Es la parte de la condena que históricamente ha quedado olvidada. Además de la privación de libertad y la inhabilitación, muchos presos de ETA han sido condenados a indemnizar a sus víctimas. Una responsabilidad civil que en muchos casos no ha sido saldada ni siquiera años después de abandonar la prisión y que ahora las víctimas quieren que sea reclamada. La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) trabaja ya en la elaboración de una lista con las condenas de más de un millar de presos de ETA para que la Justicia pueda determinar cuál es el grado de cumplimiento de sus responsabilidades civiles. Insisten en que el cumplimiento de los años de cárcel o en su caso de inhabilitación incluye en muchas ocasiones la condena al pago de indemnización que también forma parte de la condena.

Una reciente resolución de la Audiencia Nacional, a instancia de DyJ, ha determinado que entre los veinte expresos de ETA que desde 2015 han ocupado alguna concejalía, al menos cinco tendrían condenas que incluyen el pago de una indemnización a sus víctimas. Una conclusión que ha sido posible después de que el Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya realizado un análisis a través de su base documental y a la que ahora deberá seguir el análisis del estado de cumplimiento de esta parte de la condena.

Ahora, DyJ trabaja para elaborar la larga lista de presos de la banda con sentencias que podrían incluir condenas en forma de indemnización para que se pueda determinar el estado de cumplimiento de las mismas y exigir, en su caso, el cumplimiento: “Una condena puede tener un castigo en forma de prisión, de inhabilitación y de responsabilidad económica y hay que cumplir las tres, no sólo alguna de ellas. El Estado de Derecho no ha hecho nada para asegurar que se cumplan todas ellas”, lamenta Daniel Portero, presidente de DyJ.

Revisión de sentencias

Asegura que la resolución sobre los 20 concejales de EH Bildu con condenas por terrorismo les da confianza de que la Audiencia Nacional también pueda dar un paso más ambicioso para cruzar datos y evaluar el estado de cumplimiento de las sentencias que en forma de responsabilidad civil les fueron impuestas. “Queríamos ver el resultado de esta primera consulta y ahora lo extenderemos a todos los presos de ETA. Es un trabajo complicado que llevará tiempo pero confiamos en que pueda dar resultado”.

No todos los presos de ETA llevan acarreada en sus condenas responsabilidades civiles, sí en los casos de condenas por asesinato o estragos. El conocimiento del estado de cumplimiento en estos casos es complicado para las asociaciones de víctimas de ETA ya que requieren del apoyo de la Audiencia Nacional y sus bases documentales actualizadas: “Por eso les vamos a trasladar esa lista, para que revisen uno a uno las ejecutorias de esas sentencias y conocer su han hecho frente al pago que deben y si no es así, actual en consecuencia”.

Una actuación que podría conllevar al embargo de sueldos o bienes a nombre de los expresos de la banda con los que satisfacer su responsabilidad civil pendiente. En su caso, sería el Estado el compensado ya que en la mayoría de las ocasiones es quien ha adelantado muchas de las indemnizaciones impuestas.

"¿Cómo le íbamos a dejar libre?"

Entre la veintena de casos de concejales de EH Bildu analizados ahora por la Justicia destaca el de Arantzazu Carrera, con varias sentencia por asesinato: “Fue concejal de Medio Ambiente y Educación en la localidad de Amezketa entre 2019 y 2023, ¿cómo le íbamos a dejar libre con crímenes por asesinato? Debe hacer frente a su condena y si el Estado de Derecho no se lo reclama lo haremos nosotros”. De los cinco primeros casos en los que la Audiencia Nacional ha constatado que fueron condenados a indemnización el de Carrera es el más grave. Esta exmiembro de ETA fue condenada hasta en cinco ocasiones y en todas ellas con la obligación de hacer frente a una indemnización.

Otro de los etarras que ocupó una concejalía y que también fue condenado al pago de una indemnización –además de la pena de prisión- es Gorka Betolaza. También figura Juan Carlos Agirre, condenado por asesinato e Iker Isiegas, condenado por tenencia de explosivos. Además, la Audiencia Nacional reconoced en su diligencia que en otros cinco de los ediles referidos por DyJ no se puede determinar si mantienen indemnizaciones pendientes de saldar al no haber registro de condenas en España.