El 30 de octubre de 2017, Carles Puigdemont puso rumbo a Bruselas en un viaje clandestino y, un día después, la Fiscalía General del Estado se querella contra él y su Govern por rebelión, sedición y malversación. Seis años después, su situación procesal ha cambiado bastante, pero su espacio mediático y político es casi más decisivo que nunca. El partido que fundó es hoy llave de Gobierno tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y él, desde el exilio, planea dar la batalla.

¿De qué delitos está acusado Puigdemont?

La primera querella se interpuso por rebelión, sedición y malversación. El primer delito, el de rebelión decayó cuando terminó el juicio del procés. A pesar de que la Fiscalía mantuvo -mientras que la Abogacía del Estado lo retiró- que en las fechas del referéndum del 1-0 se produjo rebelión ("los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución"), la Sala de lo Penal no vio del todo clara la violencia y, por eso, optó por la sedición y la malversación.

El hecho de que los líderes que sí se sentaron en el banquillo como Oriol Junqueras no fueran condenados a rebelión hacía imposible que, por precedente, Puigdemont lo fuera. Así que el juez instructor Pablo Llarena modificó el procesamiento una primera vez.

Lo hizo por segunda vez el pasado mes de enero de 2023 cuando el Gobierno eliminó del catálogo de delitos el de sedición. Entonces, Llarena dejó la acusación en desobediencia y malversación.

¿Por qué él no ha sido juzgado?

El Tribunal Supremo condenó en 2019 a nueve líderes independentistas por los hechos sucedidos en Cataluña en el otoño del 2017 en el marco del proceso secesionista. Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta, la pena más alta. Le siguieron con 12 años Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Con penas algo más baja completan la lista la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Lo que ocurrió con Puigdemont es que nunca más volvió a pisar España y ni siquiera se ha celebrado juicio contra él. Su causa sigue en la primera fase, en la instrucción. Tanto él como los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig permanecen fugados de la Justicia española.

¿Qué puede hacer el Tribunal Supremo para traerle a España?

El juez Llarena ha ido paso a paso tirando del hilo para atraer hacia el banquillo a Puigdemont, pero los obstáculos en Europa han sido varios y sobre todo se han dilatado mucho en el tiempo. Si bien ahora el nudo está cerca de deshacerse.

Puigdemont se mudó a Bélgica y fue a ese país a quien el juez Llarena solicitó cooperación. Pero los jueces belgas denegaron su entrega (la de Puig en este caso, pero por extensión valía para los demás) porque consideraban que el Supremo no era quien tenía que juzgar a los líderes independentistas y que, además, el delito por el que se perseguía era político. Tras una lucha en los tribunales europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a España y dijo que las autoridades belgas no podían denegar la entrega por esos motivos.

La pelea se inició entonces en el europarlamento. En ese tiempo perdido, tanto Puigdemont como Comín lograron actas de eurodiputados y con ellas la inmunidad. Llarena cursó un suplicatorio para que les retiraran esta protección habida cuenta de que en España tenían cuentas pendientes. La cámara europea les retiró la inmunidad y el último fleco que quedaba pendiente se solucionó a principio de este mes de julio cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avaló esa retirada inmunitaria.

¿Qué ha solicitado ahora la Fiscalía?

Una vez allanado el camino, los cuatro fiscales del procés debían pedir formalmente al instructor que volviera a cursar la orden de detención y entrega para Puigdemont que estaba dormida a la espera de que todos estos asuntos jurídicos se resolvieran. Este lunes, la Fiscalía del Tribunal Supremo hizo lo que ya se intuía y ahora Llarena debe volver a cursar la euroorden porque, a pesar de que Puigdemont todavía puede intentar un recurso más, el hecho de recurrir en una última instancia ya no es paralizante.

¿Qué escenarios se han abierto sobre su entrega?

Fuentes del Alto Tribunal indican que Llarena aceptará reactivar la euroorden para que el tribunal de Bélgica ordene detener al expresident catalán y lo extradite. En principio, las autoridades belgas ya no pueden negarse a entregarlo, al menos no con los motivos que lo hicieron hace unos años. Tendrían que buscar nuevos argumentos añadiendo, además, que el delito por el que se les persigue ya no es la sedición (que consideraron político) sino la malversación de caudales públicos que quedó acreditada en la sentencia del procés. Citadas fuentes jurídicas recelan de que esta vez el país europeo se niegue a entregar los fugados.

Una vez llegara a España, Puigdemont tendría que ponerse a disposición del juez Llarena.

¿Qué pasa si Puigdemont vuelve a España antes de que la Justicia belga decida?

En principio, desde el momento en el que el expresident pusiera un pie en cualquier territorio español podría ser también arrestado porque hay activa una orden de detención nacional. Si le detuvieran igualmente la Policía lo pondría a disposición del Tribunal Supremo que decidiría sobre su libertad.

¿Puede Llarena enviarlo a prisión provisional?

Es una de las opciones que, sin duda, se barajan. El juez Llarena ha ordenado detener a Clara Ponsatí quien se ha paseado por Cataluña esta semana pesando sobre ella una orden de arresto. Sin embargo, una vez la exconsellera ha declarado, el magistrado ha decidido ponerla en libertad. Ocurre que su caso es distinto porque habiendo decaído la sedición, Ponsatí solo se enfrenta a una pena de multa por lo que la prisión provisional para ella no es posible por mucho riesgo de fuga que exista.

El caso de Puigdemont es distinto porque las penas a las que se enfrenta él son mucho más altas, similares a los 13 años de cárcel que afrontó Junqueras. Llarena podría tomarle declaración y luego dejarlo en libertad, si bien también podría enviarlo a provisional alegando riesgo de fuga.

¿Es posible el indulto para Puigdemont?

Después de haber sido juzgado y, previsiblemente, condenado el Gobierno también podría aplicar el indulto sobre Puigdemont como hizo con el resto de líderes del procés. Con una reedición del Ejecutivo de izquierdas este escenario no es difícil de imaginar ya que el equipo de Pedro Sánchez aplicó esta medida de gracia a pesar de los informes negativos del tribunal sentenciador. El indulto se hizo sobre la pena de prisión y Junquera y compañía cumplieron sólo una pequeña parte de su condena.

Para Puigdemont podría ocurrir lo mismo, aunque la inhabilitación iría por otra vía. El indulto que se ha practicado hasta este momento es parcial, por lo que Junqueras por ejemplo mantiene su pena de inhabilitación para presentarse a unas nuevas elecciones y tendrá que cumplirla entera (13 años). Cuanto más tarde sea sentenciado el líder de Junts más tiempo tendrá que esperar para volver a participar en política si así lo desea.

¿Y la amnistía?

Los líderes soberanistas siempre han solicitado la amnistía en lugar del indulto. Mientras que el segundo es una medida de gracia que se concede de forma individual y por razones de equidad, el segundo es un ejercicio de gracia que corresponde a los poderes públicos y que "tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción".

Con una amnistía se extingue cualquier responsabilidad de los autores y legalmente supone el olvido de todo lo que han hecho. Una figura jurídica que, en este caso, parece mucho menos probable y que el Gobierno nunca ha puesto encima de la mesa.