El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado un recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que obliga al Ministerio del Interior a "iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava" incluidas en el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018.

La sentencia de 27 de junio, consultada por Europa Press, atiende a esta demanda por persistir las "disfunciones de carácter salarial" entre Policía Nacional y Guardia Civil con respecto a las policías autonómicas. La Administración puede recurrir en apelación en un plazo de 15 días.

El Acuerdo de Equiparación Salarial fue firmado por el Ministerio del Interior en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy y luego fue ejecutado presupuestariamente, con más de 800 millones de euros en tres años, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y con Fernando Grande-Marlaska de titular de esta cartera.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han señalado que este departamento "seguirá trabajando en la mejora de las condiciones" de policías y guardias civiles, aunque subrayando que en esta legislatura han "completado una subida de sueldo del 38 por ciento de media" para los agentes.

El fallo responde a la demanda de representantes de policías y guardias civiles contra al incumplimiento de dos cláusulas del acuerdo, la tercera y la octava. La primera de ellas recogía el compromiso de destinar cien millones de euros en tres años "para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva al servicio activo".

También consideraban que no se había cumplido la cláusula octava, sobre "medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones".

AUGC y SUP celebran su estrategia común

En un comunicado, AUGC y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han celebrado el éxito de su "estrategia jurídica común" iniciada en octubre de 2021, cuando acudieron a los tribunales ante la "inactividad de la Administración".

Las dos organizaciones avisan de que sería "sonrojante" que el Gobierno "obstaculice el cumplimiento de esta sentencia histórica", de ahí que reclamen que se les convoque de urgencia a una mesa de diálogo y negociación para el cumplimiento de lo ordenado por la Justicia.

La sentencia, cita a AUGC como la parte recurrente en una demandan en la que, en origen, participaron también SUP, UFP y ASESGC, todos ellos también firmantes del acuerdo de marzo de 2018, recuerda que el 27 de enero de 2022 el secretario de Estado de Seguridad acordó inadmitir las solicitudes presentadas por la asociación profesional requiriendo al Consejo de Ministros el cumplimiento de lo previsto en la cláusula octava y tercera del acuerdo de equiparación.

Los representantes de guardias civiles apuntaron que la "inactividad contraria al ordenamiento jurídico por parte del Gobierno suponía la consagración de una situación que está afectando muy negativamente a la plena equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La Audiencia Nacional reconoce que el ministro del Interior no tiene capacidad por sí mismo para desarrollar una ley de retribuciones, aunque sí le corresponde "proponer al Consejo de Ministros la adopción de una medida legislativa con ese contenido".

"La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y guardias y los guardias civiles cuanto antes", señala el fallo, que añade que el Gobierno "sólo se obliga a presentar un proyecto de ley" y, de no salir adelante, "se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes".