La masacre de Melilla, un año después: 80 desaparecidos y todos los interrogantes sin resolver

Hace justo un año Abuobida se lanzó sobre la verja del puesto fronterizo de Barrio Chino. Fue uno de los supervivientes de un salto a la valla de Melilla que la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas convirtió en una masacre, con 37 muertos identificados pero la sospecha fundada de que el número real de fallecidos alcanzó el centenar. Doce meses después, las sombras siguen poblando un episodio huérfano de investigación a ambos lados de la frontera. Hasta 80 migrantes, en su mayoría sudaneses, siguen desaparecidos mientras la morgue de Nador almacena algunos de los cadáveres y las familias se quejan de las trabas que han impedido localizar y dar el último adiós a las víctimas.

Abuobida fue una de las 470 personas que fueron devueltas por la policía española “de forma sumaria y sin garantías” a Marruecos, sin identificar los perfiles vulnerables o brindarles acceso a recursos judiciales tal y como exige la ley. “Cuando llegamos a España, dijimos que necesitábamos pedir asilo, pero la policía española no nos dejó opción”, relata Abuobida mientras rememora aquella mañana del 24 de junio de 2022. En los días previos, tras dos meses en las montañas cercanas al enclave español, los gendarmes marroquíes les habían lanzado un ultimátum: o regresaban a la ciudad o se encaminaban hacia España. “Alguna gente nos dijo que en España tendríamos una vida mejor”, relata el joven desde París, donde ha solicitado asilo político.

El silencio de las víctimas

Muchos de los migrantes que vivieron para contarlo han evitado compartir su testimonio. “Fue demasiado traumático lo que sucedió. Solo ahora algunos han comenzado a hablar”, advierten desde una de las asociaciones españolas implicadas en la asistencia legal a los supervivientes. La impunidad y el oscurantismo de las autoridades españolas y marroquíes marcan el primer aniversario de la tragedia. “Seguimos sin saber nada de los desaparecidos porque ni el gobierno español ni el marroquí se han molestado en intentar averiguar dónde y qué ha sido de ellos”, replica a El Independiente Virginia Rodríguez, investigadora de Amnistía Internacional.

Aquel día alrededor de 2.000 personas trataron de acceder a la ciudad autónoma. En el lado marroquí las ambulancias tardaron dos horas en llegar y algunos de los que habían protagonizado el salto frustrado permanecieron hasta 10 horas sin recibir atención médica. El paradero de algunas de las víctimas, sin embargo, se extravía lejos de la frontera. Hasta 500 fueron enviadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, a más de 1.000 kilómetros de Melilla. “Fueron abandonadas a su suerte. Es realmente muy grave que un año después nadie asuma responsabilidades en ninguno de los dos países”, asevera Rodríguez.

Ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos que provocaron la muerte, la desaparición y heridas de decenas personas, lamentan desde Amnistía. En diciembre la Fiscalía española archivó la causa. Su única recomendación al Ministerio del Interior fue la apertura de un expediente administrativo contra algunos Guardias Civiles que arrojaron piedras a las personas migrantes y refugiadas. "No se ha abierto ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera", denuncian desde la organización. "De alguna forma, la fiscalía 'aprueba' la respuesta de las fuerzas de seguridad y no entró a investigar la actuación policial española, ni la marroquí en territorio español, que también es objeto de su jurisdicción".

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez declaró inicialmente que el salto había sido “bien resuelto” pero, cuando emergieron las imágenes de decenas de cadáveres apilados tras recibir palos y gases lacrimógenos hasta la asfixia, rectificó. Sus ministros del Interior y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, defendieron, no obstante, la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. “Lo principal sería esclarecer los hechos porque Marruecos no ha facilitado el listado de personas fallecidas y no se han identificado los cuerpos. Cumplir con algo tan básico como saber qué ha sucedido con un familiar y en qué situación se encuentra”, reclama en conversación con este diario Elena Muñoz, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

"Las familias no han podido enterrar a sus muertos"

Las autoridades marroquíes solo han enterrado a 23 víctimas. Según denuncia Amnistía Internacional, otros cuerpos permanecen en la morgue de la ciudad de Nador sin identificar “ante la inacción y los obstáculos del propio gobierno marroquí”. Los parientes que han tratado de arrojar luz se han enfrentado a las trabas impuestas por Rabat para viajar y acceder a las pruebas de ADN.

