Las confesiones de dos etarras como testigos protegidos en la Audiencia Nacional en el marco de la causa de Gregorio Ordóñez podrán servir para un total de siete investigaciones más. El juez del 'caso Miguel Ángel Blanco' también va a incorporar sus declaraciones en sus pesquisas después de que estos dos testigos protegidos detallaran cómo funcionaba la cúpula de ETA, según aseguran diversas fuentes judiciales. Los miembros de la banda terrorista describieron además que existían personas "correo" que servían para comunicarse con los jefes de la banda.
La colaboración de la banda terrorista con las autoridades judiciales ha sido siempre nula, incluso después de su total disolución en mayo de 2018. Por eso, este nuevo hito en la causa sobre el asesinato de Ordóñez, el que fuera teniente de alcalde de San Sebastián (Gipuzkoa), supone un gran paso en el esclarecimiento de crímenes sin resolver e investigaciones en curso.
La primera colaboración de estos dos exmiembros de ETA se produjo el 3 de febrero de 2023 en la Jefatura de Información de la Guardia Civil, tal y como adelantó El País y ha podido confirmar El Independiente. Posteriormente, acudieron ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 en la Audiencia Nacional el pasado 31 de marzo. Allí detallaron "el papel desempeñado por los integrantes de la dirección" en lo relativo a la "toma de decisiones, órdenes, instrucciones y autorizaciones para la comisión de determinadas acciones armadas". Este proceso se ha llevado con mucho sigilo ante el temor de que antiguos miembros de la banda o personas relacionadas con EH Bildu pudieran buscarlos y tomar represalias contra ellos, explican fuentes cercanas a la investigación.
Por eso, el juez Alejandro Abascal resguardó su identidad otorgándoles la condición de testigo protegido 1 (quien actuó en la década de los 80) y testigo protegido 2 (entre 1993 y 2001). Ambos participaron en actos terroristas y explicaron cómo era su relación con la cúpula etarra -conocida como zuba- desde la estructura. Un relato de gran relevancia para muchas de estas causas que en los últimos años se han reabierto en la Audiencia Nacional porque la intención de los instructores es llegar a enjuiciar a miembros de la jefatura terrorista aunque éstos no hayan "apretado el gatillo" de forma directa. Es decir, buscan procesar a las cúpulas incluso en casos en los que ya hay autores materiales condenados porque defienden, tras los argumentos de las querellas de la asociación Dignidad y Justicia, que si ellos dieron la orden tenían el poder de parar los atentados.
Los dos testigos protegidos explicaron que existían personas "correo" cuya función era ir a hablar con los altos mandos, bien de forma directa o bien para hacer de intermediarios y llevar las órdenes a los inferiores. Lo importante era que nada quedara por escrito.
Explicaron también que existían objetivos "permanentes" contra los que podían atentar sin una autorización previa, por ejemplo, guardias civiles, policías y militares. Pero, caso distintos era por ejemplo el de las casa cuarteles. Según las fuentes consultadas, relataron que si podían lanzar alguna granada contra un cuartel lo hacían, pero no se refirieron explícitamente a atentados por fuera de estas instalaciones militares.
Y este matiz es importante, refieren dichas fuentes, para actuar contra las cúpulas en el atentados como el de Santa Pola ocurrido en 2002. En esa acción terrorista el comando recibió material explosivo en un coche que vino cargado desde Francia por lo que los investigadores consideran que fue planificado y, por tanto, la orden tuvo que pasar por la cúpula.
Miguel Ángel Blanco
Tanto en esa como en otras investigaciones se podrá utilizar toda la información dada por los testigos protegidos. Es el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 en cuya investigación, según confirman fuentes jurídicas, se incluirá todo estos testimonios. Precisamente, las fechas que han puesto en el foco los testigos protegidos coinciden con la etapa de los miembros de la cúpula que se indaga en dichas diligencias. Según explicó uno de los testigos protegidos al mando en la etapa en la que él formó parte estaban Mikel Albisu (alias "Mikel Antza"), Soledad Ipaguirre ("Anboto"), José Javier Arizcuren Ruiz ("Kantauri"), Ignacio Gracia Arregui ("iñaki Rentería"), Javier García Gaztelo ("Txapote"), Juan Antonio Olarra y Ainhoa Múgica. Precisamente en las pesquisas sobre Miguel Ángel Blanco están bajo el foco los cuatro primeros etarras, después de que la Guardia Civil haya acotado cuál era la cúpula en ese momento.
La Asociación Dignidad y Justicia ha solicitado en un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que se incorporen al resto de investigaciones abiertas en el resto de juzgados de instrucción. "Resultan útiles y pertinentes para las averiguaciones de los hechos", reza el documento.
Precisamente, Francia acaba de autorizar que España pueda juzgar al exjefe de ETA 'Kantauri' en el marco de las pesquisas sobre el asesinato del exconcejal de Ermua.
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