No estaba en los planes. De algún modo, ha sido un ‘regalo electoral’ caído del cielo. El adelanto de los comicios anunciado por Pedro Sánchez pondrá en manos de PNV y PSE un escaparate sin igual para vender gestión y capacidad. El ‘Tour de Francia’, uno de los mayores eventos deportivos del mundo, situará al País Vasco en el foco informativo mundial a sólo cuatro días de que arranque la campaña electoral para el 23-J. Entre el 1 y 3 de julio la carrera recorrerá a lo largo de tres etapas las tres provincias vascas y numerosas localidades vascas.

Atraer a Euskadi la denominada ‘Grand dèpart’ (Gran partida) no es sencillo. Ni barato. Hace más de dos años que las instituciones vascas trabajan para que la organización les seleccione, para que vea en las carreteras y montañas vascas un escenario ideal para arrancar su 110 edición en el País Vasco. Además de acreditar medios y recursos organizativos, es necesario disponer de un significativo desembolso económico: 12 millones de euros, a repartir entre el pago del canon a la organización (7,5 millones de euros) y el coste del operativo a desarrollar. A ello, se sumará alrededor de otros dos millones de euros para costear los numerosos actos paralelos que se han programado al calor de la llegada del Tour para los días previos.

La financiación correrá a cargo de las tres diputaciones forales y de los ayuntamientos de las tres capitales vascas. Las seis instituciones están gobernadas en coalición por el PNV y el PSE. Una alianza que no variará tras los resultados electorales del 23-M. Hace meses que la promoción de la partida del Tour desde tierras vascas ha sido utilizada por los organismos públicos para vender la marca ‘Euskadi Basque Country, welcome to the bike country’ internacionalmente. No cabe duda, que la utilización del deporte como reclamo con el que identificarse volverá a ser un recurso a exprimir por los dirigentes políticos durante esos días.

Algo similar ocurrió en 1992, cuando la etapa prólogo de la prueba partió de San Sebastián. Lo hizo poco después de que el PNV perdiera la alcaldía en beneficio del PSE, con su candidato Odón Elorza ya como alcalde. Finalmente Elorza optó por compartir el protagonismo con el resto de formaciones en aras a una convivencia necesaria para el correcto desarrollo de la prueba. Tres décadas después, no será necesario realizar ajustes imprevistos ya que PNV y PSE mantienen el control gubernamental de todas las instituciones que financian la carrera.   

La marca 'Basque country'

En plena pandemia, en marzo de 2021, el lehendakari Urkullu hizo la primera gran presentación de la prueba acompañado de las autoridades locales y de los máximos responsables de la prueba. En octubre pasado asistió a París para participar de la presentación oficial de la carrera, “es un sueño para nosotros”, reconoció.

La gran afición al ciclismo y la implicación de los aficionados vascos con esta carrera en cada edición a su paso por los Pirineos ha sido un elemento determinante para que Euskadi fuera seleccionada como punto de partida y desarrollo de las tres primera etapas. Un aspecto que está siendo aprovechada en la campaña de promoción ya en marcha: “Allí donde hay ciclismo, hay una ikurriña, welcome to the Basque Country”, reza el lema de la campaña promovida por las instituciones.

En las últimas ediciones la empresa organizadora del Tour, Amaury Sport Organization (ASO) ha apostado por iniciar la prueba fuera de Francia. Lo hizo en la ciudad inglesa de Leeds (2014), en Bruselas (2019) o en Copenhague (2022). El inicio de carrera programado para el próximo día 1 de julio. Partirá del entorno del Museo Guggenheim y tras recorrer 182 kilómetros a lo largo del territorio vizcaíno regresará a Bilbao. Al día siguiente la segunda etapa comenzará en Vitoria y culminará en San Sebastián, con un recorrido de 208,9 kilómetros. La tercera y última etapa arrancará desde la localidad vizcaína de Amorebieta y terminará a 187,4 kilómetros de distancia, en la localidad vascofrancesa de Bayona.

El operativo que requerirá la organización de la prueba conlleva un amplio dispositivo de medios policiales, de protección civil, sanitarios y de servicios. Además, se ha alertado a la población de la gran afección a la movilidad que se provocará al paso de la carrera, en particular en las ciudades, con cortes de acceso que podrían extenderse por periodos de más de cuatro horas. Unas medidas que se comenzarán a aplicar incluso en vísperas del 1 de julio, fechas en las que coincidirá con el comienzo de la operación salida vacacional.   

Una 'caravana' de 6.000 personas

La llegada de la carrera viene precedida de un clima de tensión en el seno de la Ertzaintza, esencial para el despliegue del operativo. Las movilizaciones de miles de agentes en demanda de mejoras laborales no supondrán, según han asegurado los responsables de la consejería de Seguridad, un problema para disponer de los medios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la prueba a lo largo de las tres jornadas.

Sólo la caravana de la carrera la componen cerca de 4.500 personas, a las que se suma alrededor de 2.000 profesionales de la comunicación. Las autoridades institucionales han asegurado que la inversión de 12 millones previstas generará unos retornos muy superiores, cercanos a los 120 millones de euros, según las primeras estimaciones, además de una revalorización de la imagen internacional del País Vasco.

Por el momento no ha habido corrientes contrarias a la llegada de la carrera ni amenazas en formas de boicot a la misma. En 1992, cuando el Tour partió de San Sebastián, la amenaza de ETA condicionó sobremanera su desarrollo. El entorno abertzale se mostró contrario. En vísperas de la prueba, el 4 de junio de 1992, se produjeron pequeños sabotajes. Incluso poco antes de iniciarse la carrera en la línea de salida aparecieron chinchetas con las que se intentó alterar el desarrollo de la carrera.

Fue además una prueba de fuego para la Ertzaintza. En aquel entonces la policía vasca aún no había completado su despliegue en el País Vasco. Entre las áreas pendientes se encontraba San Sebastián. El intento inicial del ministerio del Interior por forzar que fuera la Policía Nacional la que se encargara del dispositivo fracaso. Una negociación con las autoridades vascas hizo que la Ertzaintza, en colaboración con la policía francesa asumieran el control.