El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por amplia mayoría la iniciativa propuesta por el PP para cambiar el sistema de elección de los vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una medida que se ha votado este jueves pese a discutirse el pasado martes y con un hemiciclo casi vacío mientras en el Senado acontecía el último cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo previo a los comicios de las elecciones municipales y autonómicas. Esta cuestión que ha marcado la legislatura, la de renovación del máximo órgano del gobierno de los jueces, seguirá bloqueada tras un retraso de cuatro años y medio por no producirse un entendimiento entre socialistas y populares.

La iniciativa, presentada como proposición de ley por el grupo que lidera la portavoz Cuca Gamarra, ha obtenido el respaldo de Vox, Ciudadanos, y miembros del Grupo Mixto como Coalición Canaria, los ex de la UPN y Foro Asturias. Al frente, se ha opuesto un conglomerado de socios encabezado por PSOE y Unidas Podemos a los que se han unido ERC, PNV y EH Bildu. En total, la mayoría parlamentaria se ha impuesto con 176 votos en contra. 151 han votado a favor con los populares a la cabeza y solo se ha producido una abstención por parte del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

La misma tiene como finalidad que sean los propios jueces los que designen directamente un docena de los 20 vocales que compondrán durante el mandato el CGPJ sin que intervenga el Congreso. Todo, con la finalidad de que haya un mayor garante de independencia, justifican los populares. Actualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 da a la cámara baja la potestad de elegir la veintena de miembros del Poder Judicial. Es decir, ocho juristas reconocidos en el ámbito profesional y doce jueces.

Esta reivindicación del PP en pleno es la misma que, como publicó recientemente El Independiente, trasladará Génova a Moncloa de retomarse en lo que resta de legislatura nuevas conversaciones para la renovación. Un diálogo que quedó frustrado en octubre del año pasado a consecuencia de las negociaciones puestas en marcha entre Ejecutivo y socios externos de legislatura para rebajar los delitos de malversación y derogar la sedición. Ahora bien, fuentes del partido descartan que un nuevo acercamiento vaya a poder darse antes de diciembre, más en contexto electoral.

Por tanto, de posicionarse como Gobierno o nuevamente como oposición después de las generales, los de Feijóo endurecerán con esta petición el posicionamiento para retomar contactos con el PSOE. El cambio se da en que anteriormente, el PP afirmaba estar dispuesto a pactar con los socialistas la renovación con el actual sistema de elección siempre que hubiese un compromiso previo y por escrito de cambio futuro de acuerdo a las recomendaciones europeas. Este movimiento, que puede interpretarse como gesto de presión al Gobierno, se ha producido precisamente tras un nuevo pronunciamiento del comisario de Justicia. La semana pasada, Didier Reynders pidió desde Madrid y en un acto ante el Rey que se renovase el CGPJ antes de que España ocupe la presidencia de la UE.

Esa lectura de presión la esgrimieron los grupos de izquierda en el pleno anterior del martes. El representante socialista en el mismo, el diputado Francisco Aranda insto al PP a no traer "más proposiciones" y a "cumplir la Constitución y desbloquear el Consejo". "Lo único que quieren es controlar la justicia" porque se guían por una "concepción patrimonialista de la justicia, el poder y de España. En su España, a diferencia de la de Vox, sí que cabemos todos, pero debe quedar claro que es suya, que las cosas pasan cuando ustedes gobiernan", les echó en cara el socialista.

Socios de la iniciativa, aunque escépticos

Aunque Ciudadanos y Vox han apoyado la iniciativa, ambas formaciones han sido críticas. Los naranjas, con el portavoz adjunto Edmundo Bal como rostro visible se cuestionó en el debate anterior que el PP vaya ha aplicar realmente la norma de tener los medios y llegar al Gobierno. "No van a acometer esta reforma como no quieren acometer la ley electoral para que Bildu no mande en España", dijo el martes. Profesional de la abogacía del Estado, y lugar al que parece que volverá al finalizar la legislatura, Bal destacó, además, que se requiere incluir que el presidente del Tribunal Supremo sea elegido por jueces con amplia trayectoria o que se restrinjan las puertas giratorias.

El partido de Santiago Abascal, que dejó abierto su voto, finalmente ha apoyado la proposición de ley pese a comparar, en palabras del diputado Javier Ortega Smith la actuación histórica del PP y del PSOE como una "colonización de los órganos judiciales y la injerencia política en el poder judicial". La posición de Vox se enmarca en un mayor reforzamiento de la independencia judicial, con demandas similares a las de Ciudadanos y primando la antigüedad para el acceso a plazas en el Supremo y los tribunales superiores de justicia.