Algo más de dos años estuvo Dolores Delgado como jefa del Ministerio público, pero ese tiempo le valió para engrosar visiblemente la Junta de Fiscales de Sala -el órgano al que pertenecen los fiscales con más alto rango- con miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UFP). El actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha llevado a cabo tantos nombramientos de este peso (cuatro en total), si bien el ascenso de la propia Delgado a fiscal de Sala ha hecho mucho ruido. Entre ambos y bajo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, la UPF ha pasado de una representación de 4 miembros a 17, lo que supone una subida del 76% de fiscales afines en la cúpula de la carrera.
La Junta de Fiscales de Sala es uno de los órganos que compone el Ministerio Público y asiste al jefe de la Fiscalía en "materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal", como dice el Estatuto que lo regula. Actualmente la componen 38 miembros más el fiscal general del Estado y una vez se asciende a fiscal de Sala ya nunca se baja de ese escalón.
Son, por tanto, los profesionales que estudian los temas más trascendentes y que copan las cúpulas de las Fiscalías Especiales como Antidroga o Anticorrupción, o de las especializaciones como Trata de Personas y Extranjería, Cooperación Internacional, Menores, Criminalidad Informática, Medio Ambiente, Seguridad Vial, Violencia Sobre la Mujer, etc. También son de este estatus muchos de los fiscales del Tribunal Supremo o el jefe del Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía es muy jerárquica y ellos, al fin y al cabo, son los que toman decisiones y fijan criterios que seguir en su materia.
Los nombramientos forman parte del fiscal general única y exclusivamente y, tradicionalmente, éste siempre elegía a sus afines ya fuera de la Asociación de Fiscales -AF- (mayoritaria en la carrera con unos 611 asociados) o de la UPF (con 250 afiliados). Entre ambas se reparten un buen trozo del pastel y los fiscales sin suscripción a una u a otra siempre lamentan que les es más costoso llegar al poder. El tercer grupo, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales -APIF- no tiene aún representación en la Junta de Fiscales de Sala (sí en el Consejo fiscal que es elegido mediante elecciones internas en la carrera).
Ocurre que en los últimos años la AF ha venido denunciando la cantidad de fiscales de la UPF que han sido designados por los dos últimos fiscales generales del Estado para ascender a la máxima categoría. "Ha sido un rodillo", dice una fuente del Consejo Fiscal.
Según los cálculos de este periódico -a través de los datos del Ministerio Público y de los facilitados por la AF- en la Junta de Fiscales de Sala solo hay un 0,9% de fiscales independientes representados del total que son (1.489 fiscales sin asociación); de la AF están representados un 1,47%, mientras que de la UPF el porcentaje sube a 6,8%. Por cada miembro de la AF hay prácticamente dos de la UPF actualmente.
A García Ortiz le tocó la creación de dos fiscalías nuevas la de Delitos de Odio, para lo que ascendió la pasada semana a Miguel Ángel Aguilar, y la de Memoria Democrática. Para esta última eligió entre mucha polémica a Dolores Delgado, si bien en ese momento no suponía un ascenso. A Delgado la elevó el propio García Ortiz a fiscal de Sala en la primera tanda de nombramientos que hizo en 2022 y la desginó fiscal Togada en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Estos dos se unen al de Ana García León a quien colocó al frente la Fiscalía Técnica y el de Ángel Muñoz Marín que ubicó en Seguridad y Salud Laboral (si bien no pertenece a la UPF).
En total han sido cuatro fiscales de la Sala, tres de la asociación afín. Su predecesora desginó a un número bastante superior si bien algunos como Félix Pantoja ya se han jubilado por lo que quedan 9 ascensos de la UFP hechos por Delgado.
Así las cosas, del total de los 39 miembros en la Junta Fiscal, 17 son miembros de la UPF -contando con García Ortiz que cesará como fiscal general el próximo mes de julio y descontando algunos nombres como Javier Zaragoza o Pedro Crespo que se han dado de baja de la asociación-, 9 forman parte de la AF que, no hay que olvidar, es la que más afiliados atesora. Los 13 restantes son no asociados como Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción o Rosa Ana Morán, jefa de Antidroga.
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