La Fiscalía Antidroga acaba de dar dos pasos relevantes en la operación conocida como 'Varea' sobre el narcotráfico en Algeciras. Por un lado, el Ministerio Público ha solicitado a la Audiencia Nacional el archivo de la investigación principal porque ha decaído el delito por el que se indagaba el tráfico de drogas. Por el otro, requiere el envío de la pieza separada que afecta al teniente coronel de la guardia civil David Oliva y a otros dos agentes a un juzgado ordinario, según avanzan distintas fuentes jurídicas a El Independiente.

El fiscal del caso remitió el pasado viernes un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, para que se inhiba del caso en el que presuntamente un agente de Asuntos Internos de la Benemérita compartió información confidencial con el teniente coronel Oliva que se suponía bajo sospecha cuando dirigía el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur), creado expresamente para perseguir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Los delitos que están bajo el foco son dos: revelación de secretos y cohecho. La Fiscalía mantiene que esta pieza separada no puede ser competencia de la Audiencia Nacional (cuyas asignaciones se recogen en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) porque no tienen relación con ninguna organización criminal. Considera que el tema debe verlo un juzgado de Valdemoro, localidad en la que está la sede de los Servicios de Asuntos Internos del cuerpo que han liderado las pesquisas.

Por su parte, en la causa principal de 'Varea' se acumulaban indicios contra un presunto clan de la droga en el sur de España desde hacía años a través de trabajos conjuntos que habían llevado a cabo la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Según fuentes de la investigación, la filtración que se produjo y que dio pie a las pesquisas sobre los guardias civiles terminó por dar al traste con los esfuerzos que buscaban aflorar narcotráfico y blanqueo de capitales y no se ha logrado acreditar delito alguno. Así las cosas, Antidroga ha solicitado el archivo.

Ahora, el juez Abascal tendrá que resolver ambas peticiones. Si decide remitir el caso del teniente general Oliva y los otros dos agentes al juzgado de Valdemoro será el instructor allí quien, a su vez, decida si asume las competencias.

Los indicios contra Oliva

Oliva, que es uno de los mandos más condecorados dentro del Instituto Armado, tuvo que pasar hace unas semanas por el paseíllo que recorren los investigados en la Audiencia Nacional porque el juez y el fiscal creen que un mensaje a través de su teléfono ("haz los deberes") lo delata. Según Asuntos Internos, el teniente F. que trabajaba en los Servicios de Asuntos Internos (SAI) sustrajo datos secretos relativos a una operación de narcotráfico para dárselos a Oliva cuando este dirigía OCON-Sur. Esta unidad creada por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en 2018 se vendió como un avance inigualable en la zona más al sur de Andalucía y se dotó de todos los recursos para luchar contra el tráfico ilegal de sustancias. Cuatro años después fue desmantelado sin mediar excesiva explicación.

El teniente F. quería ser trasladado a OCON-Sur porque, por su vida familiar en ese momento, le interesaba moverse a esa Comunidad Autónoma. Para los investigadores el cohecho se consumó porque este guardia civil terminó destinado en esa unidad en 2022 mientras Oliva la encabezaba y su sueldo mejoró. Consideran que el mensaje de los "deberes" incrimina al teniente general (creen que era su forma de acceder a información privilegiada de Asuntos Internos), mientras que el entorno del investigado defiende que era una forma de decirle que se pusiera al día en lo que significaba trabajar en el narcotráfico si realmente quería mudarse. El propio teniente F. defendió en la Audiencia Nacional que marcharse a OCON no fue una mejora en su capacidad económica porque, si bien mejoró su salario, su pareja tuvo que dejar el trabajo y por tanto su economía familiar quedó mermada.

Este guardia civil fue el primero en estar bajo el foco. Estuvo detenido el pasado mes de diciembre y pasó dos días en el calabozo. Tras declarar ante el juez Abascal quedó en libertad aunque se le retiró el pasaporte. La Guardia Civil volcó su teléfono móvil de donde salieron más indicios que señalaban a Oliva y a su mano derecha en Málaga. Fuentes de la investigación remarcan que las evidencias contra los tres agentes son sólidas, pero otras voces dentro del cuerpo hablan de 'vendettas' personales y subrayan la complejidad de trabajar con confidentes en la lucha contra el narcotráfico.