El Gobierno no entrará al "juego" de Juanma Moreno. No le auxiliará para salvarle. Su línea roja es clarísima: no se sentará a negociar con la Junta de Andalucía mientras no retire su proposición de ley, firmada con Vox, de ampliación de los regadíos en Doñana. No le valen al Ejecutivo de Pedro Sánchez amagos de marcha atrás, como el que planteaba este miércoles el presidente andaluz —la permuta de suelos—, porque la única llave del desbloqueo es que esa iniciativa salga del Parlamento autonómico. Nada más.

Fuentes de la Moncloa y del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, confirmaron a este diario que no habrá cesiones. "Que retire la proposición de ley. No vamos a negociar ilegalidades", subrayan con máxima contundencia, en línea con lo que el pasado martes manifestaba la propia vicepresidenta tercera tras la reunión del Consejo de Ministros.

Moreno reprocha al Ejecutivo que "use" de manera "torticera" Doñana como "estrategia electoral" para el 28-M y le recrimina que no se siente a negociar

Para el Gobierno, nada ha cambiado en las últimas horas, por mucho que Moreno intentara explorar una salida para escapar de un laberinto que se le complica día tras día y cuando apenas queda un mes para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. El presidente de la Junta, en una entrevista en Espejo público, defendió la necesidad de mantener "reuniones discretas" con el Gobierno central para buscar "alternativas imaginativas" en torno a la regularización de regadíos en el parque nacional —amnistía que la Comisión Europea, además del Ejecutivo de Sánchez, rechazan de plano—, como la permuta de terrenos fuera del preparque de Doñana.

Es decir, que los cientos de familias que reclaman derechos para cultivar en el entorno de la reserva sean compensadas con otras fincas más alejadas del parque en las que puedan seguir ejerciendo su actividad. Se apoyaba en una idea expresada por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, aunque lo cierto es que esa propuesta, la de la permuta de suelos, se aproxima a lo escrito en una proposición no de ley del PSOE andaluz que el PP rechazó este mismo mes, que a su vez hacía suyo el marco de actuaciones para Doñana que la propia Ribera presentó el pasado 30 de noviembre de 2022 en Almonte (Huelva). Su plan, de hecho, contiene una partida de 100 millones de euros para comprar fincas y derechos de agua, aunque no habla de permutas.

Moreno reclamó en Antena 3 que la iniciativa que tramita el Parlamento autonómico sea "retirada del debate político", de los focos, y reprochó a Sánchez que "use" Doñana de forma "torticera" y como "estrategia electoral" para las elecciones del 28-M. El jefe de la Junta se quejó de que ha recibido la "callada por respuesta" por parte del Gobierno a su petición de "negociar alternativas" con las que "resolver el problema" de regantes "atrapados en cierta alegalidad".

El Gobierno esgrime que diálogo hubo siempre hasta que la Junta "rompió" los consensos de manera "unilateral"

Al Ejecutivo le irrita esa petición recurrente de negociación que le llega desde la Junta. Porque subraya que diálogo hubo siempre hasta que el Gobierno andaluz "rompió" los consensos de manera "unilateral". Esgrime que, además de la interlocución entre Ribera y Moreno, también se mantuvo la comunicación en el siguiente escalón: el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunió el 28 de diciembre y el 27 de febrero con el consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.

"Diálogo" como método de trabajo

En la última cita, el número dos de la vicepresidenta Ribera le advirtió de que el Gobierno jamás respaldaría la proposición de ley firmada con Vox "de ninguna de las maneras", porque suponía ampliar los derechos de riego cuando el problema es que "no hay agua" y el acuífero se está secando. Para el Ejecutivo, la Junta está "engañando" a los agricultores, al ofrecerles la recalificación de suelo forestal por suelo agrícola y prometerles un agua que "no existe" y que es competencia no de Moreno, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende de Transición Ecológica.

Transición recalca que es el Gobierno andaluz el que presenta una iniciativa "contra el cumplimiento de la sentencia" condenatoria de la UE y que da la espalda a la "participación pública"

"Nosotros nunca hemos cerrado la puerta a ningún espacio de diálogo, que quede claro", se defienden fuentes del ministerio. Explican que ese ha sido, de hecho, su método de trabajo, porque para la elaboración de los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027), aprobados el pasado enero, son fruto de "cuatro años de negociación con las administraciones, con los sectores, con las organizaciones, los ciudadanos... a través de procesos de información pública y participación pública, hasta construir un plan de intervención en la línea con lo que la UE requería".

