Ocurrió hace ahora un año. El Parlamento Vasco aprobaba las bases para una futura ley de Educación. Lo hacía con un respaldo del 90% de sus parlamentarios, 68 de 75. PNV, PSE, Podemos y EH Bildu se aliaban para fijar el núcleo de la futura norma, el PP y Vox no lo secundaron. Entonces se agotaron los adjetivos para subrayar el consenso alcanzado. Histórico” fue el más repetido por quienes lo respaldaron. El nacionalismo lo presentó como un acuerdo “de país”, como un punto de partida para reforzar el peso del euskera en las aulas y la izquierda como el camino que iba a transformar por fin el sistema educativo vasco reforzado la red pública. Doce meses más tarde, las bases se han convertido en proyecto de ley y la unidad de aquel pacto entre nacionalistas y la izquierda vasca ha saltado por los aires.

Una vez más, la utilización de las lenguas y su peso y presencia en el sistema educativo vasco ha vuelto a ser el elemento central de la ruptura. Una fractura que viene acentuada por el periodo preelectoral y que amenaza incluso con demorar o impedir la aprobación definitiva de la ley esta legislatura. Por el momento, sobre la mesa se anuncian dos enmiendas a la totalidad, la votación en contra –si no se modifica- de uno de los socios de Gobierno y el único aplauso de EH Bildu. Una ruptura del consenso alcanzado la pasada primavera que ha dejado desconcertado al PNV, proponente del texto, que ha optado por dar un paso atrás y guardar silencio entre tanto revuelo.

El anteproyecto aprobado el martes por el Gobierno vasco suprime de su articulado el actual sistema de tres modelos lingüísticos que permitía elegir a las familias: el ‘modelo A’, en castellano, el ‘B’, bilingüe, y el ‘D’, en euskera. La propuesta legislativa que ahora comienza su tramitación plantea un único modelo “plurilingüe” en el que el ‘eje central’ será el euskera, del que, al igual que el castellano, habrá que acreditar un nivel de conocimiento B2 al final de la ESO.

El texto diseñado por el consejero del PNV, Jokin Bildarratz, sólo ha logrado el respaldo entusiasta de EH Bildu. Ni siquiera su socio de Gobierno, el PSE, está contento, pese a haberlo aprobado en el Consejo del Ejecutivo. Los socialistas aseguran que lo hicieron para no entorpecer su tramitación. En apenas 48 horas el anteproyecto ya tiene dos enmiendas a la totalidad anunciadas sobre la mesa. La primera de ellas era previsible, la del PP, que ya se desmarcó de las bases de la ley educativa. La segunda, no tanto: Elkarrekin Podemos.

Enmiendas a la totalidad

La formación morada fue una de las que aplaudió de modo efusivo el acuerdo de hace un año. Sin embargo, su satisfacción se ha ido diluyendo a medida que conocía borradores de la ley. El último documento, el aprobado, ha sido la gota que ha colmado su satisfacción y ha precipitado que anuncie una enmienda a toda la propuesta. Ayer ni siquiera acudió a la Comisión de Seguimiento del pacto educativo. La portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, considera que se ha incumplido el contenido de las bases pactadas, que no se ha reforzado a la escuela pública y que ni siquiera la lucha contra la segregación escolar de los alumnos más vulnerables queda se ha reforzado. Respecto a los modelos lingüísticos, Podemos considera que quedan suprimidos y que no siquiera se fijan las características que deberán tener los proyectos de los centros.

Precisamente el refuerzo de la red pública había sido uno de los ejes de la reforma legal. Más aún en una comunidad autónoma en la que la red concertada, gran parte de ella de carácter religioso, tiene un peso del 50% de todo el alumnado y una influencia muy relevante en el sistema educativo. En la izquierda lo ven de modo diferente. Mientras Podemos no detecta refuerzo de lo público, en EH Bildu aplauden los avances y “el empuje” que se da a la red pública o la “autogestión” que se facilita a las ikastolas y en el socialismo optan por concentrar sus críticas en otro aspecto, el más cuestionado: los modelos lingüísticos.

Los socialistas advirtieron que no votarán a favor del anteproyecto en el Parlamento Vasco si no se asegura la vigencia del actual sistema de tres modelos lingüísticos. El secretario general del PSE, Eneko Andueza llegó a afirmar ayer que deberán quedar “blindados”. Alertó de la tentación de algunas formaciones de convertir la batalla lingüística en las aulas en una herramienta en favor de “la construcción nacional exclusivamente para nacionalistas”.

Herramienta de 'construcción nacional'

Es precisamente donde la izquierda abertzale ha situado la principal aportación de este anteproyecto de ley. Para EH Bildu el modelo educativo que plantea la norma es una herramienta “estratégica” para la “construcción nacional” de “esta parte del país”, en referencia a la Comunidad Autónoma Vasca. Un modelo que podría ser exportable al resto de “territorios vascos”, afirmó ayer el portavoz de la coalición, Peio Otxandiano en referencia a Navarra y el País Vasco francés. Añadió que el “relato político” que se hace en la exposición de motivos del anteproyecto no es completo, “falta el país: Euskal Herria”.

La apuesta por impulsar el euskera mediante un único modelo “plurilingüe” supone un cambio radical del modelo ahora en vigor. Proyectos lingüísticos para los que los centros educativos tendrán libertad de diseñar y aplicar, previa aprobación de los mismos por parte de Educación, para alcanzar el nivel B2 en euskera y castellano y el B1 en la lengua extranjera al finalizar la ESO. Esta exigencia provocará la necesidad en la mayoría de los colegios de reforzar la formación en euskera, donde se registran los niveles de conocimiento más bajos en materia lingüística. Hasta ahora la ley de Educación sólo exige alcanzar un conocimiento “suficiente”, sin mayor concreción.

El PP es el que con mayor dureza se ha posicionado. El presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, advierte de que su formación está dispuesta a impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional si finalmente es aprobada. Asegura que en el articulado aprobado por el Gobierno vasco se “destierra el castellano” e impide elegir a los padres el modelo educativo en el que matricular a sus hijos. Para Iturgaiz, la propuesta lingüística que se plantea es “una aberración, un escándalo y un atentado contra la lengua española”.

La norma modifica otros muchos aspectos del actual marco legal vasco de la Educación, como el sistema de financiación de la red concertada, la segregación del alumnado vulnerable, la financiación de los centros de educación diferenciada por sexos o el tratamiento horario de la asignatura de religión.