La alcaldesa de Maracena (Granada), Berta Linares (PSOE), y su pareja, que está acusado del secuestro de la edil socialista Vanessa Romero el pasado 21 de febrero, mantuvieron un encuentro horas después de los hechos junto a un salón de juegos de esta localidad. La primera edil del municipio negó que se encontrase con el secuestrador aquel día.

Las periciales también han revelado que sobre las 14.00 horas de aquel día contactó con su pareja tras varias llamadas telefónicas enviándole un mensaje por Whatsapp en el que le indicó: "A las 14.00 horas nos vemos en mi piso".

Así se desprende de las imágenes a las que ha tenido acceso El Independiente y que obran en el sumario judicial de la causa. En ellas se puede ver a Linares junto a su pareja de entonces, el mismo día del secuestro, paseando por una calle de la ciudad.

Tres políticos implicados

Las investigaciones apuntan también a que tanto la alcaldesa, como el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, y el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, coincidieron presuntamente en "la misma dirección de antena" de Maracena aquel día horas después del secuestro y a un posible cruce de llamadas entre los tres.

Así se desprende del informe de la Policía Judicial del que se hace eco la Fiscalía en el escrito que ha aportado al Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que está investigando este caso por el que hasta el momento permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza el presunto secuestrador por un delito de detención ilegal.

El pasado 21 de febrero, el detenido metió presuntamente a la concejal Vanessa Romero en un maletero con la cabeza tapada, atada con bridas de pies y manos, tras amenazarla con una pistola simulada. Posteriormente estacionó el vehículo en un local de Armilla (Granada) y se marchó dejándola allí; ella logró escapar y denunciar los hechos.

El juez ha levantado el secreto sobre las actuaciones y en un auto acuerdó deducir testimonio de todo lo practicado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "por la presunta comisión como inductor de un delito de detención ilegal (...) por parte de Noel López en su condición de diputado autonómico" y también, "para no dividir la continencia de la causa", por parte de Berta Linares y Antonio García Leyva, "los tres como presuntos inductores o en su defecto por presunto delito de conspiración".