En la intrahistoria de las negociaciones de Extremadura, uno de los datos confirmados es que Vox exigió con anterioridad a la ruptura del diálogo previa al pacto ya sellado las carteras de Agricultura y Cultura. Finalmente, los de Ángel Pelayo Gordillo en la región, a falta de que trascienda el nombre del nuevo consejero, dirigirán la cartera de Gestión Forestal y Medio Rural. Unas competencias de nueva creación que irán enfocadas a la gestión de incendios, bosques, infraestructuras del mundo rural y cuestiones como la caza, la pesca y la tauromaquia. En la comparecencia posterior a la firma del pacto, podía observase la satisfacción en el rostro de Gordillo, todo pese a haber conseguido ínfimamente menos de lo que se exigía en un primer momento.

A diferencia de Extremadura, en la Comunidad Valenciana el PP no amarrará las funciones de Agricultura, que sí recaerán en Vox. Una cesión importante por la responsabilidad de la cartera, aunque justificado por la demanda de Carlos Mazón de diez escaños de los ultraconservadores para lograr su ansiada mayoría. Hay que destacar que no será una gestión menor para los de Santiago Abascal: Valencia es la tercera región agrícola más productiva por detrás de Andalucía y Murcia, representando un 8% del PIB. Mayoritariamente cítricos. Vox combinará esa responsabilidad con Justicia y Cultura. Por la primera cartera, el partido tendrá control de la atención integral y individualizada de víctimas de violencia de género, un concepto que se rechaza por "ideológico".

Por su bandera lingüística acérrima con el castellano, Vox pidió en un primer momento Educación en Baleares, pero rebajó sus demandas por igualar Marga Prohens la suma de toda la izquierda y al ver garantizado la defensa del castellano con una Oficina de la Libertad Lingüística. Sí ha habido, sin embargo, una cesión en el ámbito anteriormente mencionado, el agrario. Dentro del encaje particular del territorio insular, Vox gestionará las competencias de Medio Ambiente y Caza en el consell de Mallorca. Pese a ser un rango de gestión 'menor', fuentes relevantes en las islas destacan que es una cesión "importante" que refuerza a Vox.

Con dos negociaciones aún abiertas en Aragón, que podría seguir la línea extremeña con competencias similares, y Murcia, donde a pesar de que Fernando López Miras tiene metido entre ceja y ceja ir a una investidura fallida para intentar retratar un 'no' potencial de Vox junto al de la izquierda [el PP requiere solo dos de los ocho escaños verdes para lograr la absoluta, lo que solo vale un pacto programático, no de coalición defienden los populares], Vox, en declaraciones a este medio, ha recalcado que "lo justo" sería tener funciones en agricultura y agua. Con un interés centrado en el Mar Menor y en una tierra que junto a Almería conforma la huerta de Europa.

Asimismo, la dinámica de atribución de estas funciones se ha replicado en el más de un centenar de pactos de gobierno locales. Ello, junto a la asignación de otras competencias como la seguridad o las políticas de familia en concejalías de nueva conformación o reestructuración.

Reforzar los ejes ideológicos

En su ascenso a la tercera oferta política nacional, Vox ha trabajado y definido varios ejes ideológicos que le han permitido adherir a capas sociales muy plurales del espectro de la derecha. Desde perfiles muy patrióticos con tintes nacionalistas que quieren dureza en las políticas territoriales frente a los nacionalismos periféricos o restricciones en las fronteras, hasta público conservador tradicional que se siente agravado por el 'olvido' y la 'criminalización' de las tradiciones como la tauromaquia, las fiestas populares o la caza. También perfiles vinculados a las tesis más duras de la iglesia católica, como la antiabortista.

Vox ha trabajado y definido varios ejes ideológicos que le han permitido adherir a capas sociales muy plurales del espectro de la derecha"

Una bandera clave en esa progresión de Vox ha sido la antiglobalista, que precisamente converge con el chovinismo y el rechazo de todo lo extranjero frente a lo patrio y la producción nacional. Tesis contrarias a acuerdos supranacionales como el de la Agenda 2030. Este eje programático, desde la crisis del coronavirus y la sucesiva subida de los precios y la inflación, ha podido alinearse con holgura junto a uno de los sectores más afectados por los cambios tecnológicos: el del campo y la producción del sector primario.

A principios de 2020, el campo español se manifestó por el agravio de unos precios en origen bajos, y miraba con especial preocupación –en el caso de los contratadores– la primera subida del SMI a 950 euros por el incremento que supondría en los costes de contratación. En esa protesta estuvo presente Abascal y personalidades de Vox, que pese a cierta bienvenida de integrantes del colectivo, tuvieron que acabar marchándose por el rechazo de otros miembros allí presentes. Se dieron escenas de cierta tensión por el intento de monopolizar políticamente la protesta frente a otros partidos de la oposición como el PP. El sector de los transportistas, posteriormente y por la subida del precio del combustible, también fue objetivo de Vox.

Entonces el campo protestaba contra las políticas económicas hacia el sector del Gobierno de Pedro Sánchez, que tras meses en funciones acababa de reformarse tras las elecciones dando entrada a Unidas Podemos en coalición. Y, combinados con las líneas anti globalistas y enfocadas a movilizar a los perdedores de la cuarta revolución industrial, Vox designaba un culpable: la UE, la cesión de la toma de decisiones a organismos supranacionales y el beneficio a competidores como Marruecos en lo que respecta a las hortalizas, por ejemplo. También las corrientes animalistas, veganas, las políticas de "radicalismo climático" que modifican los métodos de producción o de suministro de agua. Pero sobre todo señalaba al Ejecutivo 'social-comunista' como "cómplice" de ello.

La competencia con el PP por el público vinculado con el mundo rural y catalogado como conservador es clara, aunque, según el CIS, mayoritariamente de centro y centro-derecha en la escala de auto ubicación ideológica de profesionales del sector entrevistados en sus sucesivos barómetros. Lo fue después de un proceso de rodaje de la estrategia, de cara a las elecciones de Castilla y León. Fue una declaración de intenciones utilizar el lema de campaña Siembre con una doble finalidad: poner la semilla del proyecto político y enlazar la prosperidad del territorio con la actividad agraria, con casi diez puntos de peso en la región en cuanto al empleo.

Castilla y León, proyecto piloto de gestión

El requerimiento de pacto con Vox en la comunidad llevó, por la dependencia del PP y al igual que ahora en Valencia, a los de Abascal a gestionar Agricultura. Esa competencia pasó a estar gestionada, dentro de una controvertida coalición de gobierno por las salidas de tono de su vicepresidente Juan García-Gallardo, por Gerardo Dueñas a propuesta de Vox. Este ingeniero agrónomo vinculado a organizaciones como ASAJA ha sido vocal del consejo asesor de Medio Ambiente en la autonomía.

Precisamente en los últimos meses Vox ha sido autor de varias polémicas en la gestión de estas competencias. Al margen de la inflación, ante la sequía que a principios de año ha afectado al sector agrario y derivadamente al ganadero [con pérdidas estimadas de 2.000 millones y un incremento por riesgos en las exportaciones], la respuesta de los de García-Gallardo ha sido ir contra la normativa de Bruselas. Vox flexibilizó el movimiento de ganado por la zona en plena crisis por tuberculosis bovina. Asimismo, se ha planteado en la UE una reforma de la normativa de 2020, porque se considera que "agrava" los problemas del sector, el desarrollo económico y el equilibrio territorial. En el PP castellano y leonés hay descontento por este tipo de decisiones, que creen que les pasarán factura.