Miquel Buch se enfrenta a partir de este miércoles a un juicio decisivo por la organización de un servicio de escoltas a Carles Puigdemont en Bélgica. La Fiscalía pide seis años de prisión y 27 de inhabilitación para el ex consejero de Interior de la Generalitat por los delitos de malversación y prevaricación.

Le acusa de designar a un mosso como cargo de confianza para que escoltara a Carles Puigdemont en el extranjero, pese a la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

El mosso es Lluís Escola, para el que la Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación. Escolà, ex jefe operativo de la unidad de escoltas de Presidencia de la Generalitat durante el mandato de Puigdemont, es considerado por la acusación como cooperador necesario de los delitos imputados a Buch.

El ministerio público calcula que sus servicios costaron 52.712 euros públicos, por lo que reclama a Buch y Escolà que paguen conjuntamente esa cantidad como responsables civiles. En su escrito de acusación, la Fiscalía resume el periplo de Escolà desde la huida de Puigdemont y sus múltiples viajes a Europa y Bélgica para escoltarle. En su etapa como asesor de Interior, detalla 18 viajes en los que supuestamente le dio seguridad al expresidente de la Generalitat. 

Nombramiento arbitrario

Escolà, un sargento inicialmente destinado a la unidad de escoltas, fue quien ayudó a Puigdemont a huir de España y permaneció con él en Bruselas ejerciendo tareas de seguridad. Con la aplicación del 155 y la suspensión de las competencias en materia de seguridad, fue expedientado y trasladado de destino. Sin embargo, se organizó la vía para que siguiese ejerciendo como escolta de Puigdemont, valiéndose de días de fiesta y de vacaciones concatenados, y posteriormente cogió una baja médica por "contingencias comunes".

Una vez celebradas las elecciones y recuperada la autonomía, Puigdemont solicitó formalmente poder gozar de escolta, como una de las prerrogativas de las que gozan los expresidentes de la Generalitat. El Departamento de Interior pidió autorización al Ministerio del Interior por carta, pero antes de que respondiese, "y en la absoluta convicción de que la petición sería desestimada de plano", Buch "facilitó un servicio de protección” a Puigdemont “prestado por personas de su estricta confianza a costa del erario público", afirma la Fiscalía.

El Departamento de Interior cerró el expediente abierto a Escolà, con una falta grave que supuso un nuevo traslado a la Comisaría General de Recursos Operativos, en Sabadell. Y al día siguiente, 20 de julio, por orden de Buch se creó la plaza de asesor dentro del Departamento de Interior, "cargo específicamente programado para que fuera ocupado por el acusado" Escolà, asegura la Fiscalía. Su sueldo eran 52.700 euros.

Escolà ejerció como asesor del Departamento de Interior durante casi ocho meses. El nombramiento, según la Fiscalía, fue “un acto de mera arbitrariedad" para "procurar desde el Govern y con cargo a fondos públicos un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde" Carles Puigdemont.

Puigdemont, Matamala y Boye

El juicio oral se abrirá este miércoles en la Audiencia de Barcelona con testificales que se alargarán durante tres días. El viernes llegará el plato fuerte con la declaración de Puigdemont por videoconferencia desde Waterloo. También declarará su otro compañero en la fuga de ese 28 de octubre de 2017, Josep Maria Matamala.

Ambos dirigidos desde la defensa del mosso Escolà por el letrado Gonzalo Boye, presente en todas las causas que afectan al entorno de Puigdemont. Buch, por su parte, ha optado por la letrada Judit Gené, que formaba tándem con Javier Melero en el juicio del procés -en defensa de Joaquim Forn- y defendió a Ramona Barrufet en el juicio a la Mesa del Parlament.

Tras la deposición de Puigdemont, el juicio se retomará el 13 de julio con los interrogatorios a los acusados, para concluir al día siguiente con los informes finales.

Acto de apoyo de Junts

La salida de Buch del Govern fue tempestuosa, enfrentado al entonces president, Quim Torra, por la gestión de los Mossos d'Esquadra en las protestas contra la sentencia del procés. Pero Junts, con Torra ya fuera de foco, no ha dudado esta semana en recuperar la figura de Buch como nuevo mártir de la "represión del Estado".

El pasado jueves tuvo lugar una multitudinaria cena de apoyo al ex consejero en su localidad natal, Premià de Mar, que el secretario general del partido, Jordi Turull, se encargó de publicitar. Turull, Buch o Josep Rull, también presente en la cena, forman parte de los cuadros convergentes que ascendieron al puente de mando del partido y el Govern con Artur Mas.