"Ese marco de planificación constituye una buena parte del marco de actuaciones para Doñana, en el que la Junta ha participado desde el minuto uno hasta el minuto final", sostiene un alto mando del departamento de Ribera. Y es que el Gobierno tenía que adaptar ese plan a las exigencias de la condena que recibió España por parte del Tribunal de Justicia de la UE en 2021, después de que la Comisión constatara que la planificación 2015-2021 —con Mariano Rajoy en el poder— "no adoptaba medidas para revertir la situación de deterioro del parque".

Para el Gobierno, por tanto, es la Junta la que rompe la baraja, pues es la que promueve una proposición de ley que "contra el cumplimiento de la sentencia del TJUE y que obvia la participación pública". Y es que al tramitarse la iniciativa como una proposición de ley de los grupos, la Junta se ahorró la petición de informes preceptivos al Consejo de Participación de Doñana —órgano que integran el Gobierno, la Junta, los ayuntamientos de la zona, las asociaciones conservacionistas, los agricultores, el director de la estación biológica, las universidades, los empresarios..— y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. "Lo que pedimos a la Junta es que sea recíproca con nuestro modelo de trabajo", señalan desde Transición.

"No es una oferta de diálogo"

Desde el Ejecutivo, se niegan a valorar la última idea de Moreno, la de la permuta de suelos. "Su pretensión de seguir adelante con su iniciativa y al mismo tiempo hacer propuestas colaterales no es el formato —argumentan fuentes de máximo nivel del equipo de Ribera—. No es una oferta de diálogo. No vamos a valorar ninguna propuesta que sea un añadido a lo que es lo central: la iniciativa que está tramitándose ya en el Parlamento andaluz y que ha de retirar. Y además estamos en las mismas: no se pueden plantear decisiones unilaterales. Todas las alternativas hay que plantearlas en el ámbito de diálogo de Doñana. No valen ofertas de negociación para seguir adelante con la línea marcada. Si entramos en el juego de Moreno estamos legitimando el punto de partida, y no lo vamos a hacer".

En el equipo de Ribera sospechan que tras la legalización se hallan también "la especulación y el pelotazo"

En Transición se malician que detrás de la regularización buscada por la Junta también se hallan "la especulación y el pelotazo". "Saben que es inviable pero así presionan para vender los derechos más caros", remachan. Ribera también desconfía de otra propuesta planteada por el PP: recrecer el embalse de Alcolea, cargado de metales pesados: "Quieren usar ese agua llena de metales pesados para regar fresas o llenar el acuífero".

Además, en Transición recuerdan que lo que se puede hacer "está definido" en el plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado en 2014 por consenso entre el Gobierno central —que entonces lideraba Rajoy— y la Junta —entonces presidida por la socialista Susana Díaz—, que determina que las "únicas parcelas" que podían legalizarse eran las que estaban. Añaden que en 2020 la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acordó declarar en riesgo las tres masas de agua subterráneas que abrazan el parque, lo que implicaba que a partir de ese momento quedaba prohibida la tramitación de nuevas concesiones de agua. Acuerdo que "se aprobó por asentimiento, y ahí estaba la Junta de Andalucía, así que Moreno es consciente de que esa prohibición sigue vigente. Esta iniciativa de PP y Vox va contra una decisión de la que la propia Junta formó parte. Por eso es también un engaño", esgrimen.

En conclusión, "lo único razonable es retirar esta descabellada iniciativa y volver al escenario del que nunca debió haber salido". "Moreno es el único que va en dirección equivocada: se lo han dicho la Comisión Europea, el TJUE, la Unesco, la Convención Ramsar [sobre humedales], el Consejo de Participación de Doñana, la comunidad científica, las asociaciones conservacionistas, el Gobierno... Todos". "Están desnortados y desorientados. ¡Si hasta Felipe González ha salido a ponerles verdes!", exclaman fuentes muy próximas a la vicepresidenta tercera. El expresidente del Gobierno calificó de "disparate" el plan de legalización de regadíos. El Ejecutivo de Sánchez dice no comprender cómo es posible que Moreno "anteponga su amor propio" al interés del parque nacional, uno de los humedales más importantes de Europa, declarado patrimonio mundial de la Unesco en 1994.

El cumplimiento de la sentencia es "primordial"

El debate, no obstante, se sigue enconando. Pero no gira favorablemente hacia el PP, sino lo contrario. Este miércoles, el presidente del PP europeo, Manfred Weber, y la jefa de la delegación popular española, Dolors Montserrat, acusaron al Ejecutivo comunitario de "hacerle la campaña" al Gobierno de Sánchez por su contundente rechazo a la proposición de ley andaluza.

