El pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, que hará a Carlos Mazón presidente de la Generalitat, era uno de los más complicados de tejer, entre otras cosas porque la necesidad mutua de populares y ultraconservadores era amplia [40 diputados del PP y 13 de Vox frente a una mayoría requerida de 50 escaños] a diferencia de otras comunidades. Ahí es donde ponen el acento en Génova, en destacar que el modelo valenciano no es necesariamente exportable a otros tres territorios donde se explorará la posibilidad de gobiernos monocolores.

Se trata, en concreto, de Murcia, donde el popular Fernando López Miras tiene más escaños que toda la izquierda junta y está sólo a dos de la mayoría absoluta; de Extremadura y de Aragón. Los votos que necesitan los populares del partido de Santiago Abascal o son pocos o, tan siquiera, necesitan un apoyo explícito sino, simplemente, la abstención para sacar adelante las respectivas investiduras.

"No es igual Valencia que Extremadura y Aragón, tampoco Murcia", aducen fuentes de la dirección popular, en muy buena medida porque pretenden de ese modo compensar el gobierno valenciano con Vox. Otro asunto es Baleares, donde las cosas se le pueden complicar más a Marga Prohens, quien ha destacado ver bien encarriladas las negociaciones para su investidura. En definitiva, y aunque desde el PP insisten en calificar de fallida la estrategia socialista de vincular a Génova con la sede de Bambú -nombre de la calle de Madrid donde se ubica la sede nacional de Vox- pretenden que la foto final diste mucho de la de un partido preso de Abascal.

Los populares recuerdan sus pactos en Canarias con CC y en Cantabria con el PRC de Revilla

En este sentido recuerdan el pacto de Gobierno alcanzado con Coalición Canaria en las Islas, para desalojar del poder al socialista Ángel Víctor Torres, y en Cantabria, donde de forma sorpresiva el ya presidente en funciones de esta Comunidad, Miguel Ángel Revilla, ha ofrecido sus escaños autonómicos para que el PP no dependa de Vox. Quiere decir que "no todo está en manos de los de Abascal" subrayan, para agregar como argumento de peso que el escenario sería otro si el PSOE hubiera recogido el guante de dejar gobernar a la lista más votada o bien dado sustento al PP para no tener que negociar con Vox.

Muchos dirigentes populares, sorprendidos de la celeridad del pacto valenciano, alegan que "si solo es en este territorio" se trata de un riesgo controlado. Pero también se rebelan contra el criterio que da vía libre al PSOE "para poder pactar con quien quiera" y limitar al tiempo el margen de maniobra del PP. "Lo que se dice es que no gobernemos", critican. Los "cordones sanitarios" que pide la izquierda contra Vox "sólo son legítimos si quien los reclama está dispuesto a darnos cobertura para poder gobernar".

De momento, Génova se prepara para la andanada socialista y, contra la tesis de interesarle ralentizar la formación de gobiernos autonómicos, tras la firma del acuerdo en Valencia no les vendría mal que el calendario se agilizara en los tres territorios donde creen posible gobiernos en solitario, para demostrar que no son presos de Vox. Otra cosa son los ayuntamientos, que se constituyen este sábado y donde Génova no ha vetado ningún tipo de acuerdo.

Abascal quiere consolidar el proyecto piloto

La plaza castellana y leonesa, epicentro del proyecto piloto de gobierno autonómico entre populares y ultraconservadores ha evolucionado a predinámica con el acuerdo valenciano. Y los de Abascal, que buscan homogeneidad en todo el país, no dudarán en replicar los intentos de independencia del resto de barones populares. Ya lo han hecho con el preacuerdo de Cantabria entre PP y PRC, asociando a Revilla con la corrupción institucional. Una constante en Bambú es asegurar que en las conversaciones con el PP se seguirán los "mismos" criterios. Porque "somos un partido nacional que dice lo mismo en todos los sitios", insisten siempre desde Vox. a quien el segundo acuerdo de coalición con el PP les sitúa en una posición de fuerza. Incluso se reconoce en privado que no se aceptarán chantajes.

Ahora bien, desde Vox son conscientes en que no es lo mismo el valor de un par de escaños como los que necesitan María Guardiola o Fernando López Miras. Aplicarán criterios con "coherencia", por los que si ven más margen con Jorge Azcón, quien este martes, mientras se rubricaba el preacuerdo valenciano iniciaba ronda de conversaciones con Vox. De momento, el pacto de Mazón augura tener mucho que ver con lo acordado el año pasado entre los de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo. A priori solo se conocen los cinco ejes sobre los que trabajarán delegaciones de ambos partidos, entre los que destacan el "apoyo a las familias para fomentar la natalidad, su seguridad y promoción", así como la "libertad" de elección o el reforzamiento de la sanidad y los servicios sociales.

Estas prioridades sobre las que cimentar el pacto, promocionadas por Vox antes de lo que el PP, al menos de Madrid, estimaba, dan pie a tener una idea de la demanda de carteras: una vicepresidencia, las consellerías de Agricultura y Desarrollo Rural [en el que se tendrían en cuenta políticas de despoblación] y otra de Familias y Bienestar Social, que sería de nueva creación. Las alusiones a la "libertad de elección" pueden relacionarse, igualmente, con el ámbito educativo. Lo que al menos vislumbra un cambio en lo que respecta a los centros y a la lengua vehicular. En estos momentos hay un modelo plurilingüe. Según ha adelantado OkDiario, apelando directamente a estas competencias, los nombres que se manejan son el de el excordinador por Valencia José María Llanos para la presidencia de las Cortes, y Miriam Turiel para asuntos sociales; Julia Llopis para Educación; y Llanos Masó o Vicente Barrera para Agricultura. Podría haber pleno de mujeres en los puestos de poder frente a unas negociaciones de vacío.

