La primera mesa de retribuciones acordada con el Ministerio de Justicia y el de Hacienda ha terminado este miércoles de forma "satisfactoria", según varias fuentes presentes, porque se ha planteado una propuesta de 44,6 millones de euros para la mejora del salario de los jueces y los fiscales. Si no se cierra un acuerdo, ambos cuerpos, que suman más de 7.000 funcionarios, podrán acudir a la huelga convocada para el próximo 16 de mayo. Las asociaciones y el departamento que dirige Pilar Llop se han emplazado a un nuevo encuentro el lunes a las 11:30 de la mañana.

La reunión comenzaba a las 11 de esta mañana y, tras un receso para comer, se retomaba el diálogo a las 18 de la tarde para hacer efectiva la presentación de un primer documento sobre el que se trabajará en los próximos días. Las reivindicaciones de los jueces y fiscales son claras: elevar su salario y ajustarlo a la economía real puesto que desde 2009 no tienen una subida específica sobre su capacidad adquisitiva. El clima ha sido "agradable" y las partes se han cerciorado de que existe una voluntad real por parte del equipo de la ministra para llevar a cabo la adecuación de los salarios.

Al encuentro han acudido tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya, así como una representante de la Fiscalía General del Estado Esmeralda Rasillo. Todas las asociaciones han estado presentes, las cuatro de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia) y las tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales). Al terminar la reunión han remitido un comunicado conjunto explicando que la actitud ha sido "negociadora" y que ahora valorarán la propuesta realizada para volver el lunes a centrar los puntos.

Esta era la primera vez que se reunía la mesa de retribuciones, a pesar de que una ley de 2003 obliga a que se junte cada cinco años para actualizar las nóminas de la Judicatura y la Fiscalía. Según fuentes presentes en el encuentro, el Gobierno coincidía con los peticionarios en el diagnóstico, y es que se ha perdido poder adquisitivo en los últimos años. El detonante es, en realidad, una subida que los letrados de la Administración de Judicial (LAJ) -unos 4.500 profesionales- lograron en el último mes después de estar 63 días en huelga. El Ministerio les concedió entre 450 y 480 euros más brutos en sus pagos a fin de mes, mientras que ya había advertido a los jueces de que no podía haber subidas de salario en bloque. Este acuerdo puso al resto de actores judiciales en pie de huelga. Los funcionarios de rango inferior llevan ya varias semanas de paro.

"Se ha hablado de lo propio de un foro como el que nos reúne en este momento, que es la mesa técnica de retribuciones: se está hablando de independencia judicial y de independencia económica (...), poco más se puede adelantar", ha expuesto Juan José Carbonero, de la asociación mayoritaria de jueces, a su salida. El ambiente de este miércoles ha sido "afable", como ha destacado Inés Herreros, la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Esta asociación y la progresista entre los jueces se descuelga por el momento de la huelga que ya está convocada y solo se desconvocaría si hubiera un acuerdo antes.

Las distinciones del salario

Hacer una foto global de cómo están los salarios de jueces por toda España es complejo, ya que, por ejemplo, existen cinco comunidades autónomas donde las competencias están transferidos y, por tanto, las guardias y los complemento se redistribuyen de forma desigual. Esto se traduce en que en las retribuciones de las guardias varían entre los 50 y 235 euros en función del lugar y el número de juzgados de la zona. Las asociaciones se quejan de que a veces, esto no guarda relación con la proporción de los salarios que cobran.