El papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la investigación sobre el asunto de 'Pegasus' tuvo que escribirse entre la delgada línea de jerarquía del Gobierno y el deber de respuesta a la autoridad judicial competente. En este caso, la Audiencia Nacional. El juez de este órgano revela que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no vio necesario desclasificar documentos porque no contenían elementos reservados para la Seguridad del Estado.

Una semana después de haber iniciado la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordó pedir al Consejo de Ministros "con carácter urgente" que desclasificara el contenido completo de los informes realizados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del CNI- el 30 de abril de 2022 sobre los móviles de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habían detectado el spyware de origen israelí.

En concreto, el análisis se hizo desde el CCN-CERT que es la capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de la información y que fue creado en 2006 como CERT Gubernamental Nacional. Su misión, según indican en la web del Centro de Inteligencia, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y de respuesta nacional cuya competencia se centra en la gestión de cualquier ciberincidente que afecte a un "organismo o empresa pública".

Calama también pidió conocer qué información se había exfiltrado de los móviles gubernamentales y que se autiorizara a la entonces directora del CNI Paz Esteban y al funcionario del CCN 7613 para declarar sobre los citados informes. Dieciséis días después, el Ejecutivo a través del Secretario General Técnico señaló que sí habilitaban a los trabajadores de Inteligencia a declarar, pero sobre los informes señalaron que ya se habían entregado junto a la denuncia que había interpuesto la Abogacía del Estado y que no estaban "clasificados expresamente ni como secretos ni como reservados".

La secretaria de Estado y directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, interviene en el acto de agradecimiento al trabajo realizado por el Foro Nacional de Ciberseguridad, en el Complejo de la Moncloa, a 9 de marzo de 2022. | EUROPA PRESS

El juez insistió. El 28 de julio de 2022, una vez ya había escuchado a Esteban, volvió a emitir un suplicatorio al Consejo de Ministros esta vez para recibir la declaración de la ministra de Defensa y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y para que estos pudieran hablar con libertad de materias relativas a informaciones reservadas, haciendo mención a la Ley sobre secretos oficiales.

El presente caso ha puesto en jaque la seguridad del Estado"

El juez José Luis Calama

Fue entonces cuando el órgano de ministros dijo que no había nada que desclasificar. El 24 de agosto de 2022 contestaron: "No proceder a la desclasificación de acto, documento, información, dato ni objeto alguno, toda vez que: a) En relación a los hechos investigados, los informes realizados por el CNI no contienen elemento alguno que se encuentre clacificado ni como secreto ni como reservado, pues se trata de documentos cuyo contenido no compromete la seguridad del Estado, ni las fuentes, ni medios y procedimientos del Centro Nacional de Inteligencia".

Igualmente, el escrito vuelve a hacer mención a los informes sobre los móviles de los ministros y dicen que no hay nada reservado en ellos: "b) Estas mismas circunstancias concurren también en los informes CCN-CERT [IT-31/22 'Análisis dispositivo móvil ministra de Defensa' y CCN-CERT IT-32/22 'Análisis dispositivo móvil ministro del Interior (móvil personal)'"). Fuentes conocedoras de la inteligencia muestran su sorporesa porque el Gobierno considere que la información que afecta a los dispositivos de los miembros del Estado y la brecha de seguridad que en ellos se generó no tenga al menos algo de carácter secreto.

Toda vez que es el propio juez quien reconoce en su escrito de archivo la materia sensible de la investigación. "No hay duda alguna que, de constatarse los hechos objetos de la denuncia expuestos en el fundamento de derecho primero, podrían ser constitutivos de alguno de los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos [...] que en el presente caso ha puesto en jaque la propia seguridad del Estado", dejó por escrito Calama esta semana.