La campaña oficial de las elecciones generales aún queda lejos —no arranca hasta el 7 de julio—, pero el clima previo se le está enrareciendo al PP, al contrario de lo que sucedió en el tramo final de las autonómicas y municipales del 28-M. Los pactos poselectorales con Vox y su negacionismo total de la violencia de género acogotan a los populares y, en concreto, a su candidato, Alberto Núñez Feijóo. El PSOE piensa seguir percutiendo contra los populares por haberse rendido, entiende, al discurso de la ultraderecha y poner en riesgo los derechos de las mujeres. Por "blanquear" la violencia machista para alcanzar el poder. Y no es una estrategia solo de Ferraz y de la Moncloa. También la dirección del partido en Castilla-La Mancha, liderada por Emiliano García-Page, un barón muy distante de Pedro Sánchez, contribuyó a esa ofensiva al ofrecer al PP un pacto regional para blindar las políticas de igualdad en la comunidad, pese a haber sido desprovisto de alcaldías como las de Toledo, Guadalajara o Talavera por la alianza de las dos derechas.

Tanto Ferraz como la Moncloa salieron enseguida al quite de las palabras de Feijóo el lunes por la noche en Hora 25, en la SER. Allí aseguró que "la violencia machista es una obviedad y no debe llamar la atención que no esté en los textos". "No porque lo diga el PP o no le guste a Vox. Lo dicen los jueces. Hay sentencias que acreditan que hay homicidios por violencia machista y esto es una obviedad", aseveró. Además, se congratuló de que su partido hubiera apartado de la ecuación en la Comunidad Valencia a Carlos Flores Juberías, condenado por violencia machista contra su exesposa en 2002. "Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer", dijo, en unas manifestaciones que para el PSOE (y también para Sumar) justifican las agresiones a las mujeres.

No hay ni pactos, ni acuerdos, ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia de género"

ISABEL RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DEL GOBIERNO

"No hay ni pactos, ni acuerdos, ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia de género", respondió desde la Moncloa este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. "Con las posiciones de aquellos que niegan o justifican" la violencia de género "España está retrocediendo veinte años", ya que fue en 2003 cuando comenzaron a computarse las víctimas por violencia machista, y ya son 1.206 las asesinadas por sus parejas o exparejas. La ministra no citó a Feijóo, pero la acometida iba dirigida claramente contra él.

La portavoz recordó el gran consenso que rodeó al pacto de Estado contra la violencia de género de 2017, que supuso aumentar los recursos y los medios en el ámbito policial, judicial y de servicios sociales. "Hace falta seguir profundizando y avanzando en políticas de igualdad cuando hay dirigentes políticos que las niegan o que las justifican", sostuvo.

Rodríguez advierte contra el "retroceso" de eliminar concejalías de la Mujer o de Igualdad

Rodríguez criticó entonces el tenor de los pactos que han tejido PP y Vox: "Hemos podido observar en esos acuerdos municipales que se han dado muchos retrocesos. Lo que se está alcanzando son acuerdos para eliminar las concejalías de la Mujer, o las concejalías de Igualdad, que en muchos municipios y ciudades de España fueron el impulso a las políticas públicas de igualdad que después asumimos las comunidades autónomas o el Estado".

La importancia de destinar recursos

Así que para el Ejecutivo no es baladí que estas áreas desaparezcan, porque pueden dejar de "existir recursos" de asistencia y atención a víctimas. Lo que puede suceder, por tanto, es que dejen de canalizarse recursos a políticas que no se nombran. "Este es un asunto tan grave y se ha alcanzado un consenso social tan grande en nuestro país que conviene no retroceder", recalcó.

Marlaska pone el foco en que el PP en Valencia ha cedido Justicia a Vox, un área importante para la protección de las víctimas de violencia

Al lado de la portavoz, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refirió precisamente a las unidades de atención a la violencia de género en la Comunidad Valenciana, dependientes de la Conselleria de Justicia que hasta ahora tutelaba la socialista Gabriela Bravo y que el PP entregará a Vox, en virtud de su pacto. Esas unidades, dijo el ministro, "realizan un trabajo importantísimo de cara a poner en el centro a la víctima". "Veremos realmente lo que acontece ahora con esas unidades. Estaremos vigilantes al respecto", concluyó Marlaska.

Es decir, que no es un asunto menor que Justicia pase a la ultraderecha, porque puede ahogar los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista, en la que la formación de Santiago Abascal no cree, como no cree en las políticas de igualdad porque son "ideológicas". El Gobierno defiende, por tanto, que el PP no solo firma palabras, sino que transfiere a sus socios ultras la gestión de departamentos importantes y, por tanto, el combate a la violencia de género se puede resentir.

