El Gobierno intenta evitar que se proyecte la imagen internacional de un país que hace caso omiso a las acusaciones de transigencia con el racismo. España, aduce, no es un país racista, aunque exista un problema estructural que no se circunscribe solo al ámbito del deporte, pero los delitos de odio "no quedan impunes", "se persiguen y se castigan".

El caso Vinicius acaparó buena parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el último antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Los cánticos racistas que recibió el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Junior el domingo en el Mestalla dominan la agenda y han saltado a la prensa internacional. Y el propio presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha reclamado a España más dureza. "Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y después de más un episodio inadmisible [...], el Gobierno brasileño lamenta profundamente que hasta el momento no se hayan tomado las medidas necesarias para prevenir y evitar estos hechos de racismo", aseguraba el Ejecutivo de Lula en un comunicado este lunes, en el que reclamaba a las autoridades gubernativas y deportivas españolas que castiguen a los responsables de lo ocurrido el domingo.

Tenemos todos los mecanismos para perseguir estos delitos en todos los ámbitos, no solo deportivos. Hay quienes justifican esos comportamientos. Es un asunto sobre el que no cabe ser neutral"

isabel rodríguez, portavoz del gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya manifestó ayer lunes por Twitter su rechazo de lo ocurrido: "Tolerancia cero con el racismo en el fútbol. El odio y la xenofobia no deben tener cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad". Este martes, la portavoz del Gabinete, Isabel Rodríguez, volvió a expresar el "absoluto rechazo" y la "condena" a los insultos racistas a Vinicius. Pero estos comportamientos, añadió, "no quedan impunes en España, en España se persiguen y se castigan". La ministra de Política Territorial mostró entonces su "reconocimiento" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "siempre" actúan ante "cualquier comportamiento xenófobo o racista". Es más, en España, dijo, existe "plena seguridad jurídica en las actuaciones policiales y judiciales" para que estas actitudes no queden impunes.

"Que estos hechos suceden es una evidencia, lo hemos podido ver, y suceden no solo en el ámbito del deporte. Tenemos todos los mecanismos para perseguir estos delitos en todos los ámbitos, no solo deportivos. Hay también quienes justifican esos comportamientos, lo hemos visto. Es un asunto sobre el que no cabe ser neutral, hay que ser tajantes y hay que decir claramente que somos antirracistas porque desde España combatimos estos comportamientos y trabajamos para erradicarlos", sostuvo la portavoz. De soslayo estaba deslizando Rodríguez que hay formaciones que amparan estas actitudes, y se podía deducir que se refería a la ultraderecha de Vox, pero en todo momento ella se contuvo y no hizo alusiones explícitas, vigilada como está, antes del 28-M, por la Junta Electoral Central, que de hecho ya le ha abierto expediente sancionador por "electoralismo" hasta en dos ocasiones.

¿Cabe dar más pasos, reformar la normativa? El Gobierno defiende que no es necesario. España, recordó, que la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte data de 2007, que el Ejecutivo cuenta con "organismos interministeriales para hacer este tipo de seguimientos". La portavoz señaló que en todo caso hay que distinguir las acciones que se enmarcan dentro del régimen interno del deporte e incluso dentro de la propia LaLiga de aquellas que tienen que ver con la legislación común y que se aplican "independientemente de que estos hechos se produzcan en un campo de fútbol, en un supermercado o en una fábrica". "Estos hechos en España se persiguen y se castigan", incidió.

Afecta "a todos"

Rodríguez se afanó en recalcar que la cuestión del racismo "trasciende" lo meramente deportivo y concierne "a todos": no solo al Ejecutivo, sino a los medios de comunicación, las familias, la escuela... La ministra subrayó que en este caso están funcionando "los órganos internos", dentro del ámbito deportivo, como la comisión antiviolencia, y por su parte también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están identificando y deteniendo a los presuntos autores de esos insultos a Vinicius.

Rodríguez asegura que no tiene constancia de que el Gobierno haya tenido conversaciones con el Ejecutivo de Lula

"Por tanto, tolerancia cero; actuación en todos los ámbitos, en el deportivo, pero también en el de las Fuerzas de Seguridad, y contundencia a la hora de marcar un discurso de tolerancia cero, que interpela a todos como sociedad. Esa es la senda por la que tenemos que continuar trabajando, sabiendo que somos más los que estamos frente a este tipo de comportamientos, los que queremos una España en convivencia y trabajamos cada día por ella", remachó.

La portavoz del Ejecutivo aseguró que no tiene constancia de que el Gobierno haya tenido conversaciones con el de Brasil, después de que este manifestara su pesar y se quejara de la pasividad de España. "Lo que sí decimos a todos nuestros compatriotas y al ámbito internacional es que en España este tipo de comportamientos no quedan impunes y por tanto todos los órganos judiciales y policiales trabajan para perseguirlos siempre", replicó.

Fuentes de la Moncloa sí remarcaron que no hay ningún conflicto diplomático entre los dos países, que España y Brasil defienden la lucha contra el racismo. Este lunes, el ministro brasileño de Justicia, Flávio Dino, aseguró que su país estudia adoptar el principio de extraterritorialidad en el caso de los insultos racistas a Vinicius. Eso implicaría que se pueda aplicar la ley brasileña en casos de "crímenes contra brasileños incluso en el exterior", informa EFE. "No caben claroscuros, no caben grises. Condenamos y lo que hacer es condenar también a quienes defienden estos comportamientos, y no ser neutrales, declararnos antirracistas", mantuvo la portavoz del Ejecutivo español.

En el Ejecutivo relativizan el impacto a la imagen de país, porque la mayoría de ciudadanos rechaza estos comportamientos: "España no es racista: es una minoría la que piensa así, a la que se puede combatir en las urnas, y hay partidos que defienden posiciones racistas y no tienen reprobación pública", indicaban fuentes de la Moncloa, de nuevo refiriéndose a los discursos de odio alimentados por la ultraderecha. Además, en el Gobierno creen que si este caso ha tenido mayor repercusión es porque ocurrió en un estadio de fútbol, el Mestalla, pero insisten en que no solo hay que mirar a los campos, porque el problema es de raíz también, y episodios xenófobos los hay, por ejemplo, en los supermercados o en la vida cotidiana.

Los ministerios de Igualdad de España (dirigido por Irene Montero, de Podemos) y Brasil sí lanzaron este martes un comunicado conjunto, del que en la Moncloa no tenían conocimiento previo. En un hilo de Twitter, ambos países muestran su "rotunda y absoluta condena al racismo en el deporte y a la violencia que este genera" y su "solidaridad incondicional" con Vinicius y con todos los deportistas que sufren este tipo de conductas.

Los ministerios de Igualdad de España y Brasil lanzan comunicado conjunto en el que afirman que el racismo es "estructural en nuestras sociedades"

Los dos ministerios insisten en la "obligación de las instituciones competentes de responder con la máxima diligencia para tomar medidas ante este y otros casos que no pueden quedar impunes, asegurando el acompañamiento, protección y reparación de las víctimas de estos delito". "El racismo es estructural en nuestras sociedades. Hechos como el acontecido en Valencia no son aislados, sino que están profundamente arraigados en la sociedad", señalan.

Los dos departamentos recalcan que los Estados "deben reconocer y proteger los derechos de quienes lo sufren, y desplegar políticas públicas efectivas que aborden con rotundidad el racismo, reducir los niveles de vulnerabilidad y violencia, y proteger a los pueblos tradicionales y comunidades migrantes". En el caso español, dice Igualdad, "la futura ley contra el racismo se configura como el horizonte para articular y materializar esta agenda de forma íntegra".