El Govern repetirá "todos los exámenes" de los 72 procesos de oposición celebrados el sábado organizados por una empresa externa y que sufrieron incidencias leves, graves y muy graves.

Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà en rueda de prensa este jueves tras reunirse con representantes sindicales de CC.OO. de Catalunya, UGT de Catalunya y IAC-CATAC, y junto con la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral; la directora general de Función Pública, Anna Molina, y el subdirector de Relaciones Sindicales y Políticas Sociales, Joan Núñez.

La consellera ha explicado que han tomado esta decisión después de recibir más de 3.000 formularios de incidencias registrados por los opositores a través del buzón habilitado desde el martes, de los que han extraído que habría un 93% de los procesos afectados (67 de los 72) y un 99,7% de los aspirantes (12.965 opositores).

Además, el Govern ha recabado información de los sindicatos, de los tribunales y de los funcionarios que estaban haciendo seguimiento de los exámenes; en concreto, Vilagrà ha explicado que han entrevistado a 40 personas para obtener toda la información necesaria para tomar la decisión.

Ha concretado que ha habido "afectaciones muy graves en todos los exámenes", ya que había móviles en las aulas, salidas del examen para ir al baño, falta de vigilancia en las aulas y también exámenes que comenzaron más tarde de lo previsto, mientras que había otras aulas en las que habían empezado antes.

Vilagrà ha detallado que ha habido una casuística diversa de incidencias, y "quizás en un aula no ha habido", pero ha afirmado que los procesos han quedado viciados y por eso han preferido repetir todas las pruebas.

Los nuevos exámenes serán el 1 y 8 de julio

La consellera ha anunciado que los exámenes se repetirán en dos días, el 1 y el 8 de julio, y todas las personas admitidas se podrán volver a presentar: en concreto el 1 de julio habrá exámenes de agentes rurales, ejecución penitenciaria y laborales transversales, y el 8 de julio se examinarán todos los del ámbito de funcionarios.

Además, la Generalitat indemnizará a todas las personas afectadas por los perjuicios causado: "Queremos hacer este gesto para compensar los perjuicios económicos" causados a los opositores, ha destacado la consellera, que ha añadido que aún están estudiando la cantidad de la indemnización y aún no han calculado el coste de la misma.

El encuentro de este jueves con los sindicatos ha durado unas dos horas y se trata de la tercera reunión del Govern con los representantes sindicales para analizar la situación después de las incidencias del sábado; y el miércoles, el Govern ya se comprometió a asumir la organización de la repetición de los exámenes con medios propios.

Fin del contrato con Cegos

La consellera también ha sostenido que la Generalitat rescindirá el contrato con la empresa Cegos que organizó las oposiciones: "Es un incumplimiento flagrante, es intolerable e inadmisible", ha defendido.

También ha sostenido que están estudiando medidas para poder penalizar a la empresa por incumplimiento del contrato, pero no ha dado más detalles porque aún están analizando jurídicamente cómo hacerlo.

"Se vieron situaciones inadmisibles e intolerables. Se deben hacer oposiciones con todas las garantías. Las oposiciones son sagradas", ha afirmado la consellera, que ha asegurado estar triste por los inconvenientes generados.

Vilagrà ha explicado que la empresa aún no ha presentado ninguna facturación por el trabajo hecho, y ha insistido en que la decisión de la Generalitat será no volver a contratar esta compañía y rescindir el contrato vigente.

La consellera ha criticado que cuando entraron al Govern en 2021 había una temporalidad del 35%: "Alguien debe explicar por qué durante tanto tiempo no se hicieron las convocatorias ordinarias", ha dicho en referencia a los anteriores Ejecutivos, en los que esta responsabilidad recaía en responsables de Junts.

Ha defendido que en 2022 se celebró un concurso de méritos, por el que se cubrieron 10.000 plazas y que ha permitido situar la temporalidad en un 16%, según sus datos, y ha añadido que cuando acabe el proceso de estabilización habrá 2.000 plazas más de funcionarios, aunque ha lamentado que habrá "cierta demora".