La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intentó medir al máximo sus palabras —previsible, tras la apertura de expediente por parte de la Junta Electoral Central (JEC) la semana pasada—, pero lo contó al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Sin valoraciones políticas añadidas. No hacían falta porque el gesto en sí ya era significativo: el Ejecutivo acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley de la Comunidad de Madrid que, a su juicio, limita el ejercicio del derecho a la eutanasia. Es decir, que el Gabinete de Pedro Sánchez lleva a Isabel Díaz Ayuso ante el TC a menos de tres días del arranque de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y lo hace porque entiende que el Gobierno regional desborda sus competencias e invade las del Estado. Para el equipo de la presidenta, se trata del intento de Sánchez "de meter la eutanasia en campaña electoral".

La norma autonómica que el Gobierno impugna ante el TC es la ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. El texto quedará suspendido provisionalmente —el Gobierno tiene la potestad de pedir esa congelación al Constitucional, y esta es automática—, a la espera de lo que luego decida el alto tribunal. "La norma autonómica —explicó Rodríguez— realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica, se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica". El Ejecutivo entiende que afecta a "una ley en vigor, como es la ley de eutanasia [en vigor desde 2021], limitando los requisitos para acceder a los derechos que garantiza esta ley de eutanasia".

El Ejecutivo reconoció que presentaría recurso a finales de abril, cuando también recibió el informe favorable del Consejo de Estado

La ministra no lo dijo durante su intervención inicial, y después no se le preguntó por ello, pero fuentes de su entorno incidieron en que aunque hubieran preferido presentar el recurso después de los comicios del 28-M no era posible. El artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional concede un plazo de tres meses, desde la publicación del texto impugnado, para interponer el recurso. La norma madrileña se publicó el 17 de febrero de 2023, así, que el plazo se consumía el 17 de mayo, en plena campaña. Y el aval favorable del Consejo de Estado, recordaban las mismas fuentes gubernamentales, se recibió el 27 de abril. O sea, que no se decidió después de los actos del Dos de Mayo que visibilizaron un nuevo enfrentamiento entre Ayuso y el Gobierno. De hecho, ya se conocían las intenciones de Política Territorial desde el 26 de abril, como avanzó Europa Press.

El Ejecutivo impugna la disposición adicional segunda de la norma madrileña que "cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial". La ley regional, promovida por el Gobierno de Ayuso y con el respaldo de Vox, se aprobó el 2 de febrero en la Asamblea de Madrid sin ningún voto en contra, ni siquiera de la oposición de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Y en concreto esa disposición se introdujo en el texto final, señalan en el Ejecutivo, a través de una enmienda de la ultraderecha.

El Gobierno entiende que la Comunidad de Madrid no puede "crear nuevos requisitos para acceder a la prestación de ayuda a morir" que aumenten los que ya están previstos en la ley orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, que ya respaldó en marzo el TC y que de hecho fue recurrida por Vox. El requisito de pedir autorización a un juez no se prevé en la ley estatal, así que el Ejecutivo entiende que se añade una complicación más para los solicitantes del derecho a la eutanasia.

Las razones de la impugnación

En concreto, el Gabinete de Sánchez interpreta que se vulneran los derechos de las personas tuteladas con representación, introduciéndose una "doble discriminación". Una, entre las tuteladas por la Comunidad de Madrid con representación y el resto de personas. Dos, entre los residentes en Madrid y los residentes en el resto de España. También defiende Política Territorial que las comunidades autónomas "no pueden delimitar las funciones de los jueces, por ser esta competencia exclusiva estatal". Asimismo, la mayoría de los preceptos contenidos en la ley de eutanasia tienen carácter orgánico, por lo que la introducción de requisitos adicionales, como hace la norma madrileña, supondría "una quiebra de la reserva de ley orgánica".

Para el Ejecutivo, PP y Vox "intentan imponerse por la puerta de atrás al Estado y al TC al limitar al ejercicio a la eutanasia". Moncloa "actúa con contundencia y urgencia para proteger a los más vulnerables"

Por último, el Gobierno subraya que se rompe el principio de "seguridad jurídica" que consagra el artículo 9.3 de la Constitución, porque entonces las CCAA estarían habilitadas a "establecer requisitos adicionales a través de una mera ley ordinaria autonómica" y limitar así el ejercicio de derechos cuya regulación corresponde en exclusiva al Estado. Y también implicaría admitir, sigue razonando el Ejecutivo, que las CCAA pueden "alterar el reparto de asuntos entre jurisdicciones", estableciendo una "confusión" que derivaría en un conflicto entre, en este caso, la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa. El resultado es que podría haber "sentencias contradictorias sin solución en el sistema de recursos".

Para el Ejecutivo, en definitiva, PP y Vox "intentan imponerse por la puerta de atrás al Estado y al TC al limitar al ejercicio a la eutanasia", derecho que el propio alto tribunal validó. El Gobierno, indicaron fuentes de Política Territorial, "actúa con contundencia y urgencia para proteger a los más vulnerables".

Rodríguez expuso a grandes rasgos el recurso del Ejecutivo, pero se quedó ahí. A fin de cuentas, la portavoz ya fue apercibida por la Junta Electoral Central y se arriesga a una multa de hasta 3.000 euros. La ministra expresó su "máximo respeto" por los acuerdos de la JEC y reiteró su "convicción" de que el Gobierno trabaja para conciliar "distintos derechos", tanto los comprendidos en la ley electoral como el derecho a la información de los ciudadanos. Fuentes de la Moncloa señalaron que si Rodríguez no se pronunció este martes sobre el PP fue porque los periodistas no le preguntaron, pero que en todo caso saben de las limitaciones que impone la JEC.

El Gobierno regional respondió que lo que pretende la ley autonómica es que "cualquier intervención médica que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad (una amputación, por ejemplo) debe requerir autorización judicial". "No es algo que digamos nosotros, lo metemos porque así lo dictamina el Código Civil. Pero en ningún caso hacemos referencia a autorizar la eutanasia. No nos metemos en ley estatal". A juicio del equipo de Ayuso, el Gobierno de Sánchez "quiere meter el debate de la eutanasia en campaña electoral".