El apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara rompió la "neutralidad activa" del país en la relación con Argelia y Marruecos. Esta decisión generó nuevos desafíos que España tendrá que afrontar, como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos comerciales con Marruecos.

Algunos de estos desafíos los analizan los profesores Alfonso Casani y Beatriz Tomé, ambos pertenecientes al Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM), en un informe elaborado para la Fundación Alternativas, afín al PSOE, bajo el título 'El Marruecos de hoy y el triángulo España-Marruecos-Argelia en un contexto de triple crisis'.

Con la carta de Sánchez, en la que se señalaba que el plan de autonomía marroquí es "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara, "se rompía así la tradicional 'neutralidad activa' entre Argelia y Marruecos, caracterizada por la búsqueda de un equilibrio que permitiese la prevalencia de los intereses energéticos con el primero y los migratorios y de seguridad con el segundo".

En opinión de los autores, el cambio de postura del Gobierno, además de buscar una mejora de las relaciones que dejara atrás la crisis desatada por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España, "está motivado por el interés en reducir la presión migratoria en las fronteras y por la voluntad de promover la percepción de estabilidad en la frontera sur de Europa frente a la UE ante la inestabilidad de la frontera oriental".

Además, se produjo en un momento de creciente asertividad de la política exterior marroquí y en el que "la cuestión de la integridad territorial de Marruecos constituye el eje central de su política nacional, regional e internacional". El reconocimiento por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de la soberanía marroquí del Sáhara envalentonó a Rabat y ha llevado al reino alauí a intentar que otros países avalen esta tesis.

También en clave del Sáhara hay que interpretar su regreso a la Unión Africana en 2017, con la vista puesta, según los autores, en tratar de influir la postura de la organización y sus miembros a su favor y, "en última instancia, lograr la, poco probable, expulsión de la RASD de la organización".

En realidad, lo que Marruecos quiere con la suma de nuevos apoyos a su causa es "legitimar la política de hechos consumados" para resolver así la cuestión del Sáhara, lo que a su vez hace "improbable" que haya "avances en la vía multilateral propuesta por Naciones Unidas".

Nueva etapa

A raíz de la carta, España y Marruecos han iniciado una nueva etapa en la relación, que ha tenido su máxima expresión en la Reunión de Alto Nivel (RAN) del 1 y 2 de febrero. "Esta conciliación no ha estado exenta de concesiones y continúa enfrentándose a elementos de tensión", destacan Casini y Tomé.

"La cuestión de la integridad territorial de Marruecos y su posición hacia Ceuta y Melilla continúan siendo un escollo en las relaciones entre España y Marruecos", advierten, incidiendo en que "la apertura pendiente de las aduanas" con las dos ciudades autónomas y "la cuestión migratoria traducen sobre el terreno estas tensiones".

Por otra parte, llaman la atención de que la previsible publicación de la sentencia por el Tribunal de Justicia de la UE sobre los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos antes de que acabe el año, "que seguramente excluya a los territorios del Sáhara occidental" de los mismos, constituirá "el primer desafío serio" para España en esta nueva etapa, toda vez que coincidirá con su Presidencia de turno en el segundo semestre.

"A pesar de la postura favorable hacia Marruecos mantenida por España, la sentencia obligará a una renegociación de los acuerdos comerciales en un contexto marcado por la creciente intransigencia marroquí con respcto a esta cuestión", alertan. La reacción que tenga Rabat, que hasta ahora con las sentencias previas ha sido bastante moderada, tendrá a buen seguro impacto en España, dado los lazos comerciales que hay entre los dos países y los intereses en juego.

Crisis con Argelia

A raíz de la carta, España y Marruecos han iniciado una nueva etapa en la relación, que ha tenido su máxima expresión en la Reunión de Alto Nivel (RAN) del 1 y 2 de febrero. "Esta conciliación no ha estado exenta de concesiones y continúa enfrentándose a elementos de tensión", destacan Casini y Tomé.

"La cuestión de la integridad territorial de Marruecos y su posición hacia Ceuta y Melilla continúan siendo un escollo en las relaciones entre España y Marruecos", advierten, incidiendo en que "la apertura pendiente de las aduanas" con las dos ciudades autónomas y "la cuestión migratoria traducen sobre el terreno estas tensiones".

Por otra parte, llaman la atención de que la previsible publicación de la sentencia por el Tribunal de Justicia de la UE sobre los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos antes de que acabe el año, "que seguramente excluya a los territorios del Sáhara occidental" de los mismos, constituirá "el primer desafío serio" para España en esta nueva etapa, toda vez que coincidirá con su Presidencia de turno en el segundo semestre.

"A pesar de la postura favorable hacia Marruecos mantenida por España, la sentencia obligará a una renegociación de los acuerdos comerciales en un contexto marcado por la creciente intransigencia marroquí con respecto a esta cuestión", alertan. La reacción que tenga Rabat, que hasta ahora con las sentencias previas ha sido bastante moderada, tendrá a buen seguro impacto en España, dado los lazos comerciales que hay entre los dos países y los intereses en juego.

Así las cosas, los autores alertan de "dos cisnes negros" en el horizonte. En primer lugar, "un posible escenario de revuelta popular, consecuencia del empeoramiento de los niveles de vida y el impacto económico de las sucesivas crisis", en referencia a la pandemia de COVID-19 y ahora al impacto del conflicto en Ucrania, entre otros.

Aunque ven "improbable" una réplica de las protestas que se produjeron en 2011 en Marruecos, advierten de que el país "se enfrenta a un amplio descontento social con la situación económica". En este sentido, ven probable que haya un aumento de la conflictividad social, pero no a nivel nacional, sino a nivel local y regional.

En el caso de Argelia, "ha superado con dificultad un importante ciclo de protestas desde 2019", que llevó a un cambio de presidente y una nueva Constitución, pero también existe el riesgo de conflictividad social en el futuro. La reacción de ambos regímenes, "ya sumidos en una dinámica de regresión democrática, comprometería las relaciones con la UE (...) y podría plantear mayores presiones securitarias para Europa".

El segundo sería la eventualidad de que un deterioro en la relación entre Marruecos y Argelia lleve a "un conflicto bélico" entre ambos. "Aunque improbable, este tendría un fuerte efecto desestabilizador en la región, incrementando una carrera armamentística ya latente" y debilitando aún más la escasa integración que hay en el Magreb.