Es el primer ingreso en prisión por el mayor caso de corrupción habido en Euskadi. Xabier Sánchez Robles, marido de la diputada del PNV en el Congreso, Josune Gorospe, ingresó ayer por la tarde en la cárcel de alavesa de Zaballa. De este modo, cumplirá la pena de más de siete años de privación de libertad que le fue impuesta por la concesión de contratos a dedo a la trama que encabezaba quien fuera número 2 del PNV en Alava, Alfredo De Miguel. El llamado 'caso De Miguel' se cerró con la condena de una 14 acusados, entre ellos varios exaltos cargos del PNV en Alava.

Sánchez Robles fue director de Juventud del Gobierno vasco y se le condenó por la concesión de contratos de modo irregular a empresas de la trama como Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Fue condenado por la comisión continuada de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Es el único de los condenados con penas elevadas de prisión que no ha recurrido la condena confirmada por el Tribunal Supremo para demorar su ingreso en la cárcel. Los principales condenados han solicitado bien el indulto, bien demorar su entrada en la cárcel alegando motivos de salud.

Sánchez Robles procede de una familia muy vinculada al PNV. Su tío, José Luis Robles, fue alcalde de Bilbao entre 1983 y 1987. Además, su hermana, Isabel Sánchez Robles, ocupó puesto de responsabilidad en el ayuntamiento de la capital vizcaína, en la Diputación y llegó a ocupar un escaño en la Cámara Baja.

El principal condenado en esta causa que aún no ha entrado en la cárcel es Alfredo De Miguel, que ocupó un alto puesto de responsabilidad en la Diputación de Álava. Entre los condenados también figuran otros alto cargo del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, con una pena de siete años y seis meses de prisión.

El caso estalló en marzo de 2010 con la detención de algunos de los ahora condenados. El punto de partida fue la denuncia presentada ante la Fiscalía contra Alfredo de Miguel por la abogada Ainhoa Alberdi por pedirle una "mordida" para lograr un contrato. La sentencia dio por probado que los condenados planificaron una trama de contactos para la obtención de contrataciones a dedo y el cobro de comisiones en beneficio propio. Una trama de la que participaron altos cargos del PNV, empresarios y otros responsables institucionales, además de las parejas de algunos de los principales condenados. El procedimiento judicial se ha prolongado casi 14 años.