Fue el último pulso con Rajoy poco antes de dejarlo caer. La vieja aspiración del nacionalismo vasco, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, sería la baza de intercambio para el apoyo presupuestario del PNV para las cuentas de 2018. Sobre la mesa, 34 competencias pendientes de transferir con las que dar por completado el estatuto de autonomía aprobado en 1979. Meses más tarde, la negociación no prosperó, el clima político se oscureció y el escenario cambió radicalmente. Lo hizo en forma de moción de censura para precipitar la caída de Rajoy y abrir el camino a la proclamación de Pedro Sánchez como nuevo inquilino de La Moncloa. Aquella se concibió como una nueva oportunidad para exigir las transferencias pendientes. A finales de junio de 2018 el apretón de manos de Urkullu y Sánchez en busca de apoyo sellaba un compromiso para ceder a Euskadi 35 materias, incluidas prisiones y la Seguridad Social, en sólo un año.

Cinco años más tarde la promesa sigue incumplida. El cronograma inicial pactado se consideró un paso “histórico” por el PNV. De cumplirse se habría saldado una deuda pendiente durante demasiado tiempo. De la treintena de materias que Sánchez se comprometió a ceder tan sólo ha firmado la transferencia de cinco. De ellas, la titularidad sobre las prisiones en Euskadi y la gestión del Ingreso Mínimo Vital son las más significativas. La breve lista de materias logradas se completa con la cesión del transporte por carretera, la asignación del ISBN y el ISSN y el traspaso de un inmueble del distrito marítimo de Ondarroa.  

Desde el Gobierno vasco se confiaba en que esta legislatura sí sería posible. Se creyó en los compromisos trasladados y reiterados por los sucesivos ministros de Política Territorial: Meritxell Batet, Miquel Iceta, Carolina Darias e Isabel Rodríguez. El calendario inicial preveía completar el Estatuto de Gernika a comienzos de 2020. La pandemia demoró el proyecto y lo retrasó a mayo de 2022, con el estudio de le gestión económica de la Seguridad Social como último compromiso a satisfacer.

Pese al valor que la cesión de las competencias de prisiones o del IMV se dio en su momento, -por la relevancia de ambas materias-, las autoridades vascas consideran que se ha perdido una gran oportunidad para dar el salto necesario para cerrar de modo definitivo el desarrollo íntegro de un estatuto con casi 44 años de antigüedad. Una oportunidad con un gobierno de corte progresista y más cercano a las posiciones del PNV que se teme que no se pueda reeditar si se produce un relevo en el Gobierno tras el 23-J.

Puertos, Seguridad Social o aeropuertos

En el tintero ha quedado el compromiso que se incluyó a última hora en el cronograma pactado y que incluía llevar a cabo estudios sobre la viabilidad de la asunción por parte de las autoridades vascas del régimen económico de la Seguridad Social. En el Estatuto de Gernika, en su disposición transitoria quinta, se contempla que las autoridades vascas serán las titulares del mismo “dentro de su carácter unitario y del principio de solidaridad”.

La lista de competencias pendientes es larga. En ella figuran materias importantes como los puertos, los aeropuertos, la gestión económica de la Seguridad Social, los seguros, el régimen electoral municipal, la inspección pesquera… y así más de una veintena de materias. El vasco es el primero de los estatutos de autonomía que fue aprobado pero el único que no ha sido completado. En muchas comunidades autónomas sus estatutos han sido renovados incluso en más de una ocasión.

Ahora, a un mes de las elecciones generales y ante un posible relevo en la presidencia del Gobierno de España el pesimismo se ha vuelto a instalar en los responsables del Gobierno vasco. En realidad, hace dos años que comenzó a asentarse. La buena disposición de la primera parte de la legislatura para contentar con más transferencias al PNV, uno de los socios prioritarios de Sánchez, se ha ido diluyendo en los últimos años de este mandato. El Ejecutivo de Urkullu volvía a lamentar ayer la falta de “voluntad y compromiso” real que está demostrando con esta cuestión.

La inacción llevó al Gobierno vasco a adelantarse en el proceso habitual de negociación de transferencias de competencias y tomar una actitud activa. Lo hizo presentando propuestas de traspaso al Ejecutivo central para forzar los procesos de negociación pendientes. Hasta ahora han sido siete los borradores remitidos, el últimos hace apenas dos semanas: meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección de la cinematografía, ordenación y gestión del litoral, autorizaciones laborales previas a la inmigración, verificación de maquinaria y la titulación y estudios universitarios extranjeros han sido las siete propuestas enviadas.

Dudas sobre la 'viabilidad jurídica'

A ellas se suma la negociación más avanzada, la relativa a las cercanías Renfe que se confiaba en poder cerrar y que finalmente no ha sido transferida. En este punto se habían negociado aspectos relevantes como la vía de financiación de la cesión, que se haría vía Cupo y Concierto, no así lo referido a las infraestructuras.

El malestar comenzó a acentuarse hace meses ante la inactividad creciente de los ministerios implicados para seguir avanzando. A comienzos de año desde el Gobierno se llegó a recordar al Ejecutivo vasco que en algunas de las materias que reclamaba tenían serias dudas de su “viabilidad jurídica” y que ello complicaba poder hacer propuestas de transferencia. A todo ello se ha sumado la falta de determinación en la puesta en marcha de la comisión bilateral de cooperación específica para acelerar este proceso. Un foro reclamado por Urkullu a comienzos de septiembre y que contaba ya con un reglamento para su funcionamiento. Sin embargo, ni siquiera se ha convocado y no parece que vaya a hacerse en las próximas semanas.

Fuentes del Ejecutivo vasco aseguran que las principales ministras implicadas en este tipo de negociaciones figuran como candidatas en distintas listas del PSOE para el 23-J, “ahora están con otras prioridades”. Así, la ministra Isabel Rodríguez encabeza la lista por Ciudad Real, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es la número 3 por la lista de Barcelona y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabeza la candidatura socialista por la provincia de Sevilla.