La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado formalmente al instructor Pablo Llarena que emita una euroorden para detener al expresident Carles Puigdemont quien ahora mismo no goza de la inmunidad como europarlamentaria en Bruselas. Los fiscales del procés han pedido igualmente que se emita una orden de busca y captura internacional para el líder de Junts solo un día después de las elecciones, según han confirmado fuentes fiscales.

Además, el Ministerio Fiscal interesa que nuevamente se acuerde por el instructor la busca y captura e ingreso en prisión no sólo de Carles Puigdemont, sino también del exconseller Antoni Comín por los delitos de malversación y desobediencia por su participación en el reférendum ilegal del 1-0 en 2017.

Esta petición se produce tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del pasado 5 de julio de 2023 que retiró la inmunidad de ambos europarlamentarios. Tras esta victoria para las pretensiones del Tribunal Supremo en Europa los fiscales estaban analizando al detalle el escrito y se inclinaban por volver a pedir una euroorden, como avanzó El Independiente. Este lunes se ha materializado.

Aunque la sentencia del TGUE puede ser recurrida en casación -y el abogado del expresident Gonzalo Boye ya anunciado que lo hará- ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), las fuentes fiscales concretan que el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos -huidos de la justicia y en rebeldía- la Fiscalía considera que se puede proceder a su detención.

El escrito que firman los fiscales de Sala Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena recuerda, de hecho, que el artículo 60 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone expresamente que "el recurso de casación no tendrá efecto suspensivo". Por eso, dicen, "resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos".

Puigdemont se ha referido en un tuit a esta decisión: "Un día eres decisivo para formar el gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto".

El juez Llarena recalificó los delitos por los que les acusa (después de que el Gobierno eliminara del Código Penal la sendición a principio de año) en un auto del pasado 12 de enero de 2023 y desde entonces cualquier paso más que diera dependía de en qué sentido se pronunciara el TGUE.

Los fugados se enfrentan ahora a malversación (artículo 432 del CP) y desobediencia y como por el primero de los delitos la pena es elevada, en base a la cuantía malversada para el referéndum de independiencia, y las penas podrían estar entre los 6 y los 12 años de prisión, esto permite el magistrado poder emitir una orden de detención y que la Justicia belga, en principio, acceda a entregar al expresident.

En mayo de 2019, Puigdemont y Comín adquirieron la condición de diputados del Parlamento Europeo y desde entonces se habían librado de la detención en base a la inmunidad parlamentaria que los recubría. El instructor Llarena solicitó en un suplicatorio que se les eliminara esta protección y el Europarlamento accedió por lo que él recurrió a los tribunales. El entuerto se resolvió en julio cuando el TGUE dio la razón a cómo había procedido la cámara comunitaria.