Ocurrió durante décadas. Fueron las más convulsas vividas en democracia en Euskadi. La violencia terrorista creciente condicionó vidas, economías y el día a día de la sociedad vasca. El resultado más cruel fue, sin duda, el rastro de víctimas mortales y heridos, al que se sumó el acoso, la extorsión y la coacción económica y política padecida por numerosos sectores. Durante años familias completas decidieron abandonar Euskadi, víctimas del acoso violento. En otros casos fue el clima social el que precipitó su salida. Desaparecida ETA, algunos estudios han intentado radiografiar y cuantificar lo que se ha venido en llamar el ‘exilio’ provocado por el terrorismo etarra.

A cuatro días de las elecciones del 28-M, y tras la polémica por las listas de EH Bildu con presencia de expresos de ETA, un estudio vuelve a poner el foco sobre el ‘exilio’ padecido por numerosos ciudadanos vascos a consecuencia de la violencia de la banda y que les llevó a abandonar Euskadi. Una situación de la que se afirma que produjo una alteración de censo electoral “con carácter definitivo”. Un impacto social y político que achaca a “la presión nacionalista” vivida por muchos colectivos profesionales e ideológicos. El documento está firmado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad CEU San Pablo y figuran como autores José Luis Orella, profesor de historia contemporánea; Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU y quien fuera delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, que figura como director de proyectos de la Fundación Villacisneros. Además, la expresidenta del PP vasco, María San Gil, aparece como coordinadora del proyecto.

Hasta ahora son pocos los análisis detallados llevados a cabo sobre esta materia. En 2011 el Gobierno vasco que presidió Patxi López encargó al Instituto Vasco de Criminología que analizara la cuestión. En su informe, ‘Retorno’, se estimó en una amplia horquilla de entre 60.000 a 200.000 el número de ciudadanos vascos que habrían abandonado el País Vasco a consecuencia de la violencia terrorista.

El nuevo informe que hoy se presentará cifra el impacto en el 10% de la población vasca y en términos absolutos en alrededor de 180.000 las personas que abandonaron el País Vasco. Una marcha entre 1976 y 2022 que engloba a quienes lo han hecho “por razones políticas, económicas o de otro tipo”, se puntualiza. La cuantificación se basa fundamentalmente en el análisis de la evolución demográfica en Euskadi y su comparación con lo ocurrido en otras comunidades autónomas limítrofes como La Rioja, Navarra y Cantabria, en las que el impacto del terrorismo fue menor.

Un "desmoronamiento" demográfico

A lo largo del informe se señala que el “desmoronamiento” demográfico comenzó en 1976 y se intensificó entre 1995 y 2000. Los autores se refieren a una variedad de causas que explicarían lo ocurrido, razones que engloban en un amplio concepto de “motivos político-terroristas”. Aseguran que las razones fundamentales fueron tanto la amenaza de ETA como la “hostilidad” social e institucional que se vivió en el País Vasco “hacia quien no fuera nacionalista”. También citan otras causas para explicar ese ‘exilio’, como las dificultades económicas propias de la crisis industrial vivida y el “enrarecimiento del clima político”.

El documento, titulado “El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica”, realiza valoraciones muy críticas sobre el comportamiento social e institucional de la sociedad vasca durante años ante el impacto de la violencia de ETA. Los autores aseguran que el ‘éxodo’ se favoreció por “la impunidad de los asesinatos de ETA, amparados por el silencio en la calle y los comentarios favorables de los demás partidos”. Subrayan que la falta de libertad que durante tantos años se ha vivido en Euskadi ha perjudicado a las formaciones constitucionalistas y ha beneficiado a las nacionalistas gracias a una alteración del censo electoral y de la oferta política que no les ha permitido concurrir en igualdad: “Ha impedido que las alternativas no nacionalista puedan competir en igualdad de condiciones”.

Añaden que esta situación ha impedido una verdadera “pluralidad política” que se habría ido “desangrando” hasta el extremo de asemejarse “a los regímenes de partido único”. Una situación que habría asegurado para el nacionalismo vasco “unos resultados que no habría alcanzado sin la existencia del terrorismo”. Los autores del informe señalan que el clima social que se generó durante todos esos años permitió al nacionalismo “moldear una sociedad a su gusto y en beneficio de los partidos de ámbito nacionalista”.

Aseguran incluso que la marcha de muchos vascos por razones económicas también ha estado mediatizada por el control que el nacionalismo ha llegado a tener de la sociedad y la economía vasca, aprovechando procesos como la reconversión industrial que dejó fuera a muchos trabajadores, “votantes mayoritariamente de opciones de izquierda no nacionalista”.

Emigración sin vuelta

Apuntan que el “régimen nacionalista” también habría expulsado a los “descendientes de aquellos no nacionalistas” que, al carecer de contactos, no han encontrado oportunidades laborales en “un mercado de trabajo mediatizado por las condiciones que favorecen a los nacionalistas” y que les habría forzado a una “emigración sin vuelta”, con la pérdida de talento que ello ha supuesto para la economía vasca. Cuestionan que ni siquiera en los años más recientes sin la violencia de ETA desde las instituciones vascas se ha trabajado para “facilitar su retorno”.

El documento también destaca el peso que ha jugado el que define como “privilegio fiscal vasco”, en referencia a la foralidad y el Cupo vasco. Unas condiciones que consideran que son las que le habrían permitido al País Vasco gozar de un elevado nivel de vida y alcanzar la segunda renta per cápita más alta de España. Añaden que se trata de una situación de privilegio respecto al resto de Comunidades Autónomas. Recuerdan que el déficit de la seguridad social es reflejo de ello, con un saldo negativo el año pasado de 4.300 millones entre las cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de pensiones, las más altas del país.

El informe recoge testimonios de algunas de las personas que decidieron abandonar el País Vasco a consecuencia de la presión que padecían o tras haber sido víctimas de atentados de ETA. Entre ellas figuran familiares del exdirector de ‘La Gaceta del Norte’, Manuel González Barandiarán, del exdirigente del PSOE, Fernando Mugica, ambos asesinados por ETA, el magistrado Juan Pablo González, el sociólogo Francisco Llera o la catedrática Edurne Uriarte, entre otros.