Es un tema que incomoda al PNV y que sigue avanzando. Una de las imágenes más significativas del que es considerado el caso de corrupción más grave jamás ocurrido en Euskadi, el conocido como ‘Caso De Miguel’, podría producirse a puertas de la campaña electoral del 23-J. El considerado “cerebro” de la trama dedicada a la adjudicación irregular de contratos, recalificaciones ilegales de terreno o cobro de comisiones ilícitas, Alfredo De Miguel, deberá entrar en prisión “sin demora” al habérsele denegado la suspensión de su ingreso en la cárcel hasta que sea resuelto el indulto solicitado.

La Audiencia Provincial de Álava le ha denegado la demora en su entrada en la cárcel a quien llegó a ser el número 2 del PNV en Álava y que ocupó cargos de alta responsabilidad en la Diputación foral alavesa y el Gobierno vasco. Está condenado a penas que suman los 12 años y medio de prisión. De Miguel fue condenado por delitos de tráfico de influencias, de cohecho pasivo, de falsedad documental, blanqueo de capitales y de asociación ilícita.

En este caso también están implicados otros exaltos cargos del PNV, como Koldo Otxandiano, a quien también se le ha denegado su solicitud de retrasar su ingreso en la cárcel, que basó en razones de salud. Para otro de los condenados, Aitor Telleria, el tribunal solicita más información médica para evaluar su caso y decidir si acepta su alegación. A mediados de mayo,  otro de los condenados, Xabier Sánchez Robles, marido de la exdiputada del PNV en el Congreso, Josune Gorospe, ingresó en la cárcel de alavesa de Zaballa, siendo el primero de los condenados en comenzar a cumplir su condena. Deberá cumplir siete años de privación de libertad por la concesión de contratos a dedo a la trama que encabezaba De Miguel. Su mujer no repite en la candidatura del PNV en las elecciones del 23-J.

El "cabecilla" de una asociación ilícita

Este caso se ha demorado en el tiempo más de una década. Estalló en marzo de 2010 con la detención de algunos de los ahora condenados. El punto de partida fue la denuncia presentada ante la Fiscalía contra Alfredo de Miguel por la abogada Ainhoa Alberdi por pedirle una «mordida» para lograr un contrato. La sentencia dio por probado que los condenados planificaron una trama de contactos para la obtención de contrataciones a dedo y el cobro de comisiones en beneficio propio. Una trama de la que participaron altos cargos del PNV, empresarios y otros responsables institucionales, además de las parejas de algunos de los principales condenados. El procedimiento judicial se ha prolongado casi 14 años. De los 26 encausados finalmente 15 fueron condenados, sumando en su conjunto 54 años de cárcel.

Ahora la Justicia considera que De Miguel no ha justificado razones suficientes para suspender su ingreso en la cárcel hasta que se resuelva el indulto que ha solicitado y que sigue tramitándose. Por ello, los tres magistrados de la sección 2ª de la Audiencia Provincial consideran que De Miguel debe cumplir “sin demora” su condena e ingresar en la cárcel en los próximos días. Aseguran que han valorado la gravedad de la condena, el impacto social de la misma y la extensión de esa corrupción a las más importantes instituciones públicas vascas y que todo ello “tiene más importancia que las circunstancias alegadas” por De Miguel.

Subrayan que no procede concederle la medida de gracia solicitada por no concurrir causas suficientes en las razones “sociales y personales” alegadas y menos aún “cuando se le ha considerado cabecilla de la asociación ilícita que se formó”. Añaden en el auto que la gravedad de los delitos y su impacto en “varias instituciones públicas de esta Comunidad Autónoma” hacen difícil “la prosperabilidad del indulto solicitado”.

Alarma social

Se recuerda que De Miguel abusó del “importante cargo que tenía en la Diputación Foral de Alava para realizar los hechos delictivos, así como de su “posición dentro del partido político que estaba representando en los organismos públicos” como la Diputación foral y el Gobierno vasco: “Tales hechos han generado un sentimiento de alarma en la sociedad y este factor debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir sobre la suspensión solicitada que, recordemos, es excepcional”.  

En el caso de otro de los altos cargos del PNV condenados, Koldo Otxandiano, el rechazo a aceptar su petición para suspender por ahora su ingreso en la cárcel se basa en que los magistrados consideran que las patologías que presenta “no pueden considerarse una enfermedad muy grave”. Añaden que su seguimiento médico podría llevarse a cabo dentro del centro penitenciario: “Incluso gestionando las interconsultas que deban realizarse con los servicios médicos externo”, se asegura en el auto.