Quién será el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dentro de unas semanas es todavía una incógnita. Esto es en lo único que coinciden todas las fuentes consultadas en el órgano, que reconocen que van a iniciar conversaciones estos días para poder amarrar la sustitución de Rafael Mozo que se jubila el próximo 19 de julio. En principio, sería el turno de Vicente Guilarte, pero el vocal todavía no tiene decidido si está dispuesto a dejar su bufete de abogados para estar unos meses al frente del Consejo. El siguiente en la línea de sucesión sería el magistrado Wenceslao Olea a quien el puesto tampoco le resulta atractivo. Y, mientras, se plantean dudas que son inéditas (como tantas desde que este órgano está en funciones hace casi cinco años) como quién presidirá el año de apertura judicial por primera vez sin Carlos Lesmes.

El debate es absolutamente jurídico y se basa en situaciones sobre las que no hay precedentes por lo que las opiniones son diversas y dispares. Mozo adelantó el pleno ordinario de este mes (del día 20 de julio al 19) para organizar formalmente su despedida y dejar el cargo. Tras menos de un año siendo el jefe del CGPJ llega su jubilación y al ser magistrado ya no puede prorrogar más su estancia en la carrera judicial. La controversia que se ha abierto ahora gira en torno a quién es el heredero. Sobre el papel, los vocales firmaron después de la dimisión de Lesmes en octubre que la dirección quedara más del vocal de mayor edad. Acordaron una bicefalia, de forma que al frente del Tribunal Supremo se quedó el magistrado Francisco Marín Castán y al frente del Poder Judicial se asentó Mozo.

Sobre esa regla, Vicente Guilarte sería el sucesor, pero ocurre que él no está seguro de querer el puesto, según confirman distintas fuentes, porque esto conllevaría que tuviera que dejar su cargo en el bufete del que es socio. De hecho, explican, en el pleno de la pasada semana sus compañeros le preguntaron abiertamente y él dijo no estar en condiciones de aclarar nada todavía. Está "escuchando" y "valorando opiniones", revelan.

El escenario que está sobre la mesa contempla soluciones atípicas que pasan por que Guilarte pueda continuar en su despacho de abogados y compaginarlo con la presidencia del CGPJ. Algunas fuentes señalan que no ven "descabellado" que, al tratarse de un presidente suplente y en funciones, el vocal pudiera mantener su trabajo ya que su presidencia se anticipa corta a la espera de que el nuevo Gobierno dé un impulso a la renovación del órgano. Los que sostienen esta posibilidad explican que Guilarte podría no cobrar nada del Consejo, simplemente percibir en dietas las reuniones que presida. No formaría parte, por tanto, de la Comisión Permanente sino que la presidiría como presidente suplente.

Cabe recordar que el propio Mozo dejó de cobrar el sueldo de 151.000 euros brutos anuales que fija la Ley para quien ostenta el cargo de presidente del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. El vocal comenzó percibiendo la misma cantidad que Lesmes, si bien éste sí tenía la doble función de presidencia. A pesar de que la Ley de Presupuestos recoge una sola partida, Mozo decidió renunciar a ella tras desatarse la polémica.

La solución que se maneja para que Guilarte pueda mantener la posición en su bufete es una "locura" para un sector del Consejo. Señalan que precisamente las atribuciones de la Comisión Permanente son incompatibles con cualquier otro cargo (son los vocales están desprovistos de cualquier otra función) porque el legislador buscaba que así se garantizara la independencia.

Olea, el segundo en la cola

De no aceptar el cargo Guilarte, el siguiente en la lista de mayor edad es Wenceslao Olea. Se da la paradoja de que fue este magistrado del Tribunal Supremo el que recurrió la decisión de todos sus compañeros en octubre cuando confirmaron su intención de crear una bicefalia en el Poder Judicial. Olea interpuso recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (a la que él pertenece), pero una vez no prosperaron las medidas cautelares, terminó retirándolo sin que los magistrados examinaran el fondo de la cuestión.

A su juicio, por tanto, no se ajusta a la legalidad que se haya dividido la presidencia y consideraba que Marín Castán (actualmente presidente del Tribunal Supremo) era quien debía de haber ostentado ambas, como defendían los técnicos del CGPJ. De haber sido así este nuevo debate jurídico no se habría abierto.

Olea ha comentado a su núcleo más cercano que no le gustaría presidir el Consejo y dejar su puesto en el Supremo, pero fuentes internas confirman que si la opción de Guilarte se descarta él aceptaría su función constitucional. El tercero en la herencia sería el vocal progresista Álvaro Cuesta.

Otro melón que se abre si Guilarte decidiera no quedarse con la presidencia sería su permanencia en el Consejo. Una parte de los consultados explica que si en el acuerdo firmado en octubre los vocales expresaron que la jefatura debía ser para el de mayor edad, él debería renunciar a su silla en el CGPJ para que pudiera ser Olea presidente. Esto agravaría la situación de precariedad del órgano al que ya le faltan tres vocales y un presidente.

Con la salida de Mozo, el sector progresis queda menguado con 6 vocales. Con Guilarte de presidente los conservadores recuperarían el poder y tendrían 10 miembros, pero su dimisión dejaría el margen más ajustado.

Apertura del año judicial

Mientras tanto, las anomalías continúan sucediéndose y en septiembre, si nada cambia, se dará una más. La apertura del año judicial que tradicionalmente congrega en torno al Rey al fiscal general del Estado y al presidente del CGPJ se espera distinta. Lesmes había presidido hasta ahora todos los actos cumpliendo los primeros años su mandato legal y después sus días en funciones. Pero el pasado año, el magistrado dejó caer en los corrillos con periodistas que sería su último evento porque tenía en mente dimitir si los políticos no se ponían de acuerdo para renovar el Poder Judicial. Cumplió su palabra.

Ahora, con dos presidentes interinos (el del Supremo y el del Consejo) las fuentes consultadas reconocen que hay muchas dudas sobre quién debe sentarse en la mesa. Si lo hiciera el jefe del CGPJ entrante tendría, además, que preparar un discurso con escasas semanas en el cargo. Si por el contrario se decidiera que fuera Marín Castán habría que decidir entonces dónde colocar al presidente del Consejo.