Radiografía de un juzgado: "Llegaba un momento que no teníamos ni papel higiénico"

Al entrar en los juzgados de Madrid los papeles se amontonan en armarios, muebles de madera y clasificadores de colores. Las togas recorren los pasillos en los que en las últimas semanas han aparecido carteles con un llamamiento claro: hay que ir a la huelga. Los letrados de la Administración de Justicia fueron los primeros -lograron que el Ministerio de Justicia aceptara una subida salarial de entre 450 y 480 euros mensuales-, ahora la han continuado los funcionario, y el próximo mes serán los jueces los que, si nada cambia, dejarán de trabajar para luchar por sus reivindicaciones. La principal es salarial, pero no es la única. Falta digitalización, sobra carga de trabajo, faltan manos e incluso falta papel higiénico. El Independiente visita un juzgado de lo Social y uno de Violencia sobre la Mujer en la capital para tratar de explicar las razones de la huelga.

"El número de asuntos que puede soportar un juzgado de lo social, según el Consejo General del Poder Judicial, son 800 de media. Pues la media aquí son 1.140", explica Fátima Beardo, magistrada del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid. Allí hay 49 jueces y, según sus cálculos, para que la carga de trabajo sea aceptable y adecuada a la atención que se merece el ciudadano necesitan otras 10 plazas más. Cuando celebran juicios pueden llegar a ver entre 12 y 18 temas en un mismo día de los que si no hay conformidad, deben poner las sentencias esa misma tarde "a costa de" su vida personal y de "ver menos a mis hijos". Un volumen exagerado que merma la calidad de la Justicia, dicen.

La situación de María Jesús Chacón, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid, no es muy diferente. Allí son 11 jueces, pero ellos solo instruyen. Cuando terminan el asunto debe pasar a manos del Juzgado de lo Penal y es aquí donde se forma el embudo. Todo lo que terminan esos 11 jueces, unido a todo lo que concluyen los de violencia de género a las afueras de la capital pasa a manos de los cinco juzgado de lo Penal. Estos cinco no dan a basto. "Esto supone que todos los asuntos que les derivamos tienen un retraso para ser señalados para juicio como poco de dos años", dice. Es decir, una mujer maltratada puede estar dos años con una orden de protección, pero sin que se celebre el juicio contra su agresor. Y eso, que los cinco juzgados tienen dos jueces de refuerzo cada uno, una dotación especial que acepta el Ministerio de Justicia cuando la cantidad de trabajo es insostenible. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España la ratio media de jueces por cada 100.000 habitantes es de 11,5, mientras que la media europea está en 20,7.

"Lo que a mí me gustaría trasladar es que cuando viene una víctima tiene su momento. Ha decidido poner la denuncia, con lo que esto supone en muchas ocasiones, dar el paso definitivo. Tiene derecho a su momento y a que la escuchemos. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que no solamente escuchamos a esa víctima, sino que tenemos más y cada una de ellas está esperando su turno", expone Chacón. Solo en estos cuatro meses del año en su mesa han entrado 580 asuntos, mientras que en las mismas fechas el año pasado eran 460.

"Tú estás aquí 12 horas [los días de guardia]que no puedes ir ni a tomar un café y hay veces que comemos a las siete de la tarde porque no paramos. El hecho de parar implica que se está retrasando, entonces el sentimiento de responsabilidad te lo impide", señala la magistrada miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Y esta responsabilidad no va aparejada a una recompensa económica porque sus guardias se pagan igual que las del resto de personal del juzgado.

Las retribuciones

En los Presupuestos del Estado de 2023 el salario de un juez que empieza a ejercer es de 20.878 euros brutos en doce mensualidades, pudiendo llegar a los 27.805 en función de la Comunidad Autónoma. Por cada trienio se van sumando cantidades, pero los togados lamentan que sean uno de los poderes del Estado que mayor poder adquisitivo hayan perdido en los últimos años. "Se produjo ya un recorte salarial en el año 2010, lo único que nos devolvieron fueron las pagas extras que ya nos habían quitado cuando las habíamos devengado y al final ese recorte salarial supuso una bajada del 9,73% del salario", reivindica Beardo.

Y, además, el Ministerio de Llop debería convocar cada cinco años una Mesa de retribuciones que lleva retrasándose 'sine die'. Por eso y por que el departamento de la ministra también hay negado subidas generales (pero sí se las ha concedido a los Letrados de la Administración de Justicia) expresan que la huelga es indispensable. "Llega un momento que tienes la sensación de que estás reconociendo y titulando derechos a determinados trabajadores que no tienes tú", lamenta Beardo.

Los magistrados están sujetos también a un férreo régimen de incompatibilidades para garantizar su independencia judicial lo que les impide recibir otro tipo de ingresos. "Incurrimos en una serie de gastos que nadie nos retribuye de ninguna forma. Por ejemplo la toga, yo me la compré hace muchísimos años, pero me costó 600 euros. O si voy a un curso de formación a mí no me pagan el parking", dice.

Papel higiénico o impresora

Pero además, las magistradas lamentan carecer de cosas básicas en una sede de la administración. Beardo, por ejemplo, heredó el despacho de la magistrada anterior que llevaba 30 años allí: "Los muebles venían heredados. Era inservible, o sea cajones que no abrían, pantallas que no funcionaba, la luz estaba fundida. En mi caso, he tenido que pelear bastante para conseguir las banderas. He esperado un año", dice. Al juzgado que dirige Chacón tardaron año y medio en repararle una impresora: "En plantilla son 11 funcionarios. Si solo tenemos una impresora para todos los asuntos... pues vamos a ir más despacio".

Y problemas tan básicos como que "el años pasado tuvimos aquí una incidencia grave, una cosa tan absurda como el papel higiénico. Se limitaba absolutamente el reparto de suministro y llegaba un momento que no había papel higiénico", cuenta Beardo. Y ya del tema digital habría que hacer capítulo aparte.

Los diferente jueces consultados reseñan que hasta que Llop no ponga en valor el peso de la Justicia en el Consejo de Ministros todos estos problemas seguirán pareciendo secundarios. Y, mientras, más de 1.000 jueces -la carrera la conforman 5.343- cumplirán la edad de jubilación en los próximos 10 años (la edad media es de 52,3) y no hay reposición a la vista.