Los fiscales del procés se han reunido este jueves para tomar una decisión sobre qué hacer tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). La idea pasa por volver a pedir al juez Pablo Llarena que solicite una nueva euroorden para arrestar al expresident catalán Carles Puigdemont, según confirman fuentes fiscales, si bien todavía deben analizar a fondo la sentencia que ha eliminado la inmunidad al líder independentista. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hablado con algunos de los fiscales que lideraron el juicio por el referéndum del 1-0 y les ha expresado que tienen libertad para trabajar bajo su criterio.

Los miembros del Ministerio Público estudian ya la sentencia del TGUE, según distintas fuentes fiscales a El Independiente. El primer consenso estos días está en analizar bien qué han plasmado los jueces europeos sobre la retirada de la protección parlamentaria que pesaba sobre Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí y Toní Comín. Los plazos no han quedado marcados porque están a resultas de saber si la defensa del expresident interpone un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si bien citadas fuentes remarcan que no es necesario esperar a que dicho recurso se resuelva.

Los fiscales pueden actuar antes porque sobre el líder de Junts ya no pesa ningún blindaje actualmente y la única forma de frenarlo sería que el TJUE pusiera nuevamente la protección como medida cautelar. Pero si la medida cautelar no prospera, el trámite del recurso en sí no puede paralizar que la euroorden se cumpla, concretan fuentes jurídicas. Así las cosas, cuando el Ministerio Público presente su escrito, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena podría cursar la petición de arresto en cualquier momento para que eventualmente Bélgica decidiera si entrega a Puigdemont para ser juzgado en España.

El Minsiterio fiscal sólo puede pedir la detención de Puigdemont, Comín y también el exconseller Lluís Puig, no así de Ponsatí puesto que su procesamiento es únicamente por desobediencia que no implica cárcel. Tras la reforma del Código Penal del Gobierno y la eliminación del delito de sedición, Llarena tuvo que cambiar los delitos por los que estaban procesados los líderes independentistas que quedan por juzgar. La petición de Puigdemont fue modificada y sin la sedición el juez introdujo la desobediencia, pero la petición de penas altas se sostiene porque la malversación se encaja en su tipo más grave.

Una vez la euroorden sea tramitada la devolución de Puigdemont a la Justicia española no es inmediata. El asunto debe volver a pasar por los tribunales belgas que podrían negarse nuevamente a entregar al expresident, pero de hacerlo tendría que ser con argumentos nuevos a los que utilizó en su momento con Puig porque ya el TJUE resolvió sobre eso y dio la razón al magistrado español. En cualquier caso, las fuentes jurídicas consultadas señalan que el escenario ha cambiado porque la petición de Puigmont ya no es por sedición sino por malversación, un delito totalmente homologable en el resto de códigos penales europeos.

Los jueces del tribunal con sede en Luxemburgo hicieron pública esta semana la sentencia que dictaminó que la inmunidad del expresident estuvo bien retirada por el Parlamento Europeo. Los políticos comunitarios quitaron esta protección después de un suplicatorio que tramitó Llarena. Fuentes de la defensa del líder catalán señalan que este trámte debe volver a hacerse y, de ser así, el enredo jurídico volvería a prolongarse, sin embargo, fuentes jurídicas exponen que con el suplicatorio que se hizo en su momento y la decisión del TGUE el camino ya es totalmente llano para que Puigdemont sea detenido.