El Senado ha aprobado el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio del alquiler tras un debate marcado por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho hincapié en que esta ley "no va contra nadie" y ha ofrecido "colaboración" a promotores inmobiliarios y propietarios privados, mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha comprometido a hacerla cumplir "hasta la última coma".

La ley de vivienda, que ha tardado más de tres años en ver la luz, ha salido adelante en la cámara alta sin modificaciones en el texto que llegó del Congreso y con los votos a favor del PSOE, ERC, EH Bildu y partidos de la Izquierda Confederal (134 votos a favor, 117 en contra y un abstención).

En contra han votado, entre otros, el PP, PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN, que han sostenido que la nueva norma invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios del alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y supone injerencias en la propiedad privada.

Bronca electoral

El debate de las seis propuestas de veto y 324 enmiendas parciales, que se ha prolongado más de cinco horas, ha estado salpicado de momentos de tensión por referencias, sobre todo por parte del PP, a la inclusión de antiguos presos de ETA que han cumplido condenas por delitos de sangre en las listas de Bildu, uno de los socios parlamentarios con los que el PSOE ha pactado la ley.

El senador del PP Pedro Rollán ha afirmado que "los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor (en Barcelona), con 21 muertos, cuatro de ellos niños, sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana de Madrid, donde fueron asesinados doce guardias civiles, y sobre los hierros retorcidos de la casa-cuartel de Zaragoza, donde les fue arrebatada la vida a once personas".

Rollán ha sostenido que en los países donde se han aplicado los topes al alquiler se ha reducido la oferta y ha sido un "desastre" y ha vaticinado que con esta ley pasará algo parecido a lo que ocurrió con la del "solo sí es sí", ya que "pretendiendo beneficiar a la emancipación de nuestros jóvenes serán los okupas, Bildu y ERC los que salgan ganando".

La senadora socialista Isabel Moreno se ha mostrado convencida de que "la derecha española llegará tarde a la limitación de precios", después de que la derecha bávara la haya extendido a 203 municipios alemanes, de que en Francia lo estén pidiendo también los alcaldes y de que en Holanda quieran llegar hasta el 90 % del parque.

La oposición también ha criticado la "tramitación exprés" del texto en esta cámara, donde solo ha habido tres días hábiles para presentar enmiendas, lo que han atribuido a los intereses electorales del PSOE.

"Es una chapuza legislativa, una ley de cara a la galería, más preocupada por las elecciones, por eso vamos tan deprisa", ha dicho el senador de Junts per Catalunya Josep Lluis Cleries, mientras que el de Cs Miguel Sánchez ha aseverado que ésta "no es una ley, sino un anuncio electoral".

Tanto Junts como el PNV han basado su rechazo a la ley en que limita el autogobierno de Cataluña y el País Vasco, a lo que ERC y Bildu han replicado que utilizan ese argumento como "cortina de humo" y como "comodín para no decir que defienden el modelo conservador contra los avances sociales".