Falsificaban ropa, productos de farmacia, material informático y electrónico y traficaban con droga. Metían la mercancía en Europa desde China y trataban de defraudar el IVA. La trama criminal derivó en la detención de decenas de ciudadanos indios y la Fiscalía Anticorrupción terminó acusando a 54 personas y otras seis empresas en la conocida como 'operación Varma'. Ahora, diez años después de que se iniciara la investigación, la Audiencia Provincial dice que no son ellos los competentes y envían el asunto a Audiencia Nacional para que celebre el juicio.

En un escrito del pasado 5 de junio, al que ha tenido acceso El Independiente, los magistrados dicen que "esta Audiencia Provincial considera que el conocimiento de la causa no le corresponde" por tratarse de delitos cometidos fuera del territorio nacional, por el tráfico de distintas sustancias y por la escala de la organización. "En cuanto a la gravedad de la repercusión de los hechos, basta con contemplar la magnitud de la organización criminal en España y en el extranjero, así como la elevada cuantía de los impuestos defraudados", expresa el Tribunal.

La trama consistía en un fraude de impuestos, contrabando, comercialización de distintas cosas infringiendo la propiedad industrial, tráfico de drogas y, finalmente, blanqueo de dinero. Entre 2009 y 2014 la organización cuyo objetivo era exclusivamente el lucro metió cientos de protudctos en España procedentes de China, Hong-Kong y la Unión Europea. Pero cuando se inició la investigación, a finales de 2013, se descubrió que los productos importados ilegalmente llegaron a más países como Portugal, Italia y Holanda. De hecho, se incautó un cargamento de Kamagra (un medicamento tipo viagra) rumbo a París y otro a Holanda.

La Policía encontró en La Coruña 100 mil euros pertenecientes a la red; en Madrid y Valencia fueron intervenidas falsicaciones de marcas conocidas; y en la capital se encontraron bidones que contenían precursores de droga como MDMA. El dinero, terminaba de nuevo en China, Hong-King y Singapur.

La defraudación del IVA se hacía a través de entidades instrumentales como una consultora en Tenerife. La Fiscalía Anticorrupción que pide la devolución a Hacienda de más de 16 millones de euros en impuestos, detalla que se simulaban operaciones con el exterior exentas de fiscalidad o con reducciones. Sobre el blanqueo del dinero, los fiscales detallan las distintas formas de alforar el efectivo para ingresarlo en sus países. Camuflaban facturas ficticias como relaciones comerciales entre sociedades mercantiles o transportaban directamente el dinero a Portugal. Todo ello, llevaba una década bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).

El concido como el rey del low-cost Harischandra Tarachand Varma, principal cabecilla de la red que da nombre a la causa, entró en prisión en 2014 y en este asunto Anticorrupción solicita para él una pena que supera los 100 años de prisión.

Los traductores y Villarejo

Por su parte, una derivada de esta causa también lleva años arrastrándose en distintas fechas para la celebración del juicio. Se trata de una ramificación que afecta a dos traductores de Policía acusados de extorsionar al empresario Varma en la que se incluyó al comisario José Manuel Villarejo como testigo.

El tribunal acordó en enero de este año suspender por tercera vez la fecha del juicio que, en un inicio, se iba a celebrar en septiembre de 2020. En aquella ocasión se aplazó porque uno de los acusados cambió de abogado y, una segunda vez, se volvió a retrasar porque las defensas alegaron que no se les había notificado las pruebas que la Fiscalía pretendían utilizar, como informó Europa Press.

Esta causa se centra en dos traductores Alí Shan e Ijaz Ahmad que fueron contratados por la Dirección General de la Policía para participar en la investigación de Varma y traducir las conversaciones telefónicas. A la postre el empresario denunció en la sede de Asuntos Internos que los traductores le habían extorsionado pidiéndole 10.000 euros a cambio de datos.