Salvo cambio de última hora, la portavoz del Grupo Popular y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, presentará hoy una proposición de ley destinada a endurecer las penas por el delito de malversación. Según ha podido saber El Independiente, finalmente se rescata además la tipificación de los delitos de sedición y de convocatoria de referendos ilegales, como parte de ese uso y desvío de fondos públicos para fines distintos de los establecidos y más si se trata de objetivos ilegales.

El Partido Popular basará su proposición de ley en la directiva que ha anunciado la Comisión Europea para armonizar los delitos de corrupción en todo el territorito de la UE, sobre todo cuando hay en juego partidas multimillonarias en fondos europeos. La propuesta, aún pendiente de pasar por el Parlamento y el Consejo europeos, quiere unificar otras actuaciones delictivas asociadas al uso de dinero público como la obstrucción a la justicia o los sobornos.

La proposición de ley popular recupera la anterior tipificación de penas, de modo que regresa a los cinco años -en sintonía con Bruselas- sin distinguir si dicha malversación está asociada a enriquecimiento personal. La reforma del Código Penal el año pasado para abaratar este delito fue una cesión de Pedro Sánchez al independentismo catalán con la que asegurarse el apoyo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados.

La proposición de ley popular recupera la anterior tipificación de penas de cinco años

En la misma reforma se eliminaba el delito de sedición para sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados, que, según el Tribunal Supremo, no contempla actuaciones como las de la Generalitat en octubre de 2017, cuando quiso romper el orden constitucional proclamando la independencia de Cataluña. Además, año y medio antes el Gobierno de Sánchez ya había indultado a los condenados por el procés.

Pero fue la reforma de la malversación la que encendió las luces de alarma en Bruselas. El comisario de Justicia, Didier Reynders, admitió entonces que estaban alerta respecto a si dicho abaratamiento de la corrupción era compatible con el derecho comunitario, "en especial con la protección de los intereses financieros de la UE", explicó el pasado mes de enero. Desde entonces no parecía que hubiera mas objeciones hasta que la semana pasada se conoció cómo la comisión trabaja en una directiva que, aunque aún tiene un largo trámite por delante, intenta instaurar una pena mínima de cinco años para los delitos de malversación.

El texto del Grupo Popular revierte la reforma del PSOE, volviendo a la tipificación de 2015 y sin ir más lejos "a la espera de cuál sea la directiva final de Bruselas". Pero contra la reacción inicial de Sánchez en el sentido de que España "tiene los deberes hechos" y la propuesta comunitaria va en el mismo sentido, lo cierto es que habrá que acometer una nueva reforma de un Código Penal que en los últimos cuatro años ha padecido reformas contínuas.

La decisión de incorporar en el mismo texto la sedición y los referendos ilegales es consecuencia de vincular dicha malversación de fondos públicos "a la obtención de fines ilícitos o ilegales" como comprometer la integridad territorial del país e intentar subvertir el orden constitucional, según explican fuentes del PP.

En julio se conocerá el nuevo informe sobre la situación del estado de Derecho en Europa

En el de mes de julio se conocerá el nuevo informa sobre la situación del estado de Derecho en Europa y lo previsible es que la comisión tire de nuevo de las orejas a España por no renovar el órgano de gobierno de los jueces en cinco años, tras varias negociaciones fallidas entre Moncloa y el PP con la decisión última de los populares de echarse atrás tras conocer, precisamente, que el Gobierno les ocultaba la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. No es descartable, tampoco, que aludan a la rebaja penal de un delito tan vinculado a la corrupción de cargos públicos.

Con la proposición de ley, los populares intentan adelantarse a los socialistas, que deberán abordar, sí o sí, dicha reforma desde el momento en que se convierta en una directiva europea. Siguen el mismo camino que con la ley del "sólo sí es sí", cuando elaboraron una propuesta para corregir las demoledoras consecuencias de un texto que benefició a más de 1.000 delincuentes sexuales y, meses más tarde, el Grupo Socialista siguió la misma senda para sacar adelante la reforma con el el PP contra el criterio de su socio de Gobierno y aliados parlamentarios.