Amnistía Internacional denuncia que el archivo de la causa dictada esta semana por la Audiencia Nacional sobre la investigación del espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros es un síntoma de "la impunidad que rodea el uso indebido de los programas espías y de la tecnología de cibervigilancia" y pide que esta tecnología sea declarada ilegal.
“Esta manifiesta falta de cooperación por parte de las autoridades israelíes con la investigación penal española es sintomática de la impunidad que rodea el uso indebido de los programas espías y de la tecnología de cibervigilancia", subraya Donncha Ó Cearbhaill, director del Laboratorio sobre Seguridad de Amnesty Tech. Según la organización de derechos humanos, el hecho de que las autoridades israelíes ni siquiera hayan respondido al máximo órgano judicial penal español sobre un caso el que se proyecta la sombra de Marruecos muestra la total insuficiencia de unas supuestas vías de reparación en relación con violaciones de derechos cometidas por la industria de los programas espías.
En el auto se mencionan los requerimientos enviados a Tel Aviv. A los pocos meses de abrir la investigación en la Audiencia Nacional, el juez acordó librar una comisión rogatoria (un documento con preguntas para la colaboración judicial entre países) a Israel. La idea era que la empresa NSO Group, propietaria del software espía, explicara cómo funcionaba el programa.
"A qué tipo de comprador está permitida la adquisición de este software de interceptación", preguntó el magistrado en esa ristra de cuestiones. Quería saber si en el contrato de compraventa que se hace se estipula qué uso hay que darle al programa y si una vez está en manos del comprador existe algún tipo de control por parte de la empresa. Calama quiso indagar también en si la empresa tenía capacidad de averiguar si alguno de los compradores había hecho mal uso, o si los compradores deben reportar de algún modo la utilización que hacen. "A quién o quiénes se ha vendido este producto en España hasta la presente fecha", cerró su cuestionario el togado.
Ninguno de los diez puntos fue contestado a pesar de que el juez requirió en cuatro ocasiones distinta una respuesta. El documento de archivo sostiene que "este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel".
Mano dura con la vigilancia ilegal
Desde Amnistía se cita esta absoluta falta de cooperación como señal del "planteamiento deficiente y permisivo hacia la regulación internacional de los sistemas de cibervigilancia". "Los Estados, incluidos los de la Unión Europea, no deben permitir que las empresas exporten libremente estas tecnologías potencialmente perniciosas por el mundo y eludan toda responsabilidad después, cuando se hace un uso indebido, peligroso e ilegal de ellas", recalcan.
Según la organización, que investigó el espionaje con Pegasus a cientos de personalidades de todo el mundo, "este tipo de programa espía altamente invasivo representa un peligro real para la privacidad y la seguridad de cualquier persona y que se ha convertido en el arma preferida de los gobiernos que tratan de silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo innumerables vidas en peligro". "Debe ser declarado ilegal ya”, reclama Amnistía.
La vigilancia selectiva ilegítima, recuerda la organización, viola el derecho a la privacidad y puede dar lugar a violaciones de muchos otros derechos humanos, entre ellos los relativos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El presidente estadounidense Joe Biden tomó en marzo una primera medida significativa para abordar la crisis de programas espía al firmar una orden ejecutiva que limita el uso por el gobierno estadounidense de tecnología de software espía comercial. Según Amnistía, el gobierno estadounidense y los gobiernos de todo el mundo deben ir más allá y prohibir los programas espía altamente invasivos, es decir, aquéllos que tienen funciones que no pueden limitarse y cuyo uso no se puede auditar de forma independiente.
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