La Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que cite de nuevo a la exconsejera Clara Ponsatí tras darle plantón a su vuelta a España el pasado 24 de abril. Además, ha solicitado rechazar la suspensión de la causa, tal y como pedía la política independentista.

Ponsatí no se presentó ante el instructor del procés alegando que tenía que acudir a reuniones de trabajo de las Comisiones del Parlamento Europeo, donde es eurodiputada. Para ello, los fiscales han solicitado a su defensa el calendario previsto de asistencias al Parlamento Europeo para poder concretar una fecha para su declaración.

Como consejera de Enseñanza en 2017, Ponsatí era la responsable de autorizar el uso de los colegios públicos como sedes del referéndum ilegal del 1-O. Tras la supresión de la sedición, la ex consejera está imputada por desobediencia, delito que no conlleva penas de prisión.

Los fiscales dejan claro que cuando Ponsatí "cometió los hechos delictivos que se le atribuyen ni era eurodiputada, ni siquiera diputada del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de manera que el privilegio de la inviolabilidad por sus opiniones o votos no es aplicable en ningún caso".

La condición de eurodiputada la adquirió, precisan, "un año y 10 meses después de haber sido procesada", de manera que ni cuando supuestamente perpetró los hechos que se le atribuyen ni cuando el juez dictó auto de procesamiento ostentaba tal condición.

Es más, subrayan, "si la procesada no hubiera eludido la acción de la justicia desde el inicio del proceso penal, ya se habría dictado sentencia respecto a la misma antes de haber llegado a ser eurodiputada".

Vuelta a España

Ponsatí volvió a España a finales de marzo tras cinco años viviendo entre Escocia y Bélgica. Sobre ella pesaba la obligación de presentarse ante Llarena para que el magistrado le tomase declaración. La representante de Junts per Catalunya regresó el día a Bruselas el día que estaba citada en Madrid «para atender a mis obligaciones» en el Parlamento Europeo «y por la dignidad» de esa institución.

El 15 de marzo, el instructor del procés rechazó aplicar el nuevo delito de desórdenes públcos agravados, que sustituyó al de sedición, contra los políticos independentistas fugados. Confirmó el procesamiento contra Puigdemont, Puig y Comín por malversación y desobediencia y contra Ponsatí y Rovira, únicamente por desobediencia.

Detenida

A su llegada a España, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Ponsatí. Esta les acusó de "cobardía" tras el "lamentable numerito" de su arresto. Tras ofrecer una rueda de prensa, fue detenida por los Mossos en plena calle y conducida ante el juez de guardia en Barcelona, que la dejó en libertad después de que así lo acordara el juez Pablo Llarena.

Desde Twitter, Ponsatí replicó al comisario jefe de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que remarcó que "los jueces determinaron" que la detención de Ponsatí había sido "absolutamente legal".

"Esconderse detrás de una orden de detención ilegal no hace legal vuestra actuación ni excusa vuestra cobardía", afirmó Ponsatí dirigiéndose a los Mossos. A lo que añadió: "Lamentable el numerito que organizasteis delante de los periodistas, sin ninguna otra necesidad que mostrar al amo que sois obedientes".