Para esclarecer la investigación de un crimen a veces es útil buscar contexto. Saber qué situación económica pasaba el autor, qué perfil tenían las víctimas o qué interés pudo haber movido al responsable y, en ocasiones, aunque no haya ADN como prueba irrefutable, el resto del puzle conduce al culpable. En la causa sobre 'Pegasus' que se seguía en la Audiencia Nacional el crimen fue la intrusión del spyware en el móvil de miembros del Gobierno. El contexto meridianamente claro, sin embargo, no parece haber llegado al autor de un virus que terminó en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Agricultura, Luis Planas y que afectó, en palabras del juez, a la Seguridad del Estado.

En el decreto de archivo provisional de este lunes, el magistrado José Luis Calama señala que ha llegado a un punto de "impotencia investigadora" al no haber podido identificar a los autores del hackeo. Una de las hipótesis que se barajó desde el inicio fue la de la autoría de Marruecos por su historial en el que también se adujo que estaba tras espionaje al presidente francés, Emmanuel Macron.

El país en el que reina Mohamed VI siempre lo ha negado, pero incluso la misión europea que vino a España en marzo de 2023 para analizar el asunto de 'Pegasus' señaló que era "plausible" que Rabat estuviera detrás. "Los interlocutores con los que nos hemos reunido en nuestra misión, incluso se han negado a hacer comentarios al respecto sobre posible participación o las conexiones con Marruecos por miedo a represalias. Y creo que eso para mí lo hace plausible precisamente", defendió el eurodiputado y presidente de la comisión Jeroen Lenaars en rueda de prensa.

Los hitos del espionaje

Según el análisis del Centro Criptológico Nacional (CCN) a los teléfonos, el primer spyware dentro del dispositivo de Sánchez se detectó el 13 de octubre de 2020. En ese momento España lidiaba con los coletazos del coronavirus y la crisis diplomática todavía no se había desatado. En el escrito de la Audiencia Nacional no se especifica en ningún caso qué correos o usuarios estuvieron tras el 'Pegasus' a Sánchez, cosa que sí plasma el juez en el caso de Marlaska y Robles.

El día 18 de abril de 2021 el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aterrizó en Zaragoza para ser tratado de covid-19 en el hospital de La Rioja. La noticia no trascendió y, según indican distintas fuentes, los servicios de inteligencia marroquíes no se enteraron hasta semanas después. Fue entonces cuando comenzó un grave desequilibrio entre países fronterizos que derivó en una de las mayores crisis migratorias que se recuerdan en Ceuta. En algo más de 24 horas unos 10.000 subsaharianos entraron por las fronteras ante la permisiva mirada de Rabat.

La Audiencia Nacional asevera que no se ha podido determinar quién está detrás de los ataques con 'Pegasus', pero es justo en este periodo entre mayo y junio de 2021 cuando se produce la traca de hackeos en los móviles. En algo más de un mes se detectaron tres en el de Sánchez, cuatro en el de Robles y dos en el de Marlaska. El 18 de mayo el juez Santiago Pedraz al conocer que Ghali estaba en territorio español reabrió una causa por genocidio contra él que se mantenía adormecida en el juzgado mientras el polisario estaba fuera. La entrada más grave de migrantes había sucedido en esas 48 horas previas. Un día después un 'Pegasus' entró en el dispositivo de Sánchez.

El 1 de junio de 2021, Ghali declaró desde el hospital por videoconferencia. Todas las miradas estaban puestas en si el juez Pedraz impondría medidas cautelares como retirarle el pasaporte para evitar que abandonara España. El líder polisiario dijoestar a disposición de la Justicia, pero el togado lo dejó libre. El 2 de junio Ghali regresó en un vuelo a Argelia. Ese mismo día un 'Pegasus' interceptó el móvil de Marlaska.

Los días posteriores se siguieron sucediendo una batería de haqueos de los dispositivos de los dos ministros que controlan la seguridad del Estado y del presidente. El 12 de junio a Sánchez; el 5, 10, 18 y 23 junio a Roobles: y el 7 de junio a Marlaska.

El Gobierno destituyó a la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, que gestionó la ayuda humanitaria a Ghali, el 10 de julio de 2021 en una amplia remodelación que Sánchez hizo a su Ejecutivo. Según lo publicado por El Confidencial, el 2 de julio de 2021, en plena crisis hispano-marroquí, tuvo lugar en Rabat una reunión secreta entre una delegación española, encabezada por el embajador de España, Ricardo Díez-Hochleitner, y su homóloga marroquí en Madrid, Karima Benyaich. Fue allí donde le pidieron la cabeza de Laya.

La propia exministra reconoció que ella también había sido víctima de "escuchas telefónicas" y Moncloa terminó reconociendo en 2022, cuando revelarían todos los ataques con 'Pegasus' que un año antes Laya había sido otra de las víctimas del espionaje.

España cambió su posición con respecto al Sáhara el 18 de marzo de 2022. Un giro histórico del que a día de hoy el líder de la oposición Alberto Nuñez Feijóo todavía le sigue afeando. Se pregunta el jefe del PP qué dio Sánchez a cambio de este cambio de rumbo en favor de una reclamación muy antigua de Marruecos.

Los afectados no han colaborado

El ahora ministro de la Presidencia Félix Bolaños compareció ante los medios en mayo de 2022 para reconocer que había existido una fractura de seguridad en los móviles y que procedían a interponer una denuncia a través de la Abogacía del Estado. Lo hacían en plena crisis con sus socios independentistas en el Congreso cuando se descubrió que el CNI había utilizado 'Pegasus' para espiar, entre otros, al president Pere Aragonès.

La abogada del Estado presentó la querella por revelación de secretos, sin embargo, los miembros del Gobierno no ayudaron demasiado a esclarecer lo sucedido, según se desprende del auto del juez Calama. Citó primero a Bolaños a declarar y éste pidió que fuera por escrito (como ministro la ley lo permite). El magistrado le ofreció entonces que lo hiciera por videoconferencia para poder conducir los matices de la comunicación de forma más efectiva. "El referido testigo [Bolaños] dejó precluir el indicado plazo sin efectuar manifestación alguna al respecto. Tal postura condujo a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida", reprocha Calama.

Exactamente lo mismo sucedió con Robles y con Marlaska. Ninguno quiso acudir presencialmente ni apostó por la opción del vídeo. Fuentes de la investigación aseguran que la mayor aportación en la causa la hizo la que fuera directora del CNI Paz Esteban que sí que acudió ante el juez y pasó varias horas testificando.

El magistrado centra su escrito de archivo en la falta de colaboración de Israel, país al que pertenece la empresa dueña del software espía, si bien deja algunos recados para el Ejecutivo. "Llegados a este punto, este órgano jurisdiccional poco o nada puede hacer para el cumplimiento de la comisión rogatoria de referencia y, por ende, para que la presente investigación avance", dice en referencia a la no contestación de la administración israelí. "Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito de investigación", coloca en su mensaje Calama.