskera como eje que deberán diseñar los propios centros para alcanzar el objetivo de acreditar un nivel B2 en euskera y castellano al final de la educación obligatoria y un nivel B1 en la lengua extranjera.

En los 101 artículos de la ley no se hace referencia en ningún momento al sistema de tres modelos que ahora sigue en vigor. Sin embargo, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha asegurado que este sistema de tres modelos lingüísticos “no desaparece”. Pese a la confusión en la que la cuestión parece quedar tras la aprobación del anteproyecto de ley, Bildarratz ha insistido en que las familias podrán seguir eligiendo en qué lengua matricular a sus hijos.

Objetivos lingüísticos

Poco después de finalizar el Consejo de Gobierno, el PSE ha emitido una nota en la que ha asegurado que “aunque no lo señala expresamente, el anteproyecto cambia el sistema de modelos vigente por un modelo único”. Afirma que lo hace “sin más criterios ni precisiones” y que delega todo al proyecto lingüístico de cada centro y su posterior aprobación por parte de Educación: “El PSE no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio, sin precisar cómo se va a materializar el modelo plurilingüe que pactamos”.

Durante las últimas décadas el sistema de tres modelos A, B y D ha funcionado como vía de elección de las familias para la matriculación del alumnado. El modelo en euskera, el modelo D, es el mayoritario con más de un 70% de las matriculaciones, frente al A, que apenas ronda el 10%. El Gobierno vasco afirma que la nueva norma que plantea y que ahora inicia su tramitación en el Parlamento Vasco, no supone la eliminación de los modelos ya que los centros que lo deseen podrán seguir aplicándolos. Ha recordado que uno de los objetivos de la reforma legal era establecer una mayor concreción a la consideración de “conocimiento suficiente” que establece la ley ahora en vigor sobre las lenguas.

Por ello, Bildarratz ha apuntado que ese “conocimiento suficiente” se concreta en la exigencia de conocimiento equivalente a un nivel B2 en castellano y euskera al finalizar la educación obligatoria y un B1 en la lengua extranjera. El proyecto de centros para alcanzar esos objetivos podrá ser, ha explicado, bien los modelos lingüísticos, bien otras opciones. En este sentido, ha detallado que ya en la actualidad en algunos centros no se venían aplicando de modo completo el sistema de modelos y se venían reforzado el conocimiento de las lenguas extendiendo la impartición de algunas materias en otras lenguas.

No "obstaculizar" su tramitación

El PSE, que asegura la mayoría absoluta al PNV, se ha desmarcado de la norma tras avalarla en el Consejo de Gobierno. Ha asegurado que lo hace para no “obstaculizar su tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios”. Ha aclarado que para contar con su apoyo en la Cámara vasca “deberá resolver determinados aspectos”.

Además de aclarar lo relativo al modelo lingüístico, los socialistas vascos consideran que se debe modificar parte de su contenido para evitar una posible “invasión de competencias y de preceptos de la legislación básica aplicable. También apelan a las objeciones jurídicas que ya apuntó la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en forma de “indeterminación normativa” que podrían considerarse una “degradación normativa” y un “despoderamiento del “Gobierno vasco”.