Después de digerir los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, y con el inminente adelanto de elecciones generales fijadas para el 23 de julio, Vox ha puesto al PP al frente de una encrucijada. Sin considerarlo como "un ultimátum", en vista a los vuelcos políticos a la derecha que han dejado las urnas, Santiago Abascal ha pedido a Génova que aclare que senda quiere tomar a partir de ahora y para afrontar los próximos comicios: el de "la alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez que "han solicitado" las urnas, u "otro camino" enfocado a posibles pactos con los socialistas o terceros en algunos territorios.

Esta petición de postulación, que viene dándose en la etapa Feijóo desde el inicio de su mandato en el PP, se produce en un momento paradójicamente complicado para los conservadores, dado que pese a la victoria y tener despejados multitud de ejecutivos locales y al menos seis autonómicos, un acercamiento inmediato puede frustrar el mensaje de moderación que buscan los populares para aglutinar voto por el centro y llegar a La Moncloa.

No hay que descartar que en las negociaciones que se darán entre Génova y Bambú en las próximas semanas, haya una voluntad de los populares a extender el diálogo hasta después de las generales. Vox, como ha confirmado este lunes su presidente, no ve perjuicio en su estrategia electoral, porque "nuestro discurso es muy claro: queremos derogar a Sánchez". Aunque la dependencia de Feijóo respecto a Bambú juega a favor de los ultraconservadores. Y Sánchez lo sabe, de ahí este adelanto "meditado" para tapar el declive electoral del 28-M y poner sobre el tablero la dicotomía: "o un gobierno del PSOE, o uno del PP con "la extrema derecha".

Abascal ha declarado que no aceptará "ningún chantaje" por parte del PP, pero también ha dejado constancia de que es desarticular la "nociva" legislación del actual gobierno lo que predominará a la hora de entablar conversaciones profundas más allá de las ya iniciadas con Génova. Sea o no crucial la integración de los barones de Vox en los consejos de Gobierno regionales, los de Abascal serán necesarios en la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares y Cantabria. También puede influir en Canarias. Y tendrán unas líneas rojas imprescindibles de acatar con el acuerdo de Castilla y León como eje [sus demandas son las mismas para toda España], ahora bien, la renuncia entonces de sus principales exigencias para brindar un pacto sí podrían ponerse sobre la mesa ahora al contar con mayor influencia. Eso pondría en un aprieto a Feijóo. Estas, que aún no se han aplicado en Castilla y León son:

Derogar las leyes de Memoria Histórica autonómicas

Feijóo ha reiterado desde la negociación y después de su aprobación que derogará la ley de Memoria Democrática pactada por el Gobierno y apoyada por EH Bildu, porque "atenta contra el espíritu de la Transición". "Bildu no puede ser el notario que reescriba la historia de España", ha opinado el líder popular en varias ocasiones. Ahora bien, las referencias que hacen desde Bambú a la legislación de la izquierda incluye las leyes de Memoria Histórica regionales impulsadas desde 2015, algo sobre lo que el PP no se ha posicionado claramente. Un ejemplo es la abstención del PP de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana en 2020 frente a la exigencia de Vox en Les Corts. También las hay en Aragón, Baleares o Extremadura.

Frente al órdago de Vox, el PP podría aceptar la línea roja e impulsar el proyecto de Ley de Concordia en el que se trabaja en Castilla y León [no se conocen detalles] para sustituir a la aprobada por el barón popular Vicente Herrera en 2018, o intentar convencer a Vox de la vía presupuestaria, dejando sin financiación a las entidades que se benefician de la legislación.

Leyes Trans, para el colectivo LGTBI y Mujer

Otros de los compromisos del presidente del PP es suprimir la nueva legislación sobre el colectivo Trans e implantar en los primeros cien días de gestión su propia ley. Una sostenida en un grupo de trabajo en el que participen asociaciones feministas, integrantes del colectivo, científicos y médicos psiquiatras. Ello tras plantear 'retocar' las leyes autonómicas con anterioridad para "neutralizar" la norma aprobada por PSOE y Unidas Podemos. El conflicto puede darse en la demanda de Vox a suprimir estas leyes [que contienen mención a derechos LGTBI] como ya pidió Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid. No ha sido una demanda explícita a Alfonso Fernández Mañueco porque en su autonomía y en Asturias no existen este tipo de normas. Vox contempla su derogación porque, entre otras cosas, "considera suficiente el "vulnera libertades, impone ideología de género y discrimina a la familia".

Entre las peticiones de Vox saldrá la de sustituir leyes como la de violencia de género de la Comunidad Valenciana (impulsada por el PP en 2004) o de Aragón (2007) por otra de 'violencia intrafamiliar'. La negociaciones de Mañueco y Juan García-Gallardo al respecto en marzo del año pasado ya hicieron al PP nacional tener que hacer equilibrios con ambas cuestiones. Feijóo dio cabida a la coexistencia de ambas atribuyendo como intrafamiliar un caso de violencia vicaria. Ello cuando el compromiso del PP siempre ha estado contra la violencia machista, con ejemplos como el Pacto de Estado de 2017. Tendrá que profundizarse en esta dinámica.

Los 32 puntos de acuerdo de Castilla y León no incluyeron, pese a todo ningún asunto altamente polémico. Los de Abascal, que estarán tutelados desde Madrid, podrían replicar el documento programático de investidura [defienden las mismas propuestas en todo el territorio] incluyendo menciones al fortalecimiento del papel de los municipios y las provincias [como alternativa a su faceta anti autonomista], el impulso de la industria para potenciar la producción autóctona [en detrimento de la importación exterior] o la rebaja del gasto superfluo. Igualmente, el compromiso con el mundo rural y la despoblación, que potenciaría en aquellos feudos con problemas como Aragón o Extremadura.

Troncales serán dos ejes del discurso de Vox: la relación del sostenimiento económico con la supresión de las subvenciones a sindicatos y patronal; y la exigencia de regular la inmigración y combatir las mafias en las autonomías de manera "ordenada". Este último, es un compromiso adquirido por Mañueco sobre el papel del cual no ha trascendido acción ninguna de Gobierno. Aquí hay más ambigüedad al respecto por la posición que tomaría el PP [el acuerdo se tejió en la transición de Casado a Feijóo], dado que Díaz Ayuso en Madrid rechazó tomar esas medidas contra las entidades sindicales y la patronal, y denunció la "estigmatización" hecha por Vox hacia los inmigrantes.

Con el dilema de la vivienda de por medio en esta campaña, Vox ha propuesto intensificar las reducciones fiscales en general, pero también a la hora de comprar una casa. Abogan por eliminar tasas que aligerarían, dicen, el precio final en un 20%. A ello añaden la liberalización del suelo que no esté protegido para aumentar la edificación de viviendas de protección oficial. En Baleares, medidas de protección del castellano estarán vigentes en un acuerdo, y de manera general la promoción de la natalidad.