Figura en el décimo puesto de la lista de EH Bildu por la localidad guipuzcoana de Astigarraga. La de Sara Majarenas es una de las 44 candidaturas de expresos o colaboradores de ETA condenados por la Justicia que concurren en las elecciones municipales y forales de este domingo. Tras la denuncia de la asociación Dignidad y Justicia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional inició una investigación sobre la situación de estos candidatos, y en particular sobre los posibles casos en los que aún estuviera sin cumplir sus condenas de inhabilitación. Es el caso de Majarenas, sobre el que la Justicia ha informado que no completará su condena de inhabilitación hasta el 6 de abril de 2028 y por tanto no podría presentarse en esta cita electoral.

La Fiscalía ya ha trasladado la información sobre su situación penal a la Fiscalía de San Sebastián para que a su vez la comunique a la Junta Electoral para que evalúe su posible impugnación. Es por el momento el único caso sobre el que se ha subrayado la imposibilidad de poder presentarse, en contra de lo reclamado por algunas asociaciones de víctimas.

Majarenas salió en libertad en abril de 2018 tras cumplir la condena de 13 años y 10 meses que le fue impuesta por colaborar con el ‘comando Levante’ de ETA. Fue condenada por delitos de integración en banda armada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Majarenas se desmarcó públicamente de la violencia y de ETA, posicionamiento que hizo llegar a la Justicia para poder progresar a tercer grado. Fue detenida en 2005 como parte del comando de ETA que tuvo entre sus objetivos atentar contra la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Agresión a su hija

Su historia saltó a la luz a consecuencia del grave ataque sufrido por su hija a manos del padre de esta, un hombre de origen griego que Majarenas conoció en prisión y del que se encontraba en trámites de separación. En enero de 2017, durante uno de los permisos, el hombre se quedó al cuidado de la niña, de tres años en el momento de sufrir la agresión, e intentó matarla con varias puñadas en el tórax y la espalda. Finalmente, la intervención de los servicios de emergencia lograron salvar la vida de la menor.

La interna se encontraba en segundo grado penitenciario y fue trasladada a Madrid para que finalizara su condena cerca de su hija, que residía en un hogar de acogida para menores en la capital de España. Para ello, Majarenas remitió en marzo de 2017 una carta a la Audiencia Nacional en la que rechazaba su relación con la banda.

Tiempos después, una vez recuperada su hija, Majarenas solicitó el traslado el País Vasco, desde la casa de acogida dependiente de la Cárcel de Aranjuez en la que se encontraba. La petición fue rechazada de modo reiterado. El caso, junto al de otros hijos de presos de ETA, fue utilizado para denunciar el impacto de la política de dispersión de los presos de la banda que hasta 2018 aplicó el Ministerio del Interior.

En el último tramo de la condena Majarenas llegó incluso a matricular a su hija en una ikastola de San Sebastián para forzar su traslado al País Vasco a escasos meses de que culminara su condena.