Comunidades como Andalucía, Madrid, Extremadura y provincias como Toledo o Huesca cuentan con convenios provinciales de la construcción adaptados a las épocas de calor, con reducciones de jornada o jornadas intensivas para proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas durante los meses de más calor. El Gobierno quiere ahora dar un paso más e impulsará un cambio de la ley para prohibir el trabajo al aire libre cuando haya alerta roja o naranja, decretada por la Aemet, por episodios de calor extremo.
Así lo anunció este miércoles al vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, coincidiendo con la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE y Cepyme.
El sector de la construcción es uno de los que podría verse más afectado por esas prohibiciones que prepara el Gobierno y que, según fuentes empresariales, no han sido negociadas con las patronales. "Podrían haberlo puesto perfectamente encima de la mesa y lo hubiéramos dialogado. No hacía falta hacerlo de manera unilateral y con una intromisión en el diálogo social", se quejan desde el sector.
Daniel Barragán, secretario general de CCOO del Hábitat asegura que a los sindicatos les ha costado años negociar este aspecto en los convenios provinciales donde rige, aunque reconoce que las compañías están últimamente "más receptivas" sobre la problemática que se cobró el año pasado la vida de un operario de limpieza viaria en Madrid.
En concreto, los convenios vigentes contemplan que se pueda empezar a trabajar antes y se termina más tarde o se ofrezcan flexibilidades trabajar en momentos donde se eviten las horas de máximo calor. En Andalucía, eso sí, hay dos provincias -Granada y Huelva-, donde se ha aprobado convenio sin que se contemplen estas reducciones de jornada por el calor.
Desde los sindicatos aseguran que los planes contra el calor en el sector contemplan que los obreros tengan suficiente suministro de agua potable o lugares de sombra acondicionados para hacer descansos. También que se suministre ropa adecuada y transpirable o cremas protectoras.
"Ahora con las nuevas tecnologías es muy fácil predecir olas de calor y es muy fácil reordenar el trabajo", añade Barragán. En este sentido, fuentes empresariales también aseguran que al margen de esos convenios, las compañías tienen establecidos planes específicos de prevención frente a las altas temperaturas dentro de sus políticas de riesgos laborales. Por ejemplo, adoptan las actuaciones para que, por ejemplo, se ubiquen a primera hora los trabajos en los que se está más expuesto al sol o se prioricen las actuaciones en interiores en las horas centrales del día.
Las fuentes sindicales consultadas consideran que se debe negociar empresa a empresa protocolos para proteger a los empleados de un efecto climático que cada vez se extiende más en el tiempo y no se ciñe solo a los tradicionales meses de junio, julio y agosto. "Nuestra campaña de calor la empezamos a exigir ya en abril porque con el cambio climático ya tenemos 30ºC en este mes y se sufre estrés térmico en muchos oficios", añade Barragán.
No establecen, sin embargo, un umbral mínimo o máximo de temperatura a partir del cual consideran que se debería dejar de trabajar. Aunque están de acuerdo en la propuesta del Ejecutivo de paralizar la actividad ante las alertas meteorológicas de la Aemet. En todo caso, aseguran que depende mucho del tipo de empleo. Por ejemplo, en las tareas de asfaltado, los operarios soportan 50ºC de temperatura si el termómetro marca 23 grados. También depende de la duración de los trabajos.
Inspección de Trabajo
El Consejo de Ministros aprobará este jueves un plan contra la sequía en una reunión extraordinaria y aprobará una modificación del Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales para la prohibición de la actividad con olas de calor. "Vamos a emprender unas modificaciones legislativas para justamente incorporar en la legislación laboral medidas específicas de cumplimiento obligatorio de las empresas; vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo", detalló este miércoles Díaz.
A pesar de los planes y convenios vigentes, no todas las empresas los cumplen. La Inspección de Trabajo, que depende de su Departamento, ya activó el año pasado un plan especial de vigilancia que afectaba a varios sectores y, en concreto, al de la la construcción, donde se vigilaba especialmente el cumplimiento de las jornadas prevista en los respectivos convenios colectivos, y se supervisaba el control del tiempo de trabajo fijado por convenio y el control de los tiempos de exposición a las elevadas temperaturas.
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