El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acaba de acordar el archivo de la causa abierta por el spyware Pegasus en los móviles del  presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. El magistrado reseña la falta de cooperación "absoluta" de Israel que no ha contestado a ninguna pregunta para esclarecer quién estuvo detrás de la infección de los móviles de parte del Gobierno en 2021.

El titular del Juzgado de instrucción número 4 acuerda el sobreseimiento de forma provisional lo que quiere decir que si aparecieran nuevas pruebas la causa podría reabrirse. El hecho de que Israel, país de origen de la empresa NSO que vende el software espía, no contestara a la comisión rogatoria con la petición de información había llevado a la investigación a un callejón sin salida, como informó este periódico.

Cinco infecciones en el móvil de Sánchez y cuatro en el de Robles

El juez indica en su resolución que la entrada en el teléfono móvil del presidente del Gobierno se produjo en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se han detectado como dañinos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información “exfiltrada” entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 GB. La segunda se detectó el 31 de mayo y la información “exfiltrada” fue de 130 MB.

En cuanto a la ministra de Defensa, el juez aclara que su móvil fue intervenido cuatro veces distintas entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año.

Los dispositivos fueron analizados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) -organismo dependiente del CNI- pero las herramientas técnicas no permitieron determinar la autoría de estas infecciones. Aquí estaba el reto para el juzgado y lo que se hizo fue dirigir una petición de información a Israel para que declarara como testigo el CEO de la empresa dueña de 'Pegasus'. "Transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatorio no se ha recibido respuesta alguna", muestra el magistrado en su escrito de archivo. "Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel", reprocha Calama.

Impotencia investigadora

El juez habla de "impotencia investigadora" que le impide conocer la realidad de lo sucedido. “Llegados a este punto, este órgano jurisdiccional poco o nada puede hacer para el cumplimiento de la comisión rogatoria de referencia y, por ende, para que la presente investigación avance. Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación", revela el magistrado dejando la pelota en manos del Ejecutivo.

El instructor considera que los hechos investigados pueden enmarcarse en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que salvaguardan espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, unos delitos que para el magistrado “han puesto en jaque la propia seguridad del Estado”