Escribieron insultos en la calle de su casa, pintaron las paredes de la puerta de su vivienda, presentaron una denuncia contra él en los juzgados belgas, le han recusado en innumerables ocasiones alegando animadversión e, incluso, han criticado su calidad como penalista. El independentismo lleva años instalado en la contienda contra el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, pero la última decisión de la justicia europea sobre retirar la inmunidad al expresident Carles Puigdemont vuelve a dar la razón al juez español. Paso a paso, Llarena ha ido ganando cada batalla en los tribunales de Europa y seis años después está más cerca de poder enviar a juicio a los líderes soberanistas fugados.

Llarena (Burgos, 1963) llegó al Tribunal Supremo en enero de 2016 y un escaso año después cayó en sus manos uno casos más complejos de la democracia española. Había que enjuiciar a los organizadores del referéndum del 1-0 y él era el encargado de la instrucción. El 30 de octubre de 2017, Puigdemont puso rumbo a Bruselas en un viaje clandestino y tres días después el magistrado de la Sala de lo Penal emitió la primera euroorden contra él para que fuera detenido. Empezó entonces el periplo en la justicia comunitaria en un asunto sin precedentes.

El líder de Junts se entregó en Bélgica, pero allí habían denegado la extradición del exconseller catalán Lluís Puig por dos razones: que España no presentaba garantías suficientes y que el Tribunal Supremo no era competente para enjuiciar un asunto como el procés que había sucedido en Cataluña (debían ser los jueces del territorio catalán). Comenzó entonces la andanza europea de los escritos de Llarena que requerían de una figura técnica muy depurada y un gran conocimiento del Derecho comunitario.

Primero, preguntando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si los belgas podían negarse con estas razones. No, respondieron los jueces europeos. Bélgica no puede entrar a valorar la jurisdicción española y, además, no puede rechazar una entrega a no ser que en ese Estado existan "deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial", aclararon. Despejado este camino en favor del juez del Supremo, llegaba la siguiente partida: no podía actuar contra los independentistas en su calidad de europarlamentarios mientras mantuvieran la inmunidad.

Así, tramitó el suplicatorio, la petición para que les retiraran el blindaje en virtud de que tenían asuntos pendientes con la Justicia española. El Parlamento Europeo quitó la inmunidad tanto a Puigdemont como a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, pero un nuevo recurso dejó la situación estancada. Este miércoles se aclaró esta primera jugada y, de nuevo, es un espaldarazo a la decisión de Llarena. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictamina que la inmunidad estuvo bien retirada. Así las cosas, el letrado de Puigdemont ha anunciado que aún queda partido porque pueden presentar un último recurso.

¿Qué puede ocurrir ahora? El magistrado de la Sala de lo Penal puede no esperar a que este recurso esté formalizado y si la Fiscalía pidiera que se reactivara la euroorden él podría tramitarla, explican fuentes jurídicas. Hasta tres órdenes de detención distintas ha solicitado el Ministerio Público y esta vez, removidos los obstáculos, irían dirigidas a arrestar a Comín, Puig y Puigdemont, no así a Ponsatí a quien no se le puede requerir de esta forma puesto que su procesamiento no conlleva pena de cárcel.

Con la eliminación de la sedición, Ponsatí está procesada únicamente por desobediencia (posible condena de multa) y una euroorden sólo puede activarse si la pena que espera al acusado en el país de origen es mayor a tres años de cárcel.

Mientras, las defensas de los independentistas sostienen que sería necesario un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo y que el nuevo recurso (esta vez ante el TJUE) podría devolver la inmunidad a Puigdemont nuevamente de forma cautelar. Una cuestión de plazos en las que algunas fuentes comentan que el proceso puede volver a alargarse unos meses.

Pintadas en su casa y denuncias contra él

La decisión final recaería, de nuevo, en el tribunal de Bélgica que podría volver a denegar la entrega pero, esta vez, con motivos distintos a los que urdió en su momento. Por su parte, la Justicia belga ya archivó en 2020 una demanda que Puigdemont presentó contra Llarena por haber emitido, según los independentistas, "opiniones personales" que lo deslegitimaban para perseguirlos penalmente.

El juez lleva años perseguido por grupos independentistas. En noviembre de 2018, miembros encapuchados de Arran -organización juvenil vinculada a la CUP- lanzaron cubos de pintura amarilla (color del independentismo) contra la puerta de la casa del togado en Sat Cugat. Al año siguiente, en su casa apareció 'Llarena FDP' siglas en catalán de "fill de puta" (hijo de puta). El muro del edificio fue decorado con un lazo rojo. El Ministerio del Interior tuvo que colocarle escoltas.

Todo este tiempo, el magistrado se ha cuidado mucho de hacer declaraciones o de sobreexponerse mediáticamente para que nada afectara en el procedimiento. Aun así ha sido recusado en varias ocasiones, una de ellas por haber recibido un premio de una asociación que había mostrado proclamas contra el independentismo. Ninguno de los intentos por apartar al instructor del procés han proliferado.