Cuatro años después, los españoles renovarán este domingo los consistorios de un total de 8.131 municipios. En ellos, se elegirán 67.152 concejales, así como 175 consejeros de cabildos insulares de Canarias, 97 alcaldes de concejo abierto y 25 diputados de las asambleas de Ceuta y Melilla. Asimismo, doce de las diecisiete comunidades también se someterán a urnas para actualizar sus parlamentos regionales. No participan en la jornada del 28-M Andalucía o Castilla y León, que adelantaron los comicios el año pasado. Tampoco Galicia, País Vasco o Cataluña, que lo hicieron entre 2020 y 2021, caso de la última comunidad, y están inmersos en un ciclo distinto.
Los colegios electorales abren este domingo a partir de las 09:00 horas, y se mantendrán abiertos hasta las 20:00 horas. Se espera un día de lluvias generalizadas. Allí podrán ejercer su voto todas las personas empadronadas en su localidad correspondiente, mayores de 18 años y que presenten su documento de identidad. Previamente, todos los electores habrán recibido en su domicilio su tarjeta censal, donde marca en qué distrito y centro se encuentra la mesa que le corresponde. De contar con la papeleta y el sobre recibido mediante propaganda electoral, el elector puede depositar directamente el voto en su colegio. Pero también podrá coger la papeleta que desee en las cabinas instaladas en los mismos. De votar fuera autonómicas también, habrá un sobre blanco para las locales y otro salmón para las regionales.
Estos comicios servirán, con seis meses de antelación, como termómetro electoral de cara a las elecciones generales, para comprobar si la tendencia que exponen las principales encuestas privadas corresponden y se ve un crecimiento de PP frente a una rebaja de influencia del PSOE y sus socios a la izquierda del tablero. O bien si ésta resiste generalizadamente como solo apunta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Respecto a los sondeos, se estima un empate técnico entre socialistas y populares en el voto de municipales, pero a nivel autonómico se perciben probables vuelcos a la derecha con asociaciones entre PP y Vox. En el foco están, especialmente, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Aragón. La Región de Murcia o la Comunidad de Madrid, al contrario, apuntan a un refuerzo de las presidencias del PP de Fernando López Miras e Ayuso.
Otra de las principales cuestiones que se tendrán muy en cuenta en la noche electoral es qué ocurre con los socios prioritarios del bipartidismo. Ciudadanos apunta al extraparlamentarismo en todos sus feudos salvo Aragón, según las última publicaciones demoscópicas. Aunque desde el fortín naranja se insiste en que habrá resistencia con Madrid capital como núcleo de la misma con Begoña Villacís.
Igualmente, tendrá interés si Vox consigue implementar resultados, dado que la representación autonómica actual, coincide con el momento electoral previo a la repetición de las últimas generales. Entonces los de Santiago Abascal avanzaron de 24 escaños nacionales a 52, una cifra que mantendrían, a priori en diciembre. Por la parte de Podemos e Izquierda Unida, o de la coalición que aún mantienen en algunos feudos, la atención está depositada en si podrán superar la barrera del 5% en lugares como la Comunidad Valenciana o la de Madrid. Contar con representación podría marcar el continuismo de Ximo Puig en la Generalitat mediante el pacto del Botánico, y de no hacerlo, la mayoría de Ayuso.
Una campaña marcada por ETA y la compra de votos
La campaña arrancó la madrugada del viernes 12 con el presidente del Gobierno en la Casa Blanca junto a Joe Biden y con la incorporación de 44 exetarras a las listas municipales de EH Bildu en País Vasco. Siete de ellos, condenados por crímenes de sangre. Asimismo, el reparto de la publicidad en RTVE marcó una de las polémicas de esa semana, por el recurso presentado a la Junta Electoral por parte de Unidas Podemos. Y es que la mayoría de los minutos recayeron en PSOE, PP y Ciudadanos frente a quince minutos totales de Unidas Podemos y Vox. Ello, a raíz de los resultados anteriores para el reparto. La JEC lo rechazó. En añadido, Alberto Núñez Feijóo, según publicó El Independiente abría su compromiso, nuevamente, a proponer la noche electoral que en los territorios gobernase la lista más votada si el PSOE accedía. Es algo que ha comentado con los barones socialistas Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara para que presionen a Sánchez.