Preguntadas por este posible reparto, fuentes de Vox en la Comunidad Valenciana implicadas en las conversaciones omiten posicionarse. "Se sabrá antes de que termine la semana", sí lo afirmó el propio Flores Juberías en una comparecencia posterior a la reunión mantenida con Mazón este martes. Lo que si se conoce, tal y como ha destacado Miguel Barrachina, quien integra la comisión negociadora del PP, es que el Ejecutivo será más pequeño, y recortará asesores y altos cargos. Un recorte que Feijóo también quiere hacer desde dentro de Moncloa en el Consejo de Ministros.

Aunque Flores Juberías da por descontado que el futuro Gobierno encontrará por el camino diferencias internas respecto a determinados posicionamientos, de momento Vox ha evitado hablar de puntos escabrosos. Algo que deja patente la intencionalidad de cerrar con rapidez el acuerdo antes del inicio de campaña de generales. Pero sobre todo, de buscar un plan alternativo a la figura de su candidato, quien los populares han vetado desde el inicio e irá de número 'uno' al Congreso por Valencia. Así se confirmó en la rueda de prensa posterior al último comité de dirección en palabras del portavoz Borja Sémper. De momento, queda fuera cualquier alusión a Memoria Democrática, subvenciones a sindicatos y patronal, cuestiones de género e igualdad, o Trans, entre otros. Aunque uno de los propósitos de campaña de Vox es derogar todo esto en lo posible y a nivel autonómico.

Se allanan pactos municipales con el mismo esquema

Al comunicado de la Comunidad Valenciana, le ha precedido los acuerdos locales de Elche y Guadalajara. Ambos con un esquema similar que apunta a directriz troncal desde Bambú, en Madrid: puestos políticos que permitan potenciar los puntos fuertes del discurso. Y no es otro que cuestiones rurales y ganaderas, tradiciones como la caza o la tauromaquia, y el proteccionismo nacional. Así se hizo en Castilla y León con las competencias de Agricultura, Empleo y Cultura. Con el 'Acuerdo por Elche', la candidata y coordinadora Aurora Rodil se ha garantizado la creación de una concejalía de Familia y Mayores, que integrará esos objetivos sociales, infancia, y la potenciación de la natalidad y la vida, entre otros. El componente de proteccionismo industrial o de lo rural pude verse en la atribución para los otros dos concejales: Pedanías y Vertebración territorial, así como Promoción Económica y Formación.

Génova no pondrá ningún impedimento a acuerdos locales, pero sí apremia que el resto de los barones puedan sortear a Vox con fines electorales

En el caso de Guadalajara, que como en Elche PP y Vox querían evitar el gobierno de la lista socialista, la más votada, Vox pasará a gestionar, la concejalía de Seguridad Ciudadana, de nueva creación. Y habría conseguido sustituir la de Igualdad por la de Familia y Asuntos Sociales, en un mismo patrón. En poblaciones más pequeñas como Calvià (Mallorca), la dinámica será similar, con la gestión de Vox de la concejalía de Familias, también de nueva implantación. En duda quedan Maracena (Granada), tan presente estos días por la polémica de secuestro de una concejala del PSOE o Molina de Segura en Murcia.

Dentro del cómputo de 135 municipios en los que PP y Vox pueden negociar acuerdos, otros de los escenarios capitales en los que ambos tendrán que cerrar pactos antes del sábado 17, fijado en el calendario como fecha para celebrar las investiduras [a nivel local si no hay mayoría en una votación, la lista más votada asume el poder en el consistorio y debe pilotar en minoría la legislatura] son Valladolid, Burgos o Toledo. La salida de Óscar Puente a las listas del PSOE por Valladolid a las generales evidencian una imposibilidad de continuismo, y aunque fuentes populares vallisoletanas trasladan a El Independiente que a día de hoy aún "no hay nada cerrado", no se descarta un consenso en las próximas horas. La exdiputada y candidata de Vox Inés Cañizares también será imprescindible para suplir a Milagros Tolón en Toledo. Y se apunta a otras coaliciones en enclaves como Talavera de la Reina.

La dinámica de los barones autonómicos del PP, no obstante, ha calado en candidatos locales como María José Catalá, que desde la noche electoral del domingo 28 de mayo viene defendiendo independencia de gestión en minoría con trece concejales, instando solo a un apoyo externo de Vox. Así llegará a la investidura del sábado, presionando a los de Abascal en la capital valenciana a o bien apoyarla desde fuera, o abocar a la ciudad a una repetición electoral y movilización de la izquierda para recuperar el consistorio. A esa táctica se arrojan Begoña Carrasco en Castellón o Luis Barcala en Alicante, lo que contrasta con creces con el acuerdo de Mazón con Flores Juberías. Quien, en cualquier caso, no cuenta con esa opción de presión de investidura directa que determinará el mapa de poder de Vox a partir del próximo lunes.