El número dos de Sumar, el ex embajador de España en Nueva York Agustín Santos Maraver, se desmarca de las declaraciones en las que Yolanda Díaz calificó de “dictadura” a Marruecos. El diplomático, fichaje estrella para la lista de Sumar en Madrid, opta por calificar al país vecino de “un régimen de cosoberanía” entre el rey y el pueblo; niega que se haya producido un cambio en la posición española en el conflicto del Sáhara Occidental; y considera poco realista un referéndum de autodeterminación para la ex colonia española.

“Lo que tenemos con Marruecos es que desarrollar una esfera de coprosperidad”, ha declarado Santos Maraver en una entrevista a Efe desde Nueva York, donde prepara su regreso para centrarse en la campaña de las elecciones del 23-J. A su juicio, el Gobierno español debe buscar un cooperación “que sea capaz de hacer que las dos orillas del Mediterráneo, los puntos más cercanos que somos España y Marruecos podamos desde la Unión Europea y también impulsar una unión magrebí”.

“Siempre hemos hablado del precio de no tener esa unión magrebí, lo que afecta a todo el Mediterráneo a través de ese proceso de cooperación, de colaboración conjunta, y creo que es muy beneficioso para ambos países”, agrega. Sus declaraciones contrastan con las manifestaciones vertidas por la número tres de la lista madrileña de Sumar, la activista saharaui Tesh Sidi, que en una entrevista la semana pasada con El Independiente confió en poder revertir el giro de Moncloa en el contencioso saharaui y censuró la dictadura marroquí.

La cabeza de lista de Sumar en León, Violeta Serrano, con Agustín Santos Maraver y Yolanda Díaz durante un acto de político de Sumar celebrado este domingo en Madrid. | Gustavo Valiente / Europa Press

Las violaciones de derechos humanos en Marruecos, "casos individuales"

En la vecindad marroquí el diplomático se muestra cauto. Aunque no niega las violaciones a los derechos humanos en el país, las tilda de “casos individuales”. Santos Maraver, cuya designación despertó recelos entre los saharauis por su gestión de la huelga de hambre de la activista Aminetou Haidar y la oferta del entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, describe a Rabat como “un socio estratégico" y considera que un gobierno de izquierdas en España debería "acompañar los espacios de modernización y de ampliación del espacio democrático en Marruecos".

Se desmarca así de la entrevista en la que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, califica al país vecino de “dictadura”. Se muestra, además, reticente a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental previsto por la ONU pero impedido por las reiteradas negativas de Marruecos. Considera que el plebiscito en base a un censo de 1974, previo a la salida de las tropas españolas de la ex colonia, ya no es posible por el desarrollo demográfico de las últimas décadas.

En el programa piloto presentado en mayo por Sumar, fruto del trabajo de los grupos sectoriales que se han conformado en el último año, el movimiento que aspira a aglutinar el espacio a la izquierda del PSOE abogaba por ejercer “la presión constructiva” hacia Marruecos con el objetivo de buscar una salida pactada al conflicto del Sáhara Occidental. La resolución final, subrayaba, debía respetar el derecho de autodeterminación de la ex colonia española.

Niega giro en el Sáhara

A propósito del histórico cambio de posición en el contencioso del Sáhara, que ha provocado la ruptura de relaciones diplomáticas con Argelia y el posicionamiento con las tesis de Marruecos, no cree que sea correcto esperar de Marruecos alguna especie de contrapartida por un viraje que, según Santos, no es tal porque sigue poniéndose a la ONU en el centro de cualquier eventual solución.

El diplomático española, que cumple 68 años en agosto, se muestra también reticente a calificar de “apartheid” el régimen que Israel impone sobre los palestinos, en línea con lo manifestado por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, pero sí admite que existe un riesgo claro de que se aplique “un estatus jurídico distinto” para israelíes y palestinos. Defiende la doctrina de la ONU e insiste en que no hay más solución que la de los dos estados, ambos con fronteras seguras, y recalca que imponer únicamente los criterios de seguridad no hará sino agravar el conflicto.