Arrancada ya la campaña, la cuestión con los abertzales ha copado la primera semana de la misma. Se entrelazó con otro asunto nacional: la sequía y la polémica con el Parque Nacional de Doñana. El Gobierno reprochó al PP andaluz su intención de regular los pozos de regadío agrícolas del entorno de Doñana en un momento de sequía extrema. Por su parte, los populares demandaban al Ejecutivo construir las obras ya adjudicadas para asegurar trasvases que mantuvieran los niveles de agua. Este asunto autonómico salpicó al debate estatal y el PP de Feijóo se comprometió a dar prioridad en la legislatura al asunto de llegar a La Moncloa.
Sobre EH Bildu, la respuesta de los partidos nacionales fue el rechazo por inmoralidad y falta de decencia de los socialistas, con quien sostienen la investidura -así como con Unidas Podemos, el PNV y ERC-, aunque el reconocimiento de que la acción era legal. El PP también amagó por esta línea, pero tuvo que lidiar con la contundencia de Vox, que pidió ilegalizar a los de Arnaldo Otegui por incompatibilidad con la Ley de Partidos. La estrategia de poner a ETA en el centro del debate ha beneficiado a la derecha. Lo reconoce hasta el CIS. Incluso fuentes populares creen que la 'normalización' de los vascos como socio pese a esto, allana el camino a pactos entre PP y Vox. Lo destacado ha sido que Ayuso se haya adherido a la línea de Vox para pedir esa prohibición de los independentistas vascos. También la solicitud de familiares de víctimas por terrorismo para que la presidenta autonómica deje de "utilizar" esos sucesos.
La campaña también comenzó con anuncios por parte de Sánchez en materia de Vivienda. Ya inmersos en ella, dio a conocer otros como el derecho al olvido oncológico, ya en el BOE, o cine a dos euros para los jubilados en jornadas concretas. Entre otras medidas, el PSOE pensaba que movilizaría, pero el 'tema Bildu' y el escándalo de compra de votos que empaña al partido en algunas poblaciones la ha desvirtuado. Aun así, Sánchez ha reivindicado la "política útil" pasando de puntillas sobre el hecho y sin mencionar lo sucedido en Mojácar o Albuidete.
Pero ha sido la trama de Melilla asociada al partido pro marroquí Coalición por Melilla el epicentro de esta corruptela. El ascenso de las solicitudes de voto por Correos alertó a las autoridades. De 11.707 peticiones, finalmente solo se depositaron 761 sin presentar el DNI y alrededor de 1.121 se han efectuado. Se está investigando a una treintena de personas y entre los sospechosos están el ya exconsejero de Distrito, Juventud y Participación Ciudadana de Melilla Mohamed Ahmed Al-Lal y el yerno de Mustafá Aberchán, el líder del CPM. Ciudadanos ha querido dar un punch extra en la campaña exigiendo la comparecencia de los ministros de Exteriores e Interior en el Congreso de los Diputados, una comisión de investigación y que se retiren las ayudas europeas a Marruecos si se demuestra que es una injerencia de Rabat. Hubo una tercera detenida a la que le encontraron 150 votos robados el día de registro de uno de los locales del partido municipalista.
Entre medias de ambos asuntos, se han producido otras detenciones, como el de la 'narco-concejal' de Vox en Parla, quien declaró ganar 25.000 euros de sus empresas cuando la Policía investiga un entramado de 38 millones. El racismo, más brevemente y tras los ataques a Vinicius Jr. en el campo de Mestalla hicieron tomar partido a las formaciones. Para la izquierda el problema del racismo existe, Feijóo rechazó este tipo de actitudes pero, al contrario, afirmó que España no es un país racista. Vox habla de "violencia verbal" y se centra en que son ellos los que han sufrido ataques en campaña en zonas de País Vasco o Cataluña.
La rebaja de alusiones a Bildu ha hecho volver al termino de la campaña al PSOE a los anuncios masivos y al PP a pedir el voto útil para frenar a Sánchez. Entre los últimos del PSOE destacan el reparto de 38,5 millones a las CCAA para impulsar la atención en salud mental o 580 millones para "robustecer" y "modernizar" la atención primaria. Para capitalizar el voto femenino, los socialistas harán obligatoria la paridad en órganos como el Constitucional o el CGPJ.
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