Hasta ahora solo se conocía el nombre de una de las víctimas. Ha sido la labor de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos la que ha ido poniendo nombre a las víctimas. “Las familias no han podido dar sepultura a sus muertos. Esa falta de voluntad de proporcionar verdad a los parientes está impidiendo que se cierre el duelo y provocando que se perpetúe el dolor”, denuncia Rodríguez.

"Las víctimas y sus familiares siguen sin acceder a la verdad, la justicia y la reparación. Son derechos humanos básicos y principios del derecho internacional", recalca Muñoz. Doce meses después, la lección que dejó el horror no ha modificado ni un ápice los errores que llevaron hasta la matanza. "Mientras no haya protocolos claros de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante estas situaciones de entrada por la valla y mientras no haya mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, se podrá volver a producir, porque no ha habido ningún cambio a nivel político y protocolos operativos para evitar una nueva situación como ésta", responden categóricos desde CEAR.

La ausencia de rendición de cuentas condujo hace una semana a cinco ONGs españolas a exigir justicia. La Coordinadora de Barrios, el Colectivo Ca-Minando Fronteras, la Asociación de Extranjeristas en Red, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Associació Lab 38 presentaron ante un juzgado de Melilla una querella que consideran “la única opción que les queda a las víctimas en este momento para ser escuchadas y acceder a la Justicia”. "No es posible que en un estado democrático y de Derecho no se dirima la responsabilidad y no se haya escuchado a las víctimas", alegan artífices de la querella a este diario.

Sin indemnización para los familiares

La insistencia de las familias de las víctimas que permanecen sin identificar permitió que hace tres meses algunos parientes pudieran enviar muestras de ADN a Marruecos, pero todavía no se han publicado los resultados del cotejo con los cadáveres. Ni España ni Marruecos han ofrecido indemnización alguna a las familias. "Su situación es de absoluto desamparo", admiten desde Amnistía.

Su situación es de absoluto desamparo

La situación de los supervivientes que quedaron atrapados en Marruecos se ha agravado en este último año. "Es imposible conseguir trabajo aquí en Marruecos. Para mí es ilegal, incluso ahora que tengo mi tarjeta del ACNUR", explica Tariq, un joven sudanés varado en Casablanca. "Nos alojamos en grupo en un gran edificio. A veces viene la policía y nos desaloja, se lleva nuestras cosas y quema nuestras pertenencias. Vigilan el edificio durante algunas horas, y cuando saben que no hay nadie dentro y que no les queda nada que llevarse, se van. Entonces volvemos y empezamos de cero", narra.

La nueva era de las relaciones de España con Marruecos, tras el cambio de posición de Madrid en el contencioso del Sáhara Occidental, ha vuelto a blindar las fronteras. En lo que va de 2023 solo se han producido 60 entradas de migrantes a Melilla, y de ellas sólo 28 por vía terrestre. No se ha registrado ninguna solicitud de asilo en la oficina de Beni Anzar.

365 días después, Abuobida sigue preguntándose dónde están los amigos cuyo rastro perdió aquel día. Algunos supervivientes como él o Mazen, un joven sudanés que ha logrado refugio en París, ha continuado su ruta hacia el sueño europeo. "Echo de menos a mi mejor amigo. Estoy seguro que está muerto. Si estuviera vivo, me llamaría", dice. "Las autoridades de un lado y otro no pueden confiar en que el tiempo haga que las cosas se olviden. Es un tema de justicia y debe ser una lección para que no vuelva a ocurrir", concluye Rodríguez.