Desde la dirección del PSOE, su portavoz, Pilar Alegría, calificó de "vergonzoso" que Feijóo "destierre" la violencia machista en los pactos cerrados con Vox y que incluso la "justifique" reduciéndola a un "divorcio duro". La violencia contra las mujeres "existe", es reales, provoca "asesinatos de demasiadas mujeres" cada año y exige "contundencia y unidad", sostuvo.

Para Alegría, es "vergonzoso" que Feijóo "destierre" la violencia machista en los pactos con la ultraderecha

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se estrenaba este martes con una cuenta propia en Twitter y dirigía su primer mensaje al jefe del PP: "Hoy empiezo en Twitter. Sé que voy tarde, pero más tarde van los que llaman 'divorcio duro' a la violencia machista", escribió. "No es divorcio duro, se llama violencia machista", agregó la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Y para la titular de Igualdad, Irene Montero, llamar "divorcio duro" a la violencia machista es "banalizar y normalizar la violencia contra las mujeres". El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, aseguraba sin embargo este martes en TVE que su jefe no pretendía justificar al apartado Carlos Flores.

Flores, que ahora concurre como cabeza de lista al Congreso por Valencia por Vox, fue condenado por un delito de violencia psíquica habitual y por 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones injustas a un año de prisión, más suspensión del derecho de sufragio pasivo durante la condena y prohibición de acercarse a su exmujer durante tres años, y a la pena de arresto de dos fines de semana por cada una de las faltas y a indemnizar a la víctima con 6.000 euros. Aquella sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 2002, anterior a la aprobación de la ley integral contra la violencia de género (2004), recoge las agresiones de Flores contra su mujer, cómo la perseguía mientras llevaba a sus hijos a la escuela y cómo gritaba "ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta", entre otros insultos, informa EFE.

No caben "medias tintas" para el PP

Pero no solo hubo respuesta desde Madrid al PSOE. También la dirección castellanomanchega del partido ofreció a los populares un pacto regional para blindar las políticas de igualdad ahora que se están suprimiendo las concejalías de la Mujer en los ayuntamientos gobernados por PP y Vox. Aunque la formación de Feijóo haya decidido olvidar su propuesta de respetar la lista más votada y haya preferido "gobernar a cualquier precio", los socialistas tienden su mano, en palabras de la diputada autonómica Charo García Saco.

El PSOE de Page presta sus votos "gratis" al PP para que no se supriman "derechos" y no haya "un recorte de libertades"

No caben "medias tintas" en el PP, afirmó. "No hace falta que ceda a las presiones de Vox para suprimir las concejalías de Igualdad o retirar banderas LGTBI porque supone un retroceso en derechos". La parlamentaria recordó que Castilla-La Mancha ha sido "pionera" en leyes de igualdad que protegen a las mujeres y que aprobó por unanimidad de las Cortes regionales tanto la ley para una sociedad libre de violencia de género en 2018 como la ley LGTBI en 2022.

Por eso, añadió, "cuando la extrema derecha le exija la supresión de las concejalías de Igualdad, el PSOE le presta sus votos gratis para que no se supriman derechos y no haya un recorte de libertades", así como para "poner pie en pared a esta barbaridad que está ocurriendo en los ayuntamientos de la región". "Si el PP cede a ese retroceso de derechos de las mujeres y de la igualdad es porque quiere, no porque no tenga otra opción", advirtió, informa EFE.

Pero el PSOE y la Moncloa no solo fustigan a Feijóo por "blanquear" la violencia machista. También por sus "falsedades" sobre la economía española o sobre las pensiones que vertió en la SER y que le "inhabilitan para presidir este país". Ministros como María Jesús Montero y José Luis Escrivá combatieron varias afirmaciones del líder del PP en la radio, como que la economía está "estancada", que el Gobierno no ha bajado los impuestos a las rentas bajas y medias, que no se ha reducido la deuda o que siempre que ha gobernado su partido se han revalorizado las pensiones. Desmentidos que llevaban aparejada la petición a Feijóo para que se preste a debatir con Sánchez. Cara a cara para el que aún no hay fecha y para el que ni siquiera se vislumbra un acuerdo.

También Marlaska, en la rueda de prensa en la Moncloa, cargó contra la lona desplegada en Madrid por Vox en la que se ataca, entre otros, al colectivo LGTBI, al pedir tirarlos a la basura. Ese tipo de mensajes, aseveró, fomenta "discursos más incendiarios" y "delitos de odio", aunque agregó que no le corresponde a él juzgar si esta acción es o no constitutiva de un ilícito penal. "La gravedad es manifiesta", pues "la defensa de la diversidad" es "la defensa de la dignidad humana" y, por lo tanto, una "cuestión de derechos humanos", alegó el ministro. Su juicio es que "este tipo de actitudes no ayuda en nada a una convivencia pacífica ni a respetar la diversidad".