El Gobierno ha desplazado todo el peso a vivienda y a emergencia climática. Todo. Son los dos temas con los penetró en la recta final de la precampaña y con los que se adentra ahora en el arranque de la campaña oficial. Pedro Sánchez aún se guarda anuncios de medidas para antes del 28-M —la Moncloa ha planificado desde hace meses la comunicación por goteo de nuevas iniciativas—, pero de entrada no contempla nada relacionado con la bajada del precio de los alimentos. Entiende que la inflación está controlándose (se sitúa en el 4,1% y la subyacente, en el 6,6%), pero también pesa en el Ejecutivo el "llamamiento" que Bruselas está haciendo a los Estados miembros de la UE, instándoles a retirar progresivamente todas las medidas extraordinarias que se pusieron en marcha para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, a fin de ir reduciendo el déficit y facilitar la acomodación a las nuevas reglas fiscales desde 2024.
El alza de la cesta de la compra es un problema sobre la mesa desde hace meses, y que de hecho los socios minoritarios del Ejecutivo, Podemos, recuerdan intermitentemente, advirtiendo de que los ciudadanos están sufriéndolo directamente en sus bolsillos, igual que el encarecimiento de las hipotecas. Pero los socialistas siempre han sido remisos a dar más pasos, con el argumento de que las medidas desplegadas, y en particular la bajada selectiva del IVA —del 4% al 0% para los productos básicos como leche, huevos, quesos, cereales, hortalizas o frutas, y del 10% al 5% para pastas y aceites— acabarían surtiendo efecto y moderando los precios. Además, Hacienda quería esperar a disponer de los datos de cierre de déficit de 2022 y de recaudación del primer trimestre de 2023. Y tiene colchón: el déficit del año pasado acabó en el 4,8%, dos décimas mejor de lo previsto, y los ingresos entre enero y marzo repuntaron casi un 3%.
Hacienda ya descartó propuestas de Podemos como el tope de precios o el impuesto a los súper, y nunca vio la bajada del IVA a la carne o el pescado que pedía el PP
Ahora, a poco más de 15 días de las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno ha optado por no actuar en este frente antes del 28-M, según confirmaban fuentes de primer nivel del Ejecutivo y del PSOE. El argumento es que la inflación se situó en abril en el 4,1%, una de las más bajas de la eurozona, mientras que la subyacente disminuyó nueve décimas, hasta el 6,6%. Datos que permiten defender a la Moncloa que los precios ya se están domando y que no hará falta intervenir en la cesta de la compra. Y, desde luego, no será antes de los comicios.
Hacienda ya había descartado la bajada del IVA de la carne y el pescado, que ha reclamado insistentemente el PP, igual que no acababa de ver una tarjeta monedero para familias vulnerables como la aprobada en la Comunitat Valenciana por la dificultad de despliegue. El ministerio que dirige María Jesús Montero siempre ha rechazado propuestas de Podemos como topar los precios o imponer un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de distribución. Lo que sí anunció el mes pasado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es la creación de un observatorio de márgenes empresariales, aún no puesto en marcha. El organismo pretende "mantener la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios y una distribución adecuada de las rentas", según explicó el Ejecutivo.
La subyacente "seguirá bajando, salvo sorpresa"
El 30 de junio de 2023 finaliza la vigencia de algunas de las medidas contenidas en el último paquete anticrisis, aprobado el 27 de diciembre, como la bajada del IVA. El Gobierno decidirá pocos días antes qué prorroga y qué no del escudo social. Pero advierte de que Bruselas está "haciendo llamamientos a los países que tienen aprobadas rebajas generalizadas de impuestos" para que vayan levantándolas. La Comisión, explican fuentes del Ejecutivo, está "preocupada" por que 2024 arranque sin que se hayan "desconectado" todas las medidas extraordinarias, justo cuando llegarán las nuevas reglas fiscales. Al Ejecutivo comunitario "le gustaría", continúan, que se fueran retirando ya todos los estímulos puestos en marcha por los gobiernos nacionales, siempre y cuando la evolución de la inflación lo permita. El Gabinete de Sánchez cree que será posible ir recogiendo cable, porque el alza de los precios irá moderándose y la subyacente "seguirá bajando, salvo sorpresa".
El Ejecutivo se concentra en otros frentes como la lucha contra la sequía o la preparación del verano, con los incendios como prioridad
El Ejecutivo, por tanto, cree que lo peor ya ha pasado y se concentra, de hecho, en otros frentes que juzga más apremiantes, como las medidas para mitigar los efectos de la sequía o la preparación de la temporada estival, más complicada por el riesgo de incendios. El Gobierno lleva ya gastados 45.000 millones en los paquetes anticrisis aprobados desde el estallido de la guerra de Ucrania.
Hacienda defiende que las iniciativas aprobadas hasta ahora en materia de vivienda no han desbordado el gasto. Es más, sostiene que la única que sí se come presupuesto es la cesión de terrenos de Defensa para la construcción de 20.000 pisos, por la que el departamento de Montero ha autorizado la transferencia de crédito, por importe de 622.265.566,67 euros al Ministerio de Transportes, acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, la utilización del colchón del que disponen las cuentas públicas por el cierre de déficit de 2022 y la buena marcha de la recaudación dependerá, señalan fuentes del Ejecutivo, "de las decisiones que se adopten en junio". Es decir, si cabe o no prorrogar ciertas medidas del real decreto ley anticrisis o introducir algunas nuevas.
El 30 de junio, además de la bajada del IVA de los productos de primera necesidad, de aceites y pastas, caducan otras medidas como los mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva, las ayudas a los combustibles para los profesionales, los descuentos al transporte urbano e interurbano o la limitación del precio máximo de la bombona de butano. Pero seguirán activas, hasta el 31 de diciembre de 2023, tal y como figura en el decreto ley en vigor, otras medidas como la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia de Renfe o la limitación de la actualización de los alquileres del 2%.
"Apoyo real"
En cualquier caso, para el ala socialista del Gobierno es prioritario el foco que ahora mismo mantiene en vivienda, que considera que está ayudando a activar a su electorado y que agradecen sus candidatos en toda España. Las medidas del Ejecutivo, reiteran, "están teniendo un apoyo real". Además, el PSOE persigue la recuperación del voto joven, parte del cual está muy desmovilizado pero que cree afín.
La cúpula socialista subraya que la campaña será clave porque cada vez más votantes deciden su voto en los días previos a las urnas
Todo esto explica el contenido, de hecho, del Consejo de Ministros de este 9 de mayo. El Gabinete dio luz verde a una línea de avales del ICO, estimada en 2.500 millones de euros, que cubra hasta el 20% del crédito hipotecario de familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años —iniciativa rechazada por Unidas Podemos—. Y también acordó financiar 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con 4.000 millones de euros con cargo a los fondos europe0s. El Consejo, asimismo, aprobó la construcción de otras 20.000 viviendas en terrenos cedidos por Defensa a Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), por los que el ministerio de Margarita Robles ingresará esos 622 millones de euros.
Los socialistas están animados ahora que está a punto de empezar la campaña oficial del 28-M. Anticipan que estos 15 días serán claves, puesto que cada vez más votantes deciden su papeleta más tarde. Según los sondeos, recuerdan, entre un 20% y un 30% del electorado lo hace los días previos a la cita con las urnas. Así que en esta pugna apretadísima con el PP cada hecho cuenta, cada paso puede desempatar. El presidente Sánchez se guarda más anuncios, dicen en su entorno, no necesariamente centrados en vivienda, pero sí con la intención de "mantener la tensión electoral". Anuncios seguirá habiendo, agregan, tras el 28-M.
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