El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado que se han violado los derechos de los jueces por la tardanza en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una sentencia hecha pública este jueves, Estrasburgo da un varapalo a España ante la incapacidad de los miembros del Congreso para acordar un nuevo órgano de gobierno de los jueces que lleva en funciones casi cinco años.

El recurso de amparo fue interpuesto por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) que solicitaban protección frente a la inactividad de las Cortes Generales. La sentencia de 55 páginas concreta que el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no garantiza el derecho a "ser nombrado", pero sí el de un proceso legal para el análisis de los candidatos y esto es lo que se ha incumplido. "Lo que estaba en juego no era su derecho a convertirse en miembros del CGPJ, sino su derecho a un procedimiento legal para el oportuno examen de sus candidaturas", revela el tribunal que se ha dividido con cuatro votos a favor y tres en contra.

Los magistrados que recurrieron en octubre de 2021 fueron Juan Luis Lorenzo Bragado, Manuel María Jaén Vallejo, Mónica García de Yzaguirre, Rafael Estévez Benito, María Tardón Olmos y José Antonio Baean Sierra, todos ellos candidatos al CGPJ cuando debía renovarse en 2018. Formaban parte de una lista de unos 50 jueces que aspiraban a ser vocales del órgano y que se remitó al Parlamento para que iniciaran los trámites de renovación del Poder Judicial. Desde entonces PP y PSOE han sido incapaces de ponerse de acuerdo y al CGPJ se le ha limitado la capacidad de nombramientos, ha perdido varios de sus miembros y ha sufrido la dimisión incluso del que fuera su presidente por el descrédito que el órgano estaba sufriendo.

El golpe de Estrasburgo alcanza también al Tribunal Constitucional que en 2020 rechazó el recurso de amparo estos mismos magistrados. Una negativa que, según Estrasburgo, debió estar más argumentada. "Estas cuestiones jurídicas no se habían planteado anteriormente ante el Tribunal constitucional, que era el único nivel de jurisdicción capaz de hacer frente a la situación. En este contexto, hubiera sido razonable esperar que la desestimación de su recurso de amparo fuera motivada", reclama Europa.

Problemas en el Estado de Derecho

En el voto concurrente que ha dictado la magistrada española María Elósegui recrimina que "la inobservancia de las leyes en los procedimientos de renovación" en particular del Poder Judicial puede tener "un impacto significativo en el funcionamiento del sistema y el cumplimiento por parte del Estado demandado".

Los argumentos que expone Elósegui ponen en entredicho la separación de poderes: "La situación denunciada en el presente caso al final tiene el potencial de afectar negativamente a la misión del CGPJ y esto plantearía serios problemas en el Estado de Derecho, incluidos los relacionados con la salvaguardia de los derechos".

La togada considera que este "estancamiento" de las instituciones se considera "particularmente preocupante" en lo que se refiere a la cimentación de los valores comunes de los miembros de Europa. Este paro de cuatro años no está justificado, dice, y España no ha explicado "de manera convincente" por qué prolonga esta situación.