El PP europeo acusa al comisario de Medio Ambiente de "hacerle la campaña" a Sánchez

Declaraciones explosivas tras la reunión de Montserrat y el también eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido con el comisario de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius. Weber tildó de "inaceptable" el "comportamiento" del comisario, que el lunes mantuvo un encuentro con Fernández-Pacheco, tras el cual advirtió de que la iniciativa de PP y Vox camina en "sentido contrario" a lo que indica la sentencia del TJUE de 2021, y que podría "degradar" el humedal.

El dirigente alemán utilizaba unos términos poco frecuentes en el lenguaje europeo, más diplomático. Pero con sus palabras no logró más que ofender a Sinkevicius, que saltó como un resorte y se reafirmó en su comunicado del pasado lunes. "Doñana es importante para España y la UE", recordó desde su cuenta de Twitter. Y tras reunirse con todas las partes, con todos los partidos, su mensaje "es el mismo": "La Comisión como guardián imparcial de los Tratados y la implementación de la sentencia del TJUE es una prioridad".

En su apoyo salió Ribera también a través de redes sociales: recalcó que el Gobierno seguirá "trabajando para salvar Doñana" y defendiendo el "cumplimiento de la legalidad europea". "Lamento la irresponsabilidad del PP y su intento de engañar a la sociedad y a las instituciones europeas con el fin de ocultar este atentado medioambiental", escribió en su cuenta de Twitter, tanto en castellano como en inglés. Moreno, por tanto, no solo tiene en contra al Gobierno de Sánchez, sino que no logra ninguna complicidad con el Ejecutivo comunitario.

El PSOE-A lo propuso en marzo

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, respondió también al jefe de la Junta. Le pidió que reconozca "el gran error" de la tramitación de su proposición con Vox y que la retire. Pero el líder del PSOE-A también hizo hincapié en que la propuesta de permutas de terrenos y adquisición de fincas ya la formuló su partido en una moción del pasado marzo [aquí en PDF] que se debatió el mismo día que la iniciativa de las derechas en el Parlamento autonómico y fue rechazada por ellas.

Espadas pide a Moreno que reconozca su "gran error" y le avisa de que no puede mantener la proposición y pedir al tiempo soluciones "imaginativas"

"Nosotros le propusimos alternativas", subraya Espadas a este diario, "que se estudiara caso a caso y se sentaran a negociar la compra de terrenos fuera de la corona o la permuta de suelos agrícolas. Y Transición reservó una partida de 100 millones de euros, en su marco de actuaciones para Doñana, para llegar a acuerdos con propietarios individuales. Es lo que dijimos desde el minuto uno, para sustituir el agua subterránea por la superficial, aunque habrá agricultores que no puedan tener derecho a la compensación. Pero lo que no puede hacer Moreno Bonilla es mantener abierta la vía unilateral y decir que se busquen soluciones imaginativas".

Transición citaba, en su marco de actuaciones de finales del año pasado, una experiencia previa en positivo: la CHG compró en 2015, por 35 millones de euros, la finca Los Mimbrales, junto con 6,8 hm3 de derechos de agua de riego, una adquisición que "ha mejorado considerablemente la situación hidrológica". El ministerio cree que ese es el camino para ir aliviando la presión sobre el parque. El marco prevé una inversión de 100 millones de euros para la adquisición de terrenos con derechos de agua que actualmente impiden la conexión del río Guadiamar con las marismas. La compra comenzará en 2024.

Espadas insta incluso al jefe de la Junta a que pida la convocatoria de la comisión bilateral para que ambas administraciones analicen juntas todo lo relativo al parque de Doñana, incluida la ejecución de las infraestructuras hídricas pendientes, como el trasvase del río Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, que permitirá a los regantes legales sustituir los pinchazos en el acuífero por agua de superficie. "Pero todo queda supeditado a que retire la iniciativa", coincide el líder del PSOE-A con Ribera.

Ferraz, mientras, dispara hacia Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP, indicaron fuentes oficiales del PSOE, "está empeñado en dejar la imagen de España por los suelos en el resto del mundo. Atacan a la ciencia, al sentido común, al Gobierno de España y ahora a la Unión Europea. Todo para no reconocer la atrocidad medioambiental que quieren cometer en Doñana". La dirección federal del partido sigue reprochando a los populares su "soberbia" e "ignorancia" y avisa de que usará "todos los resortes políticos y legales para salvar" el humedal "de las garras de un PP echado al monte del negacionismo climático que pregona la ultraderecha de sus socios de Vox".

La guerra no ha acabado. Ni mucho menos. Y las elecciones del 28-M están un paso